Es evidente que la mayor parte del pueblo de Puerto Rico entiende que la deuda pública del Estado Libre Asociado debe ser auditada. Es sorprendente que haya consenso sobre este punto en un país donde la división política es la orden del día. El hecho es que simpatizantes de todas las ideologías entienden que es necesario saber cuánto es el monto de la deuda antes de proceder a pagar.

Yo entiendo que la auditoría es necesaria, pero que debe hacerse como parte de los procesos legales de quiebra. Empero, otras personas desean hacer una auditoría “ciudadana”, esperando identificar miles de millones de dólares en deuda “ilegal” que no tendríamos que pagar. Los números que he escuchado oscilan entre 4 y 40 mil millones de dólares que el pueblo de Puerto Rico podría descontar de los más de 70 que adeuda el país.

A pesar de los buenos deseos del pueblo, en realidad es imposible determinar el impacto de una auditoría. Por un lado, porque serán las cortes quienes determinarán la legalidad de nuestras deudas. Y por otro lado, porque una auditoría podría demostrar que la cantidad a pagar es aún mayor a la estimada (como ocurrió en Detroit).

Ahora bien, hay algo mucho más importante que la auditoría; algo que nuestro país debe hacer inmediatamente o antes. Me refiero a aprobar una ley que tipifique como delito el uso de deuda pública para cubrir gastos recurrentes. La legislatura debe prohibir que tanto los municipios como el Gobierno de Puerto Rico tomen préstamos para pagar salarios, dar bonos de Navidad y cubrir gastos ordinarios.

De hecho, la ley también debería prohibir la venta de propiedad pública y otros activos para cubrir gastos recurrentes. Ni los municipios ni el Estado Libre Asociado deberían vender edificios para dar bonos de Navidad.

Las leyes de Puerto Rico no tipifican como delito la práctica malsana de tomar dinero prestado para cubrir gastos ordinarios. En otros países sí existen leyes que prohiben “cuadrar” presupuestos a fuerza de préstamos. Por ejemplo, en Brasil existen leyes de “responsabilidad fiscal” que prohiben el uso de fondos de bancos públicos para cubrir gastos recurrentes de programas que están bajo la responsabilidad del gobierno. La legislatura brasileña destituyó a la Presidenta Dilma Rouseff precisamente por violar estas leyes. La ex-mandataria enfrentó un juicio político, por medio del proceso de “impeachment” o “residenciamiento”.

Pues bien, en Puerto Rico no existen esas leyes. Por eso, nadie ha sido enjuiciado por habernos hundido en la deuda. La práctica de cuadrar presupuestos con prestamos comenzó a finales del primer cuatrenio de Rafael Hernández Colón, en el 1976. Desde ese tiempo, todas las administraciones—en alguna medida—han hecho lo mismo. Pero ninguno de esos ex-mandatarios será enjuiciado, aunque lo que hicieron fue torpe, deliberado e inmoral, porque nuestro código legal no lo tipifica como delito.

Si queremos detener la práctica de incurrir en deuda ilegal, necesitamos una ley que tipifique como delito el tomar préstamos públicos sabiendo que el Gobierno no tiene forma de pagar.

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Pablo A. Jiménez es un ministro protestante, profesor de teología pastoral y autor de varios libros religiosos. Para más información, visite: http://drpablojimenez.com