La inmigración plantea un grave problema para los Estados Unidos de América. Por un lado, la economía necesita de personas indocumentadas para operar, particularmente en los estados que tienen un borde fronterizo con México. Por otro lado, entrar ilegalmente al país es un crimen, de acuerdo a las leyes estatales y federales. Por lo tanto, el país—a la misma vez—necesita y rechaza a la fuerza laboral indocumentada.

El problema no es nuevo. Hace más de 15 años que pasé por el Centro de Detención para personas indocumentadas adultas—conocido como “El Corralón”—cerca de Brownsville, TX. Además, pasé por el Centro de Detención para la niñez indocumentada, en Los Fresnos, TX. Por lo tanto, si la práctica de separar a los niños y a las niñas de sus padres y sus madres no es nueva, ¿por qué se ha convertido en una crisis ahora?

La diferencia estriba en el hecho de que las autoridades federales tienen una nueva iniciativa de “cero tolerancia” ante la inmigración ilegal. Esto quiere decir que están tratando a todas las personas que entran de manera irregular al país como criminales. Hasta principios de este año, la práctica del Departamento Federal de Inmigración & Aduana (US Immigration & Customs Enforcement o ICE) establecía una diferencia entre los verdaderos “criminales” y las familias de braceros que venían en búsqueda de seguridad y empleo. Los ladrones, asesinos, pandilleros, proxenetas y traficantes eran procesados criminalmente, como es correcto. Pero las familias que entraban al país ilegalmente eran tratadas de otra manera.

En los pasados días, voceros del gobierno federal están recalcando que entrar ilegalmente al país es un crimen. Eso es cierto. Lo que no dicen es que es un “delito federal menos grave” (en inglés, un “misdeamenor”) tipo B. Está en la misma categoría del robo de mercancía con un costo de $500 o menos. La pena máxima es de 180 días de cárcel, $2,000 de fianza y hasta 3 años de libertad bajo palabra. Empero, la mayor parte de las personas acusadas y procesadas por este tipo de delito no pasan más de dos días en la cárcel.

Por lo tanto, el punto que debemos debatir es cómo tratar a esas familias inmigrantes compuestas por personas honestas que vienen buscando trabajo o asilo. La ley de los Estados Unidos le da el derecho a cada persona a presentar su caso en una vista judicial ante el gobierno federal. Eso no está en discusión. Lo que sí está en discusión es qué hacer con esas familias mientras esperan su turno para presentar su petición de asilo.

En el mejor de los mundos, el gobierno haría la vista inmediatamente, decidiendo en el acto si la familia puede permanecer en el país. Sin embargo, el sistema judicial no funciona de esa manera. Por lo regular, el proceso judicial dura entre 18 meses a dos años, aunque los casos de algunas de mis amistades han tomado hasta cuatro o cinco años. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene cortes y jueces suficientes para ver todos esos casos. Además, la mayor parte de los casos no se deciden en una sola vista. Y, por encima de todas estas consideraciones, las cortes saben que la inmensa mayoría de estas personas inmigrantes no son criminales, sino obreros que la economía del país necesita para funcionar adecuadamente.

Si es imposible considerar sus peticiones de asilo inmediatamente, ¿qué debe hacer el gobierno federal con la gente que está esperando turno para su vista de inmigración? Las opciones son pocas.

1. Evitar que entren al país para pedir asilo. Esto está pasando hoy en Matamoros, Tamaulipas, MX, donde la guardia fronteriza está impidiendo que la gente llegue a la Garita para presentar su petición. Del mismo modo, en otros puntos de entrada no están aceptando peticiones de asilo, argumentando que hay demasiada gente y que solo pueden procesar unas pocas peticiones cada día.
2. Deportar inmediatamente a la familia sin procesar su petición, lo que violaría su derecho a solicitar asilo.
3. Hospedar a la familia hasta que llegue el turno de su vista, lo que tendría un costo enorme para el gobierno federal. Además, las cortes federales han puesto limites al tiempo de espera, afirmando que el gobierno solo puede detener a una familia por un máximo de 20 días.
4. Permitir que la familia entre a los Estados Unidos, buscando alojamiento con familiares o con instituciones sin fines de lucro. Esto plantea dos problemas. Por un lado, como esas personas necesitan trabajar para vivir, fomenta el empleo ilegal de personas indocumentadas. Por otro lado, muchas personas inmigrantes no asisten a las vistas de inmigración, prefiriendo permanecer en el país de manera ilegal y clandestina. Este sistema—que es al más barato para le gobierno federal de los Estados Unidos—es el mismo que la actual administración ha denunciado como un modelo fallido de “arresto y liberación” (“Catch & Release”).
5. Arrestar a todo el mundo que entra ilegalmente al país, basándose en la idea que todos son “criminales”, ya que tratar de entrar a los Estados Unidos de manera irregular es un crimen (como ya explicamos arriba). Este sistema tiene un costo financiero enorme para el gobierno federal. Además, tiene un costo adicional para la economía del país, que pierde acceso a la fuerza laboral indocumentada.

