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Parece que no habrá un juicio político contra Trump

La presidenta de la Cámara Baja federal, Nancy Pelosi, detuvo el proceso de designación de los administradores que se encargarán de presentar los dos cargos en contra del presidente de EEUU, Donald Trump. Si Pelosi no los nombra, no hay fiscales que presenten los argumentos a favor de destituir al Presidente. Por tanto, no se realizaría el juicio político en contra de Trump.

Puesto que el Senado es dominado por los republicanos, no se espera que Trump sea destituido. Los demócratas saben esto, pero de todos modos votaron a favor de presentar dos cargos inexistentes en la Constitución de EEUU: abuso de poder y obstrución al Congreso. El objetivo no es destituir a Trump, sino demonizarlo en periodo electoral. Sin embargo, quienes terminaron demonizados fueron los congresistas demócratas.

Pelosi sabe que no fue buena idea iniciar un proceso de destitución sin apoyo bipartita. Se dejó llevar por la presión que ejercieron los socialistas “democráticos” y otros congresistas antiTrump. Para mantener liderazgo y el puesto de presidenta de la Cámara, Pelosi está dispuesta a tomar decisiones contraproducentes. Sin embargo, corre el riesgo de perder la mayoría en la Cámara Baja y desprestigia al Congreso en el proceso.

Para compensar, decidió congelar el proceso de juicio político. Provocó una crisis constitucional de separación de poderes y de contrapesos. Le exige al líder de la mayoría en el Senado federal, Mitch McConnell, que le informe previamente y negocie cómo será el juicio político. No quiere que los senadores republicanos citen para comparecer a congresistas demócratas y a otras personas que podrían revelar las irregularidades que cometió la Cámara Baja. Quiere que citen a los allegados de Trump y a otras personas que no comparecieron a las vistas de la Comisión de Inteligencia y de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara.

Lo que exige Pelosi no procede constitucionalmente, por ser dos cuerpos separados, con su propio reglamento, funciones y liderazgo. El juicio político lo realiza el Senado. Por esto, Pelosi no tiene jurisdicción. Ella lo sabe, pero intenta jugar a las relaciones públicas. Persigue que los medios de prensa propaguen la mentira sobre que los senadores republicanos se niegan a realizar un juicio imparcial. Omite que los demócratas en la Cámara no fueron imparciales.

Con esta movida de ajedrez político intenta desviar la atención de su propia metida de pata. En otras palabras, tranca el juego para que no haya juicio político. De este modo, los republicanos no podrían investigar a los demócratas para revelar sus triquiñuelas. También, logra desplazar la culpa para que los socialistas “democráticos” no la fustiguen, por detener el proceso de destitución. Desde el principio, Pelosi no quería que la Cámara votara sin apoyo republicano. Lo hizo para complacer a los más obsesivos de su partido.

A Trump le conviene ambos escenarios, que no se inicie el juicio político o que se inicie y sea absuelto. Otro escenario posible es que el Tribunal Supremo de EEUU (SCOTUS) tenga que resolver una diferencia entre los cuerpos legislativos federales. Todos los escenarios ponen a Trump en una posición de ventaja, pues revelan que realmente no hay evidencia ni cargos legítimos para enjuiciarlo políticamente.

Trump gana apoyo electoral, queda como víctima e, irónicamente, el señalamiento de abuso de poder no le pega y la etiqueta se le queda impregnada al Congreso.

Mientras Pelosi mantiene el tranque, Trump logra negociar exitosamente un acuerdo comercial con China, fortalece su relación con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, logra que se apruebe el Acuerdo de EEUU-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés), firma la medida para crear una Fuerza Espacial, reporta la creación de millones de empleos, observa el aumento histórico de los índices bursátiles y consigue que se asignen fondos para la construcción del muro fronterizo y para atender las necesidades de los veteranos.

El hecho de que los demócratas cedieran y se dieran cuenta que los electores favorecen las medidas económicas y de seguridad nacional del presidente Trump, opera como una ironía. Justo cuando aprueban dos cargos para enjuiciar al Presidente, votan a favor de medidas legislativas que son la espina dorsal del programa de gobierno de Trump. La contradicción es prueba de que se trata de un juego de relaciones públicas. No quieren ser los Grinch que se niegan al bienestar económico de la Nación en plena Navidad, pero tampoco quieren parecer proTrump. No dan su brazo a torcer en cuanto a reconocer y felicitar al Presidente por sus logros. Prefieren aparentar que dan la pelea, aunque en el fondo hayan perdido.

No esperan sacar a Trump en las urnas ni con un proceso de destitución. Solo se autoengañan y complacen con su agenda de “resistencia” y su discurso hiperbólico sobre el Trump dictatorial. No aceptan que ganó limpiamente las elecciones de 2016. Echan fango al Colegio Electoral de los EEUU y a todo proceso constitucional que no les convenga en el presente. No piensan a largo plazo. Es una actitud inmadura que pone en riesgo la Constitución, subordinándola a los caprichos partidistas y a las frustraciones de los perdedores.

Queda esperar por la decisión de Pelosi. No importa lo que haga, Trump gana. Le guste o no, Trump permanecerá en su puesto. Lo que sopesará es si puede salvar su pellejo (puesto) y mantener la mayoría demócrata en la Cámara Baja federal. A estas alturas, se le hizo tarde.

 

 

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