En diciembre del año pasado, cuando estalló la bomba de las acusaciones por el escándalo encabezado por Anaudi Hernández, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, ordenó una auditoría del contrato que había tenido el tristemente notorio recaudador popular en el cuerpo legislativo y que estaba en el centro del caso federal.

Han pasado 299 días desde aquella explosiva mañana del 3 de diciembre de 2015 y todavía no se sabe qué hallazgo, si alguno, hubo del examen de la hedionda transacción que llevó al exadministrador de la Cámara, Xavier González; al ex director de tecnología del cuerpo legislativo, Víctor Burgos y al empleado administrativo Glen Rivera a caer en las densas redes del sistema penal del Gobierno de Estados Unidos.

Los primeros dos se declararon culpables. El tercero está en estos días sentado en el banquillo de los acusados en la sala del juez federal Pedro Delgado. Hernández hace rato que también alzó las manos reconociendo su culpabilidad en este y otros crímenes.

No se sabe el resultado de la auditoría de Perelló, pero no hace falta. Ya no está en disputa el hecho de que en la Cámara de Representantes se arregló una subasta para beneficiar a Hernández, quien era amigo personal de Perelló y miembro de su comité de finanzas y que el contrato fue un fraude que le costó al quebrado Gobierno del Estado Libre Asociado cerca de $300,000.  El cuadro telefónico que fue contratado nunca sirvió y se siguió pagando por éste meses después de que se supiera que no servía.

Lo que está disputando la defensa de Rivera, el único que no se ha declarado culpable en la parte de la conspiración que tiene que ver con el contrato en la Cámara, no es que estos hechos no hayan ocurrido; es que él no es responsable. Este fraude se perpetró bajo la incumbencia de Perelló, por personas que él puso en esos puestos porque eran de su más extrema confianza. En el caso de Hernández y González, eran sus amigos personales y miembros de su comité de campaña.

No hay siquiera que revolver la justa duda de cómo es posible que esto haya ocurrido sin que él lo supiera. No hace falta. Basta entender que si no sabía, debía saber. Y si no sabía lo que debía saber, algún precio tiene que pagar. Esto es lo que no están viendo, porque no pueden o porque no quieren, los que dicen que Perelló no tiene que renunciar porque no ha sido acusado, ni es, que se sepa, objeto de investigación alguna. Estos no son rumores, ni chismes. Son hechos ya comprobados.

Perelló no ha cometido, que se sepa hasta ahora, ningún delito criminal. Por eso, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier ni los legisladores populares o figuras de la oposición que piden su renuncia a la presidencia de la Cámara, están pidiendo que lo metan preso. Lo que están pidiendo es que pague el precio político por lo que, en el mejor de los casos, es una brutal negligencia en el manejo de nuestros preciados fondos públicos.

De eso, por el momento, nadie sabe mañana, es que se trata esto.

(benjamin.torres@gfrmedia.com, Twitter.com/TorresGotay, Facebook.com/TorresGotay)