Al defender en días recientes el empleo de su propio hijo en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos, explicó tranquilamente que en ese organismo no aplican muchísimas de las leyes por las que se rigen otras agencias de gobierno, incluyendo las que condenan el nepotismo.

Si, como en otros sitios, allí fuera delito la contratación de familiares, dijo Burgos, “tenían que vaciar la mitad del edificio”. “Y tengo evidencia de ello”, acentuó Burgos, por si a alguien le quedaba duda.

Norma Burgos tiene razón. La CEE es una isla dentro de la isla a la que no aplican la mayoría de las reglas por las que tiene que regirse el resto del país. Es la única agencia en la que está permitido el discrimen político, porque allí si no se tiene la insignia de un partido, no se puede trabajar. Es la única agencia que no tiene trabajo, salvo el que realizan tres o cuatro meses antes de un evento electoral.

Y, encima de eso, en un giro solo comprensible en este país de locos, en una acción que parece diseñada para poner a prueba la capacidad de indignación de los puertorriqueños, parece ser la única agencia que va a sobrevivir intacta el terremoto de recortes, supresiones, reorganizaciones y sacudidas que está recibiendo todo el aparato estatal a causa de la crisis fiscal que se nos prendió hace años como una plaga bíblica.

Los niños pobres que iban a 167 escuelas públicas que serán cerradas en agosto ya sienten en carne propia la crisis. La Universidad de Puerto Rico (UPR), esa fábrica de conocimiento, desarrollo económico y libertad, está atravesando el momento más duro de su larga y gloriosa historia y puede hasta que deje de existir a causa de este tiempo de desplomes.

Los pacientes del plan de salud del gobierno no tendrán a su disposición decenas de medicamentos a partir del próximo año fiscal y cabe la posibilidad de que todo el sistema colapse en la primera mitad del año próximo.

Los pensionados del gobierno están amenazados de un recorte de sus ya raquíticas pensiones. Cuelga aún sobre los empleados públicos, como el fulgurante filo de una guillotina a punto de caer, la amenaza de un recorte del 20% de su jornada. El bono de Navidad también está en peligro.

La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, dijo el viernes que el recorte que le hicieron a su agencia le deja inoperante y sin capacidad para cumplir sus deberes constitucionales, entre los que se encuentra la nada insulsa tarea de probarle casos a los criminales.

Al Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) le quitaron el 75% de la aportación que recibe del gobierno, dinero que reparte entre las federaciones que preparan a los atletas que defienden con honor nuestra bandera en tierras extrañas.

Las organizaciones sin fines de lucro que atienden a toda suerte de desamparados a los que el gobierno deja abandonados van a sufrir un recorte del 40% de lo que hasta ahora recibían. Miles de empleados transitorios se van el 30 de junio para la fila del desempleo.

La lista es interminable.

O, mejor dicho, no es interminable. Termina en la CEE.

El presupuesto del año fiscal 2017-18, aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal que supuestamente venía a acabar con estos abusos, dispone para la CEE una asignación de $30 millones. Es verdad que es menos de la mitad de los $73 millones que tenía asignados en el año en curso, pero recordemos que con ese dinero la agencia organizó las elecciones generales del año pasado, incluyendo las primarias.

Treinta millones de dólares son un mundo cuando se considera que, luego de terminar en los próximos días con los trámites relacionados a la consulta de status, los empleados de la CEE no tienen más qué hacer hasta las próximas elecciones.

Son más de un mundo, son una galaxia, cuando se considera todo lo que se le ha recortado a medio mundo con necesidades esenciales en este tiempo de crujir de dientes que vivimos.

Los $30 millones, además, son apenas un suspiro menos que lo que se le asignó en los pasados años.

En el presupuesto 2013-14, la CEE gozó de $32.3 millones. En el 2014-15, ascendió a $33.8 millones y en el 2015-16 a $34.9 millones.

Durante el cuatrienio pasado, no hubo ni un evento electoral, pero en la CEE quemaron durante ese período la escandalosa, ofensiva, intolerable e inmoral cifra de $101 millones.

Lo quemaron, sí, pues no podemos olvidar que al acercarse las elecciones de 2016 la presidenta, Liza García Vélez, andaba por ahí quejándose de que no tenía dinero para papeletas y hasta que hubo que asignarle extra para las primarias del verano de 2016.

¿Qué hace la CEE cuando no hay elecciones? ¿En qué se ocupan sus más de 700 empleados?

Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Un expresidente decía hace un tiempo que ni él mismo tenía claro qué hacía toda esa gente.

La CEE tiene 104 juntas de inscripción permanente, en las que día a día hay tres empleados (uno por cada partido inscrito) viviendo el sopor de estar todo el día detrás de un escritorio, haciendo sabe Dios qué, por si a alguien por casualidad se le ocurre, dos o tres años antes de las elecciones, ir a hacer un trámite relacionado con su status electoral.

¿Qué hacen los comisionados electorales, que ganan $6,666 mensuales por un trabajo, valga decirlo, a tiempo parcial? ¿Qué hace la presidenta, que tiene un salario mensual de $10,000?

¿No resulta esto una ofensa intolerable a un pueblo que está sufriendo tanto por la precariedad de estos años?

¿No es hora de ponerle coto a este abuso, cerrar la CEE, dejarla con un personal administrativo mínimo, pero mínimo de verdad, asignar al resto nuevas funciones y volver a abrirla, si quieren, un año antes de las elecciones, aunque los comicios muy bien pueden organizarse en seis meses?

¿No es este un reclamo que el pueblo puertorriqueño lleva demasiado tiempo haciendo?

¿Qué hayen la conciencia de los que toman estas decisiones, que le quitan sin contemplaciones las medicinas a los enfermos de la reforma de salud, el acceso a la educación de calidad a los pobres y el empleo a los transitorios, mientras le asignan decenas de millones de dólares a una estructura inútil quietecita, para que sigan gozando sus regentes de sus cómodas y amplias oficinas en su moderna sede de Hato Rey y de una flota de lujosos vehículos que serían la envidia de los trabajadores sociales del Departamento de la Familia que están metiéndose día y noche en cuanto escondrijo hay en este país salvando las vidas de niños maltratados, en las carcachas que le puede pagar esa agencia o a veces hasta en los suyos propios?

Es, francamente, imposible pensar en estas cosas y no sentir uno que algo le arde por dentro.

Creíamos, algunos, inocentes que somos, creyendo que todos tenemos al menos un poco de pudor, que esto de la CEE que hace años debió terminar acababa, al fin, con la crisis.

Pero subestimamos, de nuevo, la fuerza del carifresquismo.

(benjamin.torres@gfrmedia.com. Twitter.com/TorresGotay, Facebook.com/TorresGotay)