La actual administración ha optado por una política de “mano dura” contra los inmigrantes, comparando a todas las personas que entran irregularmente al país con los peores criminales, particularmente con aquellas que pertenecen a pandillas o “maras”. Una y otra vez, afirman que entre los inmigrantes indocumentados hay criminales, pandilleros y hasta asesinos. Dicen que van a “infestar” la sociedad, etc.

La consecuencia principal de la política de “cero tolerancia” es que asegura el fracaso de la petición de asilo. ¿Por qué? Porque las personas indocumentadas son procesadas en grupos, en juicios que toman apenas minutos (el sistema se conoce como “Streamline prosecution”). Le dicen que si se declaran culpables podrán salir libres en pocos días. Por esta razón, la mayor parte de la gente se declara culpable y después piden turno para su vista solicitando asilo. Empero, ahora tienen un historial delictivo que el gobierno federal puede usar para negarles el ansiado asilo.

La solución más sencilla sería permitir que las familias de obreros que buscan empleo y asilo, si no tienen historial delictivo alguno previo a su llegada a los Estados Unidos, entren el país. El gobierno puede colocarles grilletes electrónicos para monitorear su localización y asegurarse de que van a asistir a las vistas de inmigración. Los beneficios de esta alternativa serían los siguientes:

1. Las familias permanecerían unidas.
2. El gobierno federal ahorraría mucho dinero, pues el costo del grillete es de menos de $2 al día por persona, mientras el costo del hospedaje y comidas por cada persona es de aproximadamente $350 diarios.
3. Esas personas podrían trabajar en los empleos y empresas que históricamente han dependido de la mano de obra barata que proveen las personas indocumentadas.
4. Las fuerzas policiacas de inmigración podrían concentrar sus esfuerzos en detectar y procesar criminales peligrosos que entran al país con malas intenciones.

Claro está, la actual administración, aunque desea resolver el problema, también está usando la situación como un “balón político”. Este presidente—a diferencia de todos los anteriores—continúa haciendo concentraciones de campaña eleccionaria en distintos puntos del país. Su base electoral está compuesta por personas de trasfondo racial anglo-sajón, que sienten que están “perdiendo” su país. Ven a los grupos minoritarios como “invasores” que le están robando sus recursos. Piensan que si ellos no tienen empleos dignos o grados académicos avanzados, es por culpa de las personas de grupos minoritarios que han usado las políticas liberales del gobierno para avanzar socialmente de manera injusta.

Veamos un claro ejemplo del uso politico de este tema. El Presidente dijo hace unos días que las familias estaban siendo separadas por culpa de una ley “demócrata” que solo el Congreso podía cambiar. El hecho es que no hay leyes “demócratas” ni “republicanas”. También es un hecho que el presidente podía cambiar la práctica de separar las familias inmigrantes, como lo hizo el miércoles 20 de junio en la tarde. Por lo tanto, todas estas expresiones van dirigidas a las personas que desconocen cómo funciona el gobierno federal.

En conclusión, el problema de la inmigración es muy complejo. No hay soluciones fáciles a la situación, mucho menos soluciones que vayan a complacer a todo el mundo. La cancelación de la orden que separaba a las familias inmigrantes que entraban irregularmente al país es un paso positivo. Ahora es necesario reunificar esas familias que fueron separadas, lo que será una tarea muy compleja, dado que algunos niños y algunas niñas han sido trasladados desde Texas y California a puntos tan lejanos como Michigan y New York.

Entre tanto, es necesario que busquemos puntos de diálogo, rechazando a quienes desean exacerbar los conflictos entre las comunidades étnico-raciales en los Estados Unidos. El sentimiento anti-inmigrante no solo es un problema para los inmigrantes indocumentados, sino que es una amenaza para la integridad de la nación. Recordemos las palabras de la Constitución de los Estados Unidos, que clarifica el propósito por el cual se estableció el país:

NOSOTROS, el Pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una Unión más perfecta, establecer Justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la Defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la Libertad, estatuimos y sancionamos esta CONSTITUCION para los Estados Unidos de América.

Busquemos, pues, esa “unión más perfecta” para nuestro bienestar y el de nuestros descendientes.

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Pablo A. Jiménez es un ministro protestante, profesor de teología pastoral y autor de varios libros religiosos. Escuche su podcast, visitando Prediquemos.com