En medio de todas las problemas reales que aquejan al país, nuestra sociedad se sigue empeñando en prestarle atención a los “simulacros”, es decir a las falsas situaciones y controversias que aparentan ser reales. En esta ocasión, la controversia falsa es la presencia de Uber en Puerto Rico.

Como sabe cualquier persona que no haya estado escondida debajo de una piedra, Uber es un servicio de transporte al cual el público accede por Internet. Las personas que manejan los autos usan sus vehículos privados para dar este servicio. No cobran ni manejan dinero, dado que toda la contratación y pago se hace por medio de una aplicación de Internet.

Con razón, los taxistas y los porteadores público se quejan de que su profesión es altamente regulada mientras que Uber no enfrenta las mismas restricciones. Adquirir una licencia de taxista en Puerto Rico es casi imposible, tanto por el costo como por el papeleo.

La gente ha dirigido su ira en contra de Uber o, más bien, en contra de quienes manejan vehículos vinculados a la compañía. Por eso, han ocurrido varios actos de violencia contra los choferes de Uber y, claro está, hasta ahora están impunes.

Sin embargo, el problema no es Uber. El problema es que vivimos en un país donde prácticamente no existe transporte público. Comparado con grandes capitales del mundo y con otras ciudades latinoamericanas de buen tamaño, en Puerto Rico NO hay transporte público efectivo.

Esto no ocurrió por casualidad ni por dejadez. El gobierno, en los años 1950, decidió que todos los puertorriqueños que desearan ir a trabajar o a pasear necesitaban un auto propio. No sé quienes se beneficiaron de esta decisión. Quizá fueron los concesionarios de autos, o las compañías que construían las carreteras, o el mismo gobierno que deseaba cobrar más por arbitrios, tablillas, marbetes y licencias. Quizás todos se confabularon, pero algún grupo tomó la decisión de que para vivir en Puerto Rico es necesario tener un vehículo privado. De hecho, es necesario tener más de un vehículo en cada hogar; hay que tener uno por cada persona mayor de 18 años.

Ese es el verdadero problema de transporte en el país: la inexistencia, al nivel práctico, de transporte público.

Uber no va a resolver el problema, ni ninguna de las otras alternativas que se están planteando. El país necesita una estrategia multisectorial, donde el gobierno se una a la industria y al “Tercer sector”, para liberar al pueblo de la esclavitud al automóvil. En particular, esta coalición necesita la participación de las escuela privadas, las universidades y los hospitales, a los cuales acuden personas jóvenes y envejecientes, que tienden a carecer de transporte. Los municipios deben tomar cartas en el asunto, dado que la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) solo funciona en la llamada “Zona Metropolitana”, es decir, que solo cubre una fracción del territorio nacional. Del mismo modo, las iglesias deben interesarse en este problema, dado que si difícil es encontrar transporte público en la semana, los domingos en la mañana es imposible.

En resumen, dejemos quejarnos por las tonterías y prestemos atención a los verdaderos problemas del país. Uber no va a resolver el problema. Si queremos mejorar la calidad de vida de las familias pobres del país, mejoremos el sistema de transporte público en toda la Isla.

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El Rev. Dr. Pablo A. Jiménez es el pastor de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en el Barrio Espinosa de Dorado, PR. http://www.drpablojimenez.com