Una vez más, un problema social deja la colonia al desnudo.

En esta ocasión, la renovada controversia sobre la disposición de las cenizas que produce la compañía AES revela los problemas fundamentales del país. Como es sabido, esta compañía produce el 15% de la energía eléctrica que se consume en la Isla mediante la quema de carbón. El problema es que el proceso genera cenizas que contiene un porcentaje de material tóxico.

Es claro que las comunidades cercanas al vertedero que recibe estos desperdicios, administrado por EC Waste y ubicado en la comunidad Tallaboa Encarnación en Peñuelas, no quieren que se depositen los residuos allí.

Sin embargo, la decisión no está en manos del Gobierno de Puerto Rico, ya que las regulaciones ambientales están en manos de agencias federales. Tanto la EPA como algunos tribunales federales han determinado que las concentraciones de material tóxico no alcanzan niveles peligrosos si se manejan adecuadamente. Para colmo, Donald J. Trump prometió durante su campaña aumentar la extracción y la quema de carbón para revitalizar la industria minera en los Estados Unidos. Por la tanto, el gobierno de Puerto Rico carece de los poderes políticos necesarios para prohibir la operación de la planta de carbón y la disposición de sus desperdicios. 

A la crisis política se une la financiera. Específicamente, por décadas la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) desvió dineros destinados al mantenimiento de las plantas productoras de energía y usó esos fondos para cubrir otros gastos, tales como el pago de sus deudas. La crisis es tan grande que hace poco la AEE reconoció que los apagones continuos pueden llevarnos a un estado de emergencia. Por lo tanto, el Gobierno de Puerto Rico no tiene suficientes recursos para cubrir el déficit de producción que dejaría el cierre de la planta de AES ni para aumentar la producción de energía eléctrica en las plantas de la AEE.

A mediano plazo, la única solución posible al problema sería que el Gobierno le ordenara a AES que usara gas natural, en lugar de carbón, para producir electricidad. Sin embargo, la conversión de la planta tomaría varios años, lo que deja al Gobierno sin respuestas inmediatas al problema.

En conclusión, el dilema de la disposición de las cenizas revela la debilidad política y financiera de nuestro sistema colonial de gobierno. Aunque se le pueden buscar parches al problema, la solución requiere poderes políticos que solo podremos adquirir si abandonamos la colonia para ser un país independiente o si nos convertimos en un estado federado  con representación votante en el Congreso. Mientras llega ese momento, Puerto Rico será una colonia en cenizas.

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Pablo A. Jiménez es un ministro protestante, profesor de teología pastoral y autor de varios libros religiosos. Para más información, visite: http://drpablojimenez.com