Estábamos distraídos mirando las ruinas de lo que queda de Puerto Rico tras la bancarrota y nos tocaron al hombro para recordárnoslo: la corrupción aquí dejó de ser cosa de pocos y es un fenómeno cotidiano y generalizado. No es que no lo supiéramos. Es lo que habíamos olvidado mientras nos entretenían las bombas que hace un tiempo vienen cayendo relacionadas al caos fiscal de la isla.

Nos lo recordó un informe que publicó esta semana la Comisión de Derechos Civiles, que indica que la corrupción en Puerto Rico es una lacra social prácticamente inmanejable, que es un fenómeno común y generalizado, y que no se limita, como algunos convenientemente insisten en creer, al sector público, sino que se da también en empresas privadas y en actuaciones individuales.

La corrupción nuestra de todos los días no es solo una fea verruga en el rostro de la sociedad. Si no le avergüenza que tanta gente a su alrededor, incluso quizás usted mismo, adrede o sin darse cuenta, esté robando, si todo lo indecoroso que eso dice de nosotros como país no lo perturba, piénselo de esta manera: la corrupción nos cuesta también en dólares y centavos.

Dejemos a un lado lo que algunos llaman “idealismo” y consideremos este tema de la corrupción en el único lenguaje que algunos aquí entienden: muchas de las dificultades económicas que enfrenta el Gobierno, y que se manifiestan en las dificultades que atravesamos en este tiempo infernal, con tanto impuesto ahogándonos, serían de mucho menos magnitud si hubiésemos logrado mantener la corrupción en niveles tolerables.

Miremos y verán. Está la corrupción clásica: el funcionario público que, aprovechándose de los poderes que le confiere el Estado, mete la mano al erario para su propio beneficio, para su partido, o para ambos. Esos fueron los pecados, ocultos al principio, públicos después, sospechados siempre, casi olvidados ahora, que cometieron funcionarios como Jorge de Castro Font, Víctor Fajardo, Edison Misla Aldarondo, Sol Luis Fontánez, Edgar Santana, Eduard Rivera Correa, Freddie Valentín y tantos otros que solo sus nombres serían suficientes para llenar todas las líneas de esta columna.

Está, por otro lado, la corrupción de todos los días, aunque casi nunca se le llama como tal.

El comerciante que no cobra el IVU o lo cobra y no lo remite al Gobierno. Cuando se oye hablar de “la captación del IVU” pues se trata precisamente de eso: casi la mitad de lo que se debería cobrar o no se cobra o nunca llega al Gobierno. Están también los ciudadanos que se roban el agua o la luz. Se estima que en la isla hay cerca de 200,000 conexiones ilegales de agua. Eso es el 14% del total de 1,400,000 abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Está la escandalosa cantidad de personas que evaden, frente a todos nosotros, el pago de contribuciones, ocultándole ingresos al Estado o disfrazándolos como gastos corporativos. Lo dice la cifra esa que hace que le hierva la sangre de la gente digna cada vez que se repite: solamente 12,000 contribuyentes le reportan al Estado ingresos de más de $150,000 anuales.

Para efectos de las estadísticas del Departamento de Hacienda, el ingreso promedio de los médicos, abogados, ingenieros, todos los profesionales, es de $16,500 al año. Esto es como si ganaran $1,375 al mes, $343 a la semana. Eso es apenas un poco más que el salario mínimo federal. Menos que maestros y policías.

Ahí solo tres ejemplos, de muchos otros que se pudieran mencionar, para que vayamos entendiendo cómo a cada uno de nosotros nos toca el tema este de la corrupción. El IVU está ahora en 11.5%, y no en 7% como antes, o menor, precisamente porque casi la mitad de lo que debiera generar, que representan millones de dólares, se queda en el bolsillo de los inescrupulosos.

De la misma manera, la crítica situación de la AAA sería menos complicada si contara con los ingresos de todos los que usan agua sin pagarla y el Departamento de Hacienda tal vez no hubiese tenido que confiscar los reintegros de los ciudadanos decentes que pagaron sus planillas a tiempo si todo el mundo aportara lo que le corresponde.

Se han hecho diversos estudios intentando cuantificar el costo de la corrupción en Puerto Rico, desde diversas perspectivas y con distintas metodologías. Los más conocidos son el que hicieron los economistas José Alameda, Eliezer Curet Cuevas y Jeffrey Valentín, difundido en el 2004 y que fijó el costo de la corrupción en la década de los 90 en $3,400 millones y que hizo en el 2010 la profesora Alicia Rodríguez Castro, que atribuyó a la malversación de fondos públicos el desmesurado crecimiento del aparato estatal hasta llevarlo al nivel insostenible que tiene hoy.

“Las consecuencias fiscales y presupuestarias generadas por la corrupción afectan a toda la economía y dificultan el desarrollo y funcionamiento del sector privado. La corrupción contribuye al deterioro de la sociedad y al problema de ingobernabilidad que se manifiesta en nuestras instituciones públicas, erosionando cada vez más la confianza que el pueblo ha depositado en sus gobernantes, funcionarios y empleados públicos”, dice el estudio de Rodríguez Castro.

La corrupción, pues, es otra de las barreras que tenemos que nos toca superar para tener una mejor sociedad. Corrupción siempre habrá y una de los atributos que distingue a los países exitosos de los fracasados es la existencia de mecanismos para detectarla y encausarla. Aquí, trágicamente, carecemos en gran medida de dichos mecanismos, porque aunque en teoría existen, están, como todas las instituciones públicas, atenazadas por el partidismo político y, por lo tanto, son mayormente inservibles.

Con la clase política que nos gobierna no podemos contar para resolverlo, porque vive de eso, de la corrupción ilegal y de la legal, de pagar campañas costosísimas a costa del dinero de intereses privados que después le pasan la factura en contratos injustificables y de atosigar al gobierno con sus inservibles fieles.

Podríamos concluir, otra vez, que nos toca a los ciudadanos combatir este mal. Pero con tanto ciudadano privado poniéndose también el antifaz y robando como cualquier ratero de esquina, la verdad es que no hay mucho hacia dónde mirar y nos queda solo el recurso de los desesperados: la vana ilusión de que pase algo inimaginable en este momento que nos haga avergonzarnos de ser así y nos lleve a mostrarles a nuestros hijos que, al final del camino, según ha quedado demostrado, la decencia es mejor negocio que la indecencia.