El jueves 26 de abril de 2012, este periódico publicó un artículo que empezaba así: Si las finanzas públicas siguen en la dirección actual a Puerto Rico le quedan, como mucho, tres años antes de enfrentar la insolvencia e incluso una posible intervención federal, según reputados economistas entrevistados por El Nuevo Día. De materializarse este cuadro, la Isla, al igual que le pasaría a una familia que se queda sin recursos, tendría que decidir qué paga y qué dejar sin pagar.

La advertencia estaba hecha, en términos clarísimos. Pero no fue escuchada, ni por el gobierno de entonces, el de Luis Fortuño, ni por el que le siguió, el de Alejandro García Padilla, que en estos días rinde cuentas ante el Comité de Transición del gobernador entrante, Ricardo Rosselló.

Durante los años siguientes, las noticias tremebundas siguieron sucediéndose con frecuencia de vértigo. El 19 de febrero de 2014, en una conferencia con bonistas, el Gobierno dijo que no disponía de dinero para continuar operando más allá del 2015. Un día antes, había revelado que el déficit, que puede subir o bajar según el ánimo de quien decida qué cuenta para el cálculo, iba por $820 millones.

El 9 de mayo de 2015, un informe del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) ante la Junta Reglamentadora de Valores Municipales de Estados Unidos, basado en estimados preliminares de los asesores Conway Mackenzie, establecía que el Gobierno encaraba para un déficit de efectivo de $2,400 millones. La entonces presidenta del BGF, Melba Acosta, respondió “sí, eso es lo que es”, a la pregunta de la periodista Joanisabel González de si a raíz de ese informe el Gobierno preveía el cuadro de insolvencia que finalmente ahora asoma sus fauces en el horizonte isleño.

El 29 de junio de 2015, se publicó el ya famoso informe de la economista Anne Krueger, que pintó un cuadro dantesco de las finanzas públicas, dio paso a que el gobernador García Padilla declarara impagable la deuda y, además, fue usado en algunos sectores del Partido Nuevo Progresista (PNP) para argumentar que el Gobierno exageraba la gravedad de la situación fiscal con el propósito de “no pagar la deuda y seguir gastando”.

Este año, en que estábamos entretenidos con la alegre campaña electoral, no dejaron de seguir brotando, como aguas negras de salideros, informes sobre el estado de las finanzas públicas. El 22 de abril, por ejemplo, los directores de los sistemas de retiro del gobierno central y de los maestros dijeron que se les agotaba aceleradamente el dinero y empezaban a liquidar inversiones para poder pagar.

El 1 de julio se publicaron los largamente retrasados informes financieros auditados del ELA que revelan que el Gobierno gasta mucho más de lo que ingresa y que sus operaciones son insostenibles.

Además, el 17 de octubre, cuando el país estaba embrujado por una campaña electoral que parecía diseñada para hablarle a un país rico, salió una nota en este periódico que decía que las proyecciones del déficit acumulado, que ya se fijaba en cientos de millones de dólares, iba a agravarse tremendamente cuando agencias, corporaciones públicas y municipios tuvieran que registrar en sus presupuestos pagos que por años no habían hecho a pensionados.

El 23 de octubre, en otra noticia cuya resonancia fue tragada por el ruido de los jingles y las caravanas, este periódico reveló que las proyecciones de la administración García Padilla eran que para el 2026 el déficit acumulado alcanzaría la espantosa cifra de $56,000 millones.

Unos cuantos días después, expertos deçían a El Nuevo Día que el plan fiscal presentado por el gobernador García Padilla a la Junta de Supervisión Fiscal no servía porque “parte de supuestos macroeconómicos incorrectos y propone medidas correctivas tardías e insuficientes para atender el cuadro fiscal y económico de Puerto Rico”, más o menos las mismas razones por las que fue rechazado por la Junta el pasado 18 de noviembre, ya pasadas las elecciones.

La escritura, como dicen, estaba en la pared. Ríos de tinta y pixeles en este y en otros medios venían revelando por años la crisis fiscal en sus más espantosos detalles. Millones más, millones menos, ninguna persona sensata debía tener duda de que estamos ante un Gobierno cuyas operaciones en la manera en que se conducen ahora son insostenibles.

Lo que pasa es que la sensatez no es una moneda que valga mucho en tiempos de elecciones y el que tuvo la mala fortuna de ganar, Ricardo Rosselló, quien se presentó a las elecciones con un programa de gobierno de 227 páginas con todo tipo de promesas rimbombantes bajo el brazo, finge ahora asombro al enterarse en las vistas de transición de algunos detallitos adicionales que abonan a lo que todos, incluyéndolo a él, sabíamos hace mucho.

Los directivos del Comité de Transición, Elías Sánchez y William Villafañe, han estado muy bien cuestionando en las vistas la opacidad y las maniobras administrativas con las que se han conducido los asuntos financieros del Estado. De alguna manera, hablan por todos los que nos hemos escandalizado por la manera en que este y otros gobiernos continuaron tratando de ocultar cuanto se podía ocultar, y maniobrando más allá de lo prudente, para no enfrentar la dolorosa realidad de que el Gobierno cuesta más de lo que podemos pagar.

Lo que resulta asombroso es que, con todo lo andado y lo escrito, parezca que vayamos a estar de nuevo ante un gobernante, como los pasados tres, diciendo que no sabía cuán grave era la situación para una vez en el poder hacer todo lo contrario de lo que dijo durante la campaña.

La excusa de ocasión es un informe del Departamento del Tesoro, también dado a conocer en estos días, que fija el monto del déficit al final de este año fiscal en $4,600 millones –entre otras cosas porque le suma la deuda con los suplidores que hace tiempo se sabe que es multimillonaria– y que dice que hace más de un año el Gobierno no tiene dinero yfunciona sustrayendo de las cuentas de retiro de los empleados públicos.

Esos son detalles que desconocíamos, pero que no le están diciendo a nadie lo que como quiera sabíamos.

La situación en que está el gobernador electo Rosselló no es fácil.

Dijo en toda esquina en la que paró durante la campaña que él tenía un plan listo para echarlo a andar el primer día, que incluía, entre otras cosas, la consolidación de 78 agencias públicas. Pero el plan contaba con futuras asignaciones federales y la Junta ya dijo, alto y claro, que no aceptará planes que incluyan dinero de Estados Unidos que no ha sido aprobado y en algunos casos ni siquiera solicitado.

O sea, que ahora está como cuando en sus tiempos de estudiante llevaba encantado el ensayo a su profesor, el profe le echaba una mirada escéptica y se lo devolvía diciéndole “nice try”.

En aquellos tiempos, podía decir, quizás, que “no sabía”.

Ahora, no es un examen en la universidad. Es el destino de Puerto Rico el que está en juego. Y, ante los mares de tinta y pixeles que se han derramado este cuatrienio en este y otros medios, decir “no sabía”, francamente, no se vale.

(benjamin.torres@gfrmedia.com, Twitter.com/TorresGotay, Facebook.com/TorresGotay)