La Ley Promesa firmada por Barack Obama en el verano del 2016 limita y neutraliza los poderes de la legislatura de Puerto Rico, así como los de la rama ejecutiva de su gobierno, al establecer una Junta de Control Fiscal de personas NO ELECTAS por el Pueblo Puertorriqueño cuya autoridad sustituye en gran medida el mandato democrático de más de dos millones de puertorriqueños.

Hablar del derecho a la auto determinación del Pueblo Puertorriqueño no tiene sentido, ni jurídico ni práctico, luego de aplicársele al territorio isleño una ley que es la negación expresa de ese derecho. Quedan eliminados por este decreto presidencial llamada Ley Promesa cualquier acuerdo, pacto o visos de auto gobierno (home rule) de los puertorriqueños en el archipiélago de Puerto Rico, o sea su patria en el corazón del Mar Caribe.

Comprenderán la magnitud de un fraude político monumental que se produjo en 1952 con la creación de un Estado Libre Asociado pretendiendo calificarlo como una formula descolonizadora e instando a error a las Naciones Unidas que en 1953 lo validaron en una resolución ad hoc, que declaraba la presunta descolonización de Puerto Rico.

Ahora, en el año 2017, el Comité Descolonizador de la ONU no tiene manera de obviar el corregir el error mayúsculo de haber validado un FRAUDE. Es ahora o nunca.

Pero hay otros ‘ahoras o nuncas’. Ese es el caso de la petición de por lo menos un millón de anexionistas para que el Congreso Federal favorezca y acepte a Puerto Rico como el ESTADO 51 de los Estados Unidos de América. Hacerlo no está en los planes de Washington, no solamente por razones económicas o de conveniencia, sino porque Puerto Rico es una nación de habla hispana y con rasgos culturales muy distintos a los del imperio. La ciudadanía ‘americana’ de los puertorriqueños legislada en la Ley Jones de 1917 NO ES LAMISMA que la de los 50 estados integrados en la Unión Federal. O sea, la ciudadanía ‘americana’ recibida por el residente en la isla NO TIENE RAÍCES CONSTITUCIONALES.

Es una irresponsabilidad, que raya en la crueldad, que el gobierno de los Estados Unidos no le haya hablado con la verdad a los estadoistas boricuas dejándoles saber que al imperio NO LE INTERESA que Puerto Rico forme parte de la Unión Federal. Pero hay otra verdad. Tampoco le interesa a la América de Donald Trump asociarse con Puerto Rico porque todo lo que pinte como libertad y soberanía en nuestra patria solo se consigue con la INDEPENDENCIA.

Y eso es exactamente lo que el Comité de Descolonización de la ONU tiene que procurar y en el proceso exigir que cese la autoridad de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico y que se le devuelva al electorado puertorriqueño el control de su destino político.