Es hora de que Ricardo Rivera, el director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud (ASES), la agencia que maneja el plan de salud del gobierno, se tome una pausa. Vive en estos días en medio de una intensa vorágine. Es que ha sido muy mala su fortuna: le tocó administrar el seguro de salud pública al final del camino. Le tocó enfrentar lo que toda persona sensata en este país sabe hace 21 años que en cualquier momento iba a pasar: el sistema es insostenible y está a punto de colapsar.

En estos días, pues, Ricardo Rivera no tiene un instante de paz. Las aseguradoras, los médicos, los pacientes, la oposición, sus jefes, todos juntos forman un coro infernal que no le debe dejar ni dormir.

Y, en medio del torbellino, como quien, ante la crecida de un río opta por tratar de interponer obstáculos para salvar su casa, en vez de huir para salvarse, está adentrándose en una ruta harto complicada.

Don Ricardo, tómese un par de días libres. Váyase a Culebra, a un spa, a un retiro con el guía espiritual de su preferencia.

Lo que quiera. Lo que sea necesario para tomar un poco de perspectiva con relación al tornado en que está inmerso y le permita entender que es muy mala la idea de empezar a tomarle dinero prestado a inversionistas nebulosos para mantener a flote un sistema que desde el primer día se sabe que no sirve.

Es que, en verdad, parece un mal chiste meter en una misma oración los conceptos “inversionistas” y “salud pública”. No parece cosa de gente seria. Tiene, más bien, el tinte de la desesperación.

Nadie sabe quiénes son los tales inversionistas, salvo Rivera y algunos burócratas del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Se dijo primero que eran árabes. Después, que hay un par de estadounidenses también metidos en el invento.

Lo que nadie se ha atrevido a decir, porque eso sí que sería el colmo de la desfachatez, es que son benévolos filántropos que vieron que Puerto Rico la está pasando muy mal con la locura esa de comprarle seguros médicos privados a los indigentes y vienen a darnos una ayudita para que los pobres no sufran tanto.

No señor, son inversionistas que ven a un gobierno vulnerable y desesperado que ve derrumbarse como un castillo decrépito la ilusión de país de primer mundo y vienen a pescar en río revuelto. Más claro todavía: vienen a aprovecharse de nuestra desgracia.

Si se fijan bien, entre lo que se ha sabido a cuentagotas de los tales inversionistas, faltan algunas piezas de información esenciales. Solo se sabe que será una línea de crédito rotativa de $150 millones.

Esto es, que según se vaya pagando, se puede coger más prestado por los siglos de los siglos o por lo menos hasta que alguien entre en razón y se dé cuenta de que el sistema de la tarjetita es un disparate.

Pero falta saber, por ejemplo, ¿en qué términos se va a dar ese préstamo? ¿A qué intereses? ¿Qué pasa si, como es casi seguro, no se puede pagar? ¿Con qué de lo poco que le queda al Gobierno de Puerto Rico se van a quedar los inversionistas?

¿Cuál es el trasfondo de esos inversionistas? ¿Dónde han invertido antes? ¿Cuál fue el resultado? ¿Con quién están asociados? ¿Quién los trajo a Puerto Rico? ¿Quién es el bróker? ¿Qué experiencia tienen en sistema de salud?

(Agregue aquí, querido lector, todas las muchas otras preguntas que se le ocurran, porque esta columna es solo de mil palabras y quedan otras cosas por decir)

A Rivera se le han hecho algunas de esas preguntas y ha dicho que no se sabrá nada más hasta que el acuerdo esté finiquitado.

Quiso dar seguridad, pero en realidad lo que provocó fue tristes risas, diciéndonos que el BGF, que está descapitalizado por andar prestando a lo loco a jefes de agencia que no sabían contar y a alcaldes con guille de sultanes de Qatar, garantizará la pureza de la transacción.

La Legislatura, que anda muy ocupada en estos días destripando el proyecto del IVA del Ejecutivo, debe también tomarse una pausa, invitar cordialmente a Ricardo Rivera a una vista pública y obligarlo con delicadeza a hacer públicos los términos del acuerdo con los inversionistas antes de que se estampe la firma en esa turbia transacción quién sabe con qué consecuencias para Puerto Rico.

Uno podría pensar también que la Fortaleza podría pedirle cuentas a Rivera. Pero es forzosa la conclusión de que el funcionario no estaría disparándose una maroma así si no contara con el aval de su jefe, el gobernador Alejandro García Padilla.

O sea, la razón, la prudencia, la serenidad, hay que buscarla por otro lado, no entre los que al parecer están dispuestos a lo que sea para mantener viva la ilusión.

Parecería que Rivera no está viendo lo que pasa en el resto del Gobierno.

No ha leído, al parecer, de la descomunal deuda de $72,000 millones, de cómo esa deuda está atrayendo a nuestras playas a toda suerte de especuladores financieros, de cómo esta situación nos ha convertido en el hazmerreír del mundo.

No ha visto, al parecer, que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) está prácticamente de rodillas ante acreedores porque se la pasó cogiendo prestado aquí y allá en vez de haberse ajustado a sus ingresos y ahora esos acreedores están dándole brillo a la espada que blandirán para obligarnos a pagar hasta el último centavo, tenga las consecuencias que tenga.

Si al sistema de la tarjetita se le acabó la cuerda porque se le están agotando los fondos federales y ya el atribulado BGF no puede prestarle, pues, don Ricardo, lo que hay que hacer es sincerarse con el país, decirle ‘mire, míster, se acabó el cuento’ y poner en marcha otro sistema, que alternativas las hay y usted lo sabe, aunque la transición sea dolorosa.

Cualquier cosa, a fin de cuentas, es preferible a poner nuestro sistema de salud pública en manos de inversionistas sin rostro que, ocultos entre la espesa niebla, esperan, agazapados y con sonrisas siniestras, a que caiga la fruta de la insensatez para recogerla y engullirla.

(benjamin.torres@gfrmedia.com, Twitter.com/TorresGotay)