Por Benjamín Torres Gotay

Imaginemos un niño que, al llegar a su casa de un día de escuela, le brillan intensamente los ojos cuando ve a sus padres esperándolo con una caja cuadrada, envuelta en fulgurante papel celofán. Imaginemos que el padre adelanta la caja hacia el niño y que el niño extiende las manos para recibirla. Imaginemos después que cuando el niño está a punto de tomar la caja, el padre la vuelve a atraer hacia sí, dejando al menor con un gesto de desconcierto.

Sigamos imaginando. El padre y la madre hacen preguntas: ¿Qué notas sacaste? ¿Cómo te portaste? ¿Completaste todas las tareas? Imaginemos, por último, lo más difícil: el niño responde que sacó tres D’s y dos F’s, que lo mandaron a la oficina del director porque interrumpía las clases y que dejó la mayoría de sus trabajos incompletos. 

Los padres, entonces, le dicen que en la caja hay una consola de vídeojuegos, pero que debido a que su comportamiento no había mejorado a pesar de muchas advertencias, el regalo se quedaría en el clóset hasta que dejara de cometer los mismos errores una y otra vez.

Eso mismo le pasa hoy en día al gobernador Alejandro García Padilla. Le brillan los ojos con los cerca de $1,200 millones adicionales que se cree recaudaría el Impuesto al Valor Agregado (IVA) si es aprobado tal como fue propuesto y con la emisión de bonos de $2,900 millones que se intentará vender entre mayo y junio de este año.

Pero, antes de entregarle el regalo, buena parte de la Legislatura, casi todo el país, el Gobierno de Estados Unidos y el mercado quieren que demuestre primero que no se cometerán los mismos errores del pasado.

En pocas palabras, le están pidiendo a la administración que asegure que el dinero que obtenga de esas transacciones no será tirado al saco roto de nuestro voraz aparato estatal, que traga y traga dinero como si no hubiera mañana.

El mundo enteró tiró la raya en la arena y García Padilla y sus asesores no se han dado cuenta. Si el Gobierno quiere más concesiones tiene que demostrar de una vez y por todas que está dispuesto a aprender a vivir con lo que recauda.

Con relación a eso no ha habido, hasta este momento, ninguna movida seria. Han reducido gastos, claro que sí. Se ha congelado algún fondo por aquí, y otro por allá. Se dice, aunque estas cosas, en la insondable madeja burocrática en que vivimos, son siempre muy difíciles de verificar, que hay en este momento unos 16,000 empleados públicos menos que cuando empezó el cuatrienio.

Pero no se ve ni de lejos ningún plan estratégico serio para reestructurar el gobierno, llevar sus gastos y otros compromisos al nivel de sus recaudos y, de paso, hacerlo eficiente y útil. Lo que se ha hecho, con el valor que pueda tener, evidentemente no es suficiente, como demuestra lo que trascendió esta semana: desde abril hasta junio, el Gobierno tiene que pagar $1,330 millones en préstamos y no hay certeza de que tenga el dinero suficiente para cumplir con esos compromisos y, al mismo tiempo, mantener en operaciones el gobierno.

El Gobierno apuesta a la emisión de bonos para mantenerse a flote y todos los días alguien se arrodilla sobre granos de arroz pidiendo a las alturas que se produzca la emisión y que el dinero dure al menos hasta las elecciones. Pero abundan indicios de que no hay ambiente en el mercado para seguir fiándole a Puerto Rico y que, si se le volviera a soltar billete, sería a intereses más altos de lo que cobran prestamistas mafiosos.

La raya más honda la surcó el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, al advertir que no dará paso al IVA si el Ejecutivo no presenta un plan para reducir $1,000 millones en gastos.

El Ejecutivo respondió, como siempre, agitando el cuco de los despidos. Dice que para reducir esa cantidad de dinero de los gastos del gobierno habría que botar a 26,000 empleados públicos.

Despedir empleados puede ser la más fácil, pero no es la única, ni la mejor de las alternativas. Todo el que ha vivido la desgracia de tener que ir a una oficina gubernamental sabe que los empleados de servicio no sobran. Por el contrario, faltan. El exgobernador Luis Fortuño cesanteó a miles y los problemas fiscales y operacionales del Gobierno Puerto Rico siguieron empeorando.

Hay otras maneras. Saltan a la vista de todos el que mira esto sin pasión. Pero a la clase política que tiene a Puerto Rico atenazado por los costados, y ahogado en problemas que, mirados superficialmente, parecen insuperables, no le conviene ni pensar en esas otras maneras.

Se puede, por ejemplo, parar los subsidios del Fondo General a municipios que no se sostienen por sí mismos, que suman unos $500 millones al año. Se puede, además, eliminar, o reducir, al mínimo, la contratación de servicios profesionales, con lo que pueden ahorrarse entre $500 y $800 millones al año, según dijo esta semana el economista Gustavo Vélez, quien sabe de lo que habla porque ha trabajado en confecciones de presupuestos gubernamentales.

Con esas dos medidas, nada más, se alcanza casi lo que pide Bhatia. Pero a ninguna de las dos se les presta atención desde el Ejecutivo por la que es a la misma vez la más simple y menos confesable de las razones: los municipios y los contratos profesionales son de los pilares del armazón político partidista que sostiene a las formaciones roja y azul.

Los alcaldes son los generales de campo de los ejércitos partidistas y sin su apoyo no hay político que sobreviva. De los contratos profesionales viene mucho del billete que aceita el engranaje de los partidos políticos. Atentar contra cualquiera de los dos es atentar contra el corazón de la partidocracia y no hay en la clase política la menor voluntad de machetear ninguno de los dos.

El regalito, pues, tendrá que seguir guardado en el clóset.

Al menos hasta que el gobierno entienda que se acabaron el relajo y la paciencia y que esto es, como aprendimos desde niños y como siempre debió ser,, dando y dando y pajarito volando.

(benjamin.torres@gfrmedia.com, Twitter.com/TorresGotay)