A principios de los años 60, Puerto Rico brillaba como nunca antes ni después. El Estado Libre Asociado (ELA) era aún una criatura joven y vigorosa y le faltaba mucho para que quedara expuesta su naturaleza falaz. Los ojos de buena parte del planeta estaban puestos en la “Perla del Caribe”, donde los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos echaban a andar el operativo “Manos a la Obra”, que sacó a mucha de la población de la extrema pobreza.

Miles de millones de dólares en inversión extranjera llovían aquí. Fábricas crecían como yerba silvestre. Reinaba, entonces, la esperanza.

Como parte del fervor fabril de aquellos tiempos tan distantes y tan distintos, en el 1963 comenzó operaciones en Peñuelas la petroquímica Commonwealth Oil Refining Company, conocida como la Corco, un impresionante complejo de 800 acres con capacidad para refinar 161,000 barriles de petróleo al día y que llegó a tener 1,700 empleados.

La bonanza duró poco. En el 1982, apenas 19 años después de su inauguración, la Corco cerró, dejando atrás un enorme pueblo fantasma de chimeneas negruzcas y laberintos de hierro en desuso que, aún hoy, siguen arrojando su aliento tóxico sobre comunidades cercanas.

Al día de hoy, tierras, aire y acuíferos siguen contaminados con químicos como benceno, tolueno, benceno etílico, xileno, naftalina, entre muchos otros, según la Agencia estadounidense de Protección Ambiental (EPA).

El aire en la zona, principalmente en el barrio Tallaboa-Encarnación, que está prácticamente incrustado en los costados de la antigua planta, está preñado de partículas finas con metales pesados que supera los estándares definidos como saludables por la EPA y que pueden causar enfermedades respiratorias, cardiovasculares y hasta cáncer, según un estudio financiado por la misma EPA que condujeron allí el año pasado los investigadores Denny Larson y Hilton Kelly, para la organización Desarrollo Integral del Sur.

Los esfuerzos de limpieza han sido lentos y esporádicos. Mientras tanto, las comunidades aledañas a la gigantesca tarántula de hierro chamuscado que es ahora la Corco siguen viviendo con la angustia de lo que pueda entrar en sus cuerpos por lo que toman, comen y hasta respiran.

Este contexto es indispensable entenderlo para comprender la lucha que esas mismas comunidades llevan hoy contra el depósito en un vertedero cercano de las cenizas que resultan de la quema de carbón para la producción de energía en la planta AES, de Guayama. Tras décadas mirando con inagotable temor por el tenebroso esqueleto de la Corco y de luchas porque se limpie su tóxico legado, otra amenaza viene a perturbarles.

Esto no se puede tomar a la ligera.

La Corco siempre tuvo sus permisos. Su operación fue al amparo del estado de derecho de entonces. Se decía, como ahora sobre las cenizas, que la operación no representaba ningún riesgo para la salud.

En 1970, un grupo de pescadores demandó a la Corco y a la Union Carbide, otra petroquímica, alegando que por causa de la contaminación las aguas de la bahía de Peñuelas y Guayanilla habían dejado de ser aptas para la pesca. El entonces juez Víctor Vargas Negrón desestimó la demanda, diciendo: “los demandados han tomado precauciones responsables de control de contaminación”.

El tiempo ha demostrado con pavorosa elocuencia quién tenía la razón. Las comunidades de Peñuelas, en las cuales las operaciones de la Corco y las otras industrias allí no son una memoria lejana, sino una inquietante realidad de todos los días, no confían porque antes fueron engañados. Los políticos, los industriales, las agencias de gobierno y las cortes que les dicen que las cenizas no son peligrosas no le merecen ninguna credibilidad, porque antes le dijeron lo mismo sobre la Corco.

AES asegura, como la Corco en su momento, que “las cenizas producto de la combustión del carbón no son ni nunca han sido tóxicas” y que la oposición la encabezan “grupos con fines políticos” cuyo fin es, imaginen, “impedir cualquier progreso y avance de soluciones que ayuden al desarrollo económico”.

Mas cuando se trasciende esa retórica se ve que aunque no existiera el antecedente de la Corco cualquier persona razonable desconfiaría de las de las cenizas y de la AES.

Abundan estudios que dicen que las cenizas derivadas de la quema de carbón no son precisamente agua de manantial, incluso del tipo específico que se quiere depositar allí. Además, el trasfondo de esta controversia permite sospechar muchas cosas malas.

Vean:

Cuando la AES se estableció en Guayama en 1992 acordó con el Gobierno, por algo sería, disponer de las cenizas fuera de la isla. Las estuvo exportando a la República Dominicana, donde las dejaba tiradas sin ningún tipo de protección en un puerto de la comunidad Arroyo Barril.

Cuando en esa comunidad empezaron a reportarse abortos, malformaciones en recién nacidos y muchas otras manifestaciones de contaminación ambiental, República Dominicana les prohibió seguir llevándolas, según quedó establecido en una extraordinaria serie publicada el año pasado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). República Dominicana demandó a AES en Estados Unidos y el año pasado la demanda fue transada de manera confidencial.

Mientras tanto, el 17 de julio de 2015, a espaldas del país, la administración del exgobernador Alejandro García Padilla y la AES enmendaron su contrato para que se permitiera disponer en nuestro 100 x 35 las cenizas que ya no podían seguir llevándose a República Dominicana.

Desde entonces, la empresa contrató vertederos en Humacao, donde no le han prestado mucha atención, quizás porque nunca tuvieron a una Corco de vecina, y Peñuelas, donde desde entonces le están haciendo frente en los tribunales y en la calle.

El 4 de julio, el gobernador Ricardo Rosselló firmó una ley que fue anunciada como que prohibía el depósito de cenizas en la isla, pero con tantas excepciones que la AES, con razón, por supuesto, porque es el mentado estado de derecho ahora, volvió a reanudar el depósito de cenizas aquí. Por eso es que hay obreros, ciudadanos de la tercera edad y amas de casa parándose de madrugada frente a los camiones de las cenizas.

En los últimos días, mucho ruido ha comenzado a contaminar esta controversia. Personeros allegados al partido en el poder están queriendo chantajear al país diciendo que el cierre de AES provocará un aumento en la factura de luz. Eso es una vil mentira, primero porque nadie ha pedido que la AES cierre, sino que se lleve sus cenizas a donde no arriesgue humanos y segundo porque cualquier aumento en la luz será decidido en la corte federal donde se dilucida la bancarrota de la AEE.

Es importante, pues, no perder de vista de qué se trata esto: de una comunidad por demasiado tiempo maltratada y que está harta de ser el vertedero de Puerto Rico.

(benjamin.torres@gfrmedia.com, Twitter.com/TorresGotay, Facebook.com/TorresGotay)