Donde quiera que el pelotero Carlos Correa se para le llaman “el santaisabelino”. Lo que pocos saben es que Correa, una fulgurante estrella de los Astros de Houston en el béisbol de grandes ligas, nació en Ponce, pues hace más de 40 años que en Santa Isabel no hay sala de partos y las parturientas de esa población sureña son enviadas a la “Ciudad Señorial” y en algunos casos a Guayama.

Eso mismo ocurre en la inmensa mayoría de pueblos de Puerto Rico, en los que hace décadas que no nace nadie a menos que no sea por accidente, porque de un tiempo hacia acá no hay salas de parto en los municipios pequeños. Nadie se atreva, sin embargo, a decirle a Carlos Correa, ni a ningún otro santaisabelino, que él no es de ahí. Ese es el pueblo donde creció y vive casi toda su familia, en el que florecieron sus afectos, al que se siente vinculado y donde está en casa.

La historia de Santa Isabel es la de la mayoría de los pueblos pequeños donde hace décadas no nace nadie porque desaparecieron las salas de parto municipales, en una de muchas transformaciones paulatinas que han experimentado por años los ayuntamientos, sin que haya resultado un trauma para nadie.

Es decir, el que no nazca nadie en Santa Isabel, no significa que haya menos santaisabelinos, como no hay menos salinenses, coameños, aguadeños, comerieños, porque no existan salas de partos en esos pueblos como en muchísimos otros.

Los 78 municipios puertorriqueños están en vías de sufrir otra gran transformación. Pero en esta ocasión no están resignados a su suerte y amenazan con emprenderla contra sus atribuladas poblaciones para asegurar una subsistencia que hace tiempo no pueden sostener por sus propios medios.

La mayoría de los municipios en Puerto Rico no son viables económicamente, algunos por mala administración de sus alcaldes y otros porque simplemente no tienen los recursos para sostener sus aparatos operacionales. Se da, así, en la mayoría de los ayuntamientos, un escenario en miniatura del mismo que enfrenta el Gobierno del Estado Libre Asociado (ELA): gastan más de lo que ingresan y por años se han mantenido a flote a base de préstamos, subsidios y dádivas del gobierno central.

Como sabemos todos, el gobierno central no puede asegurar en este momento ni su propia supervivencia, mucho menos puede seguir lanzándoles salvavidas a municipios fiscalmente inviables, que vivían de préstamos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), al que desangraron hasta convertirlo en el triste fantasma que es hoy y que es arrastrado por ahí de lado a lado, sin que sepa exactamente qué va a pasar con él.

La suerte de los municipios va a acusar un golpe dramático en los próximos meses, cuando entre en vigor el recorte de $350 millones en subsidios ordenado por la Junta de Supervisión Fiscal en el plan que le aprobó al gobernador Ricardo Rosselló.

Se estima que ese recorte puede causar el desplome definitivo de decenas de municipios.

Los alcaldes han reaccionado a esto cerrando los ojos y negándose a ver lo que todo ven y a oír lo que todos oyen. En vez de mirar hacia dentro y ver de qué gastos u operaciones pueden prescindir para continuar operando, están mirando qué más se le puede exprimir a una población que ya está al límite de tanto que se le ha metido la mano en el bolsillo en los diez años que lleva ya esta crisis de mil demonios que se ensañó contra el país.

De ahí es que viene la idea de aumentar la contribución sobre la propiedad, como medida para compensar lo que se dejará de recibir por el subsidio.

Este aumento, si se concreta, va a representar otro martillazo a la cabeza de las posibilidades de recuperación del país.

Según un análisis publicado recientemente por el representante Jesús Manuel Ortiz, el aumento propuesto de .38% a 0.65% equivale a un espantoso incremento de cerca de 70% y supondría que una persona que hoy paga $400 como contribución por la propiedad tendría una obligación de $680 y el que contribuye $1,200 tendría que hacerlo por $2,040.

Como puede verse, se trata de un aumento brutal, que lo es más cuando se considera que el 45% de los propietarios que viven en sus residencias en Puerto Rico son personas mayores de 60 años, de los cuales el 70% no tiene ingresos de pensiones que seguramente también serán recortadas o de ayudas gubernamentales, según un artículo del periodista Ricardo Cortés Chico publicado esta semana en este diario.

En resumen, la propuesta para mantener a flote a alcaldías que no pueden sostenerse por sí solas es imponerle un aumento contributivo brutal que afectará desproporcionadamente a uno de los sectores más vulnerables de la población.

No hay manera de tolerar esto.

Los municipios dan algunos servicios muy importantes, como el recogido de basura (por el que algunos ya amenazan con cobrar tarifas escandalosas, como Cabo Rojo, que quiere $9.50 semanales por casa por llevarse los desperdicios); el mantenimiento de instalaciones recreativas, ligas deportivas y algunos hasta tienen sus propios centros de salud.

Pero también despilfarran demasiado dinero en fiestas, demandas por discrimen político, salarios exorbitantes para alcaldes y sus alicates, contratos de políticos derrotados y obras faraónicas innecesarias.

Los alcaldes, legisladores, gobierno central y hasta la población tienen que empezar a resignarse a que las cosas en Puerto Rico, a todos los niveles, no pueden seguir siendo como fueron hasta ahora.

78 costosas, ineficaces y en muchos casos corruptas burocracias municipales nunca fueron un modelo apropiado de gobernanza. La profunda crisis de viabilidad que vive todo el aparato gubernamental ha hecho que ya ni siquiera se pueda mantener la ilusión de que así es.

Por ahí se habla de fusionar municipios. Esa es una propuesta que seguramente ayudaría en algo a la situación del país, pero que presenta algunas complicaciones.

La Constitución del territorio de Puerto Rico, si es que sigue valiendo algo después de la escupida que le dieron con la ley PROMESA, dice que para que una eliminación o consolidación de ayuntamientos sea efectiva tiene que ser ratificada en votación por los residentes de los municipios a eliminarse o consolidarse.

No es imposible, pero parece improbable que la gente vote por la eliminación del municipio en el que vive y en el que tal vez nació.

A menos que la gente entienda, por un lado, que tener un alcalde al que considerar propio le va a doler mucho en el bolsillo y, por el otro, que comprendan para que para ser santaisabelino, orocoveño , patillense, humacaeño o vegabajeño no hace falta nacer en un pueblo en particular, ni tener su propio alcalde, director de finanzas, obras públicas y unos cuantos políticos derrotados entrando a la alcaldía y saliendo con los bolsillos preñados de dinero.

A simple vista, las opciones parecen bastante claras. ¿Habrá voluntad?

(benjamin.torres@gfrmedia.com, Twitter.com/TorresGotay, Facebook.com/TorresGotay)