E l gobernador Alejandro García Padilla llegó de repente a la sala de prensa de La Fortaleza el viernes poco antes del mediodía, saludó con un apretón de manos a su gran amigo Jesús Manuel Ortiz, oficial de Asuntos Públicos de La Fortaleza, que en ese momento daba declaraciones a los periodistas, se paró ante el podio y disparó. “Pongo mis manos en el fuego”, fue lo menos que dijo.

Se refería, con eso de poner sus manos en el fuego, a su hermano, Luis Gerardo García Padilla y al propio Ortiz, quienes son parte de un grupo de allegados suyos que en las últimas semanas han tenido que rendir cuentas ante un gran jurado que investiga las actividades de recaudación de fondos del Partido Popular Democrático (PPD) y a las aparentes influencias indebidas que ejercieron en las contrataciones en el Gobierno otras dos figuras muy cercanas a él: su amigo Anaudi Hernández y el excomisionado electoral del PPD, Eder Ortiz.

El gobernador negó que alguna vez a él se le haya hecho una petición ilegal, dijo que ponía sus manos en el fuego por su hermano y por Ortiz, afirmó que en su casa se le enseño que “primero se come piedra que roba’o” y aseguró que está dispuesto a ir a cualquier foro a defender su integridad y la de los suyos. Pero también dijo una frase que, si bien es lo que se espera que diga un líder, puede que, a consecuencia de los infinitos dobleces, puertas falsas y túneles secretos que tiene un gobierno tan caótico como el nuestro, termine pesándole mucho: “Todo lo sucede