Estas cosas pasan cuando un país está bajo el control de otro: una simple carta, de dos páginas y un cuarto, firmada por un burócrata al que nadie aquí le ha visto ni la cara, llegada un Jueves Santo, vira patas arriba todo el panorama y barre los márgenes dentro de los cuales, por un tiempo, creímos que se iba a conducir la discusión del problema fundamental del status político de Puerto Rico.

Eso fue lo que pasó cuando el jueves el secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, en una carta firmada por su principal subalterno, Dana J. Boente, se negó a certificar la papeleta de la consulta de status del 11 de junio, por no incluir al desprestigiado Estado Libre Asociado (ELA) territorial en el proceso y repartiendo macetazos a partes prácticamente iguales entre todas las demás fórmulas.

La primera revelación que se nos desnudó el jueves fue que Estados Unidos sigue considerando al ELA territorial como una opción para Puerto Rico. Durante la administración del expresidente Barack Obama abundaron las señales de que Washington no le veía futuro al status colonial y discretamente nos preparaba para lo que Pedro Albizu Campos llamó “la suprema definición”: elegir entre seguir nuestro camino como nación independiente o integrarnos plenamente a Estados Unidos.

Así fue interpretada la postura que asumió el Ejecutivo estadounidense en el caso Sánchez Valle, al plantear en la corte, sin que nadie le preguntara, que Puerto Rico nunca había alcanzado pleno gobierno propio y que seguía sujeto a la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos, que da poderes plenos al Congreso de ese país sobre los territorios como Puerto Rico.

Con su postura en el caso Sanchez Valle, Estados Unidos renegó de la posición que había sostenido por décadas en el sentido de que en el 1952 Puerto Rico había dejado de ser una colonia.

Poco después, vino la ley PROMESA, que desbarató la última ilusión de gobierno propio aquí y que, aunque fue aprobada por un Congreso republicano, contó con el entusiasta auspicio de Barack Obama.

Basado en estos eventos, y en el hecho de que en el 2012 el 54% de los puertorriqueños dijo que ya no le interesaba vivir en un status territorial, fue que el Partido Nuevo Progresista (PNP) aprobó una papeleta en la que el ELA colonial no estaba entre las alternativas.

Sorpresa: la nueva administración republicana en Estados Unidos no tiene empacho en ofrecerles a los puertorriqueños una opción colonial. En la carta maldita, Boente no se anda con rodeos. No disfraza la condición territorial del ELA. No trata de disimular nada.

De hecho, ni siquiera le llama ELA ni “commonwealth” como se le conoce en Estados Unidos. Le llama simplemente “status territorial”. No lo plantea como una fórmula de autogobierno ni dice que resuelva el problema colonial. Lo único que dice es que si la queremos, debe estar en la papeleta.

Los populares que celebraron esto el jueves son precisamente los que no tienen problema con vivir en una colonia.

La estadidad también recibió un golpe notable. Primero, con el ELA en la papeleta, el porcentaje que se prevé puede obtener la estadidad baja muchísimo. Recordemos: la estadidad no solo tiene que ganar, tiene que obtener una supermayoría de por lo menos el 70% para que haya al menos una ligera ilusión de que en Washington se le tomará en serio.

Sin el ELA en la papeleta, era razonable esperar ese 70%, quizás hasta más. Con el ELA, si los populares que lo apoyan como está hacen campaña, cabe la posibilidad de que no llegue siquiera al 50%. Una interpretación general que se hizo de la carta es que fue una movida de Washington para evitar tener que lidiar en unos meses con una petición de estadidad difícil de ignorar. Esa interpretación es razonable.

Además, mucho del discurso estadista en la temprana campaña era que solo la estadidad garantiza la ciudadanía estadounidense. Así, de hecho, lo dice la papeleta rechazada por Justicia federal. Ese argumento se fue a pique tras Justicia precisar que “bajo la ley actual (esto es, bajo el status territorial) los puertorriqueños tienen un derecho incondicional estatutario a la ciudadanía por nacimiento”.

Los independentistas y los que plantean la libre asociación tampoco salieron ilesos. Los independentistas, porque han dicho que no quieren participar en una consulta en la que la colonia esté entre las alternativas.

Pero los que de verdad vivieron un jueves santo de Getsemaní fueron los partidarios de la libre asociación. Estos son mayormente populares que reconocen y les avergüenza el status colonial, pero que no están listos para identificarse como independentistas.

La carta de Justicia federal les dijo lo que por otras vías se les ha estado diciendo antes: la libre asociación es independencia y punto. Lo que la diferencia de la independencia clásica es que viene acompañada de la promesa, o la esperanza, o el sueño, o lo que sea, de que habrá un tratado de cooperación con Estados Unidos, que ellos aspiran a que permita, entre otras cosas, mantener la ciudadanía de ese país por los siglos de los siglos.

No está del todo claro todavía, pero los eventos del jueves dan la fuerte impresión de que no habrá libre asociación en la consulta de status. Los que plantean esta fórmula quedaron el jueves estupefactos, aturdidos y atónitos. La mayoría son populares que antes de que todos los eventos hubieran madurado abandonaron la nave roja y se juntaron con independentistas a defender la soberanía.

¿Qué harán ahora? Ninguno de los caminos que tienen por delante son fáciles.

Pueden abstenerse planteando que su fórmula no está entre las alternativas, pero llevan meses diciendo que abstenerse no resuelve nada. Pueden, como han hecho algunos antes, defender la colonia con alguna promesa que le hagan desde el Partido Popular Democrático (PPD) de tratar de desarrollar el ELA fuera de la cláusula territorial. Pero el ambiente en el PPD está tan enrarecido contra ellos y hay tan poca voluntad en el liderato popular de reconocer siquiera que el ELA es una colonia, que eso no parece ni remotamente posible en este momento.

O pueden declararse independentistas, pero eso les cerraría definitivamente las puertas en el PPD, el partido que les permite obtener puestos electivos. En resumen, están como el que salió de una casa, empezó a llover y cuando quiere volver para guarecerse, la puerta está cerrada con una llave que no tiene.

En este momento, no se sabe qué pasará con la consulta. El PNP insiste en hacerla el 11 de junio, pero Justicia federal advirtió que necesitará tiempo para revisar la nueva papeleta. Ya que se sometieron a la jurisdicción de Justicia federal en este tema, no tienen más remedio que esperar.

Los independentistas, populares colonialistas y los de la libre asociación no han precisado si participarán. Aun si participaran, con el panorama actual es muy posible que la consulta vuelva a arrojar resultados sobre los que no se pueda concluir nada.

Y si no participan, dejarán solo al PNP en una consulta en la que voten 500,000 personas, más del 90% apoyará la estadidad y en Estados Unidos no le harán ningún caso.

Complicado panorama, para todos, pues.

(benjamin.torres@gfrmedia.com, Twitter.com/TorresGotay. Facebook.com/TorresGotay)