Juan Zaragoza, el secretario de Hacienda de Puerto Rico, dijo por la radio hoy, jueves 14 de abril de 2016, que su departamento pronto comenzará a investigar iglesias que, aunque reclaman ser entidades sin fines de lucro, en realidad funcionan como negocios familiares. En el balance, creo que esto es una buena noticia.

Como he indicado muchas veces en esta columna, la inmensa mayoría de las iglesias cristianas, protestantes y evangélicas en Puerto Rico funciona como entidades sin fines de lucro. Esto quiere decir que sus terrenos y sus edificios le pertenecen a la congregación en pleno, no a ninguna persona en particular. También quiere decir que cualquier sobrante o superávit va a fondos de reserva que se utilizan para financiar obras y gastos futuros. La inmensa mayoría de los ministros protestantes en el País recibe salarios modestos sobre los cuales pagan contribuciones, como cualquier otro ciudadano. Por eso no se benefician de los sobrantes que la organización pueda tener, como tampoco reciben bonos de productividad en años de bonanza.

No obstante, es necesario reconocer que hay una minoría que funciona como negocio propio, que le pertenece a una familia. En esos casos, tanto las propiedades como los edificios son propiedad del líder religioso y su familia. El dinero que recaudan en campañas “pro templo” lo utilizan para comprar bienes que se inscriben a título personal. Por eso, en caso de que haya un divorcio o se ejecute una herencia, los bienes se dividen entre los familiares. En resumen, en estos casos es muy difícil distinguir entre los fondos de la iglesia y el bolsillo de la familia pastoral.

Yo llevo más de 30 años trabajando con la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Puerto Rico, una organización sin fines de lucro bona fide. Nunca he tenido una propiedad ni un terreno de la iglesia a mi nombre, y no hay ni un metro cuadrado de terreno que esté sujeto a ser transferido o heredado por familiares.

Es por esta razón que recibo inicialmente con agrado la propuesta del secretario Zaragoza. Si alguien va a tener un negocio personal con visos religiosos, debe estar sometido a todas las leyes y regulaciones que aplican a los negocios propios.

Ahora bien, el pueblo cristiano en Puerto Rico debe fiscalizar cómo se han de implementar estas medidas, pues no necesitamos que se empleen estas investigaciones para someter a las iglesias a presiones políticas indebidas. Constantemente vemos cómo la clase política puertorriqueña busca votos en las iglesias. No debemos permitir que esta iniciativa se tergiverse, convirtiéndose en otro mero acto de politiquería.

Habiendo hecho esta advertencia, recalco que la inmensa mayoría de nuestras iglesias son instituciones sin fines de lucro que benefician enormemente a nuestro país con su labor desinteresada. Por eso, le doy la bienvenida en principio a esta nueva iniciativa del Departamento de Hacienda.

*************

¿Qué opina usted? Le invito a compartir su opinión, comentando respetuosamente tanto el contenido de esta columna como los comentarios de otros lectores y de otras lectoras.

El Rev. Dr. Pablo A. Jiménez es el pastor de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en el Barrio Espinosa de Dorado, PR. http://www.drpablojimenez.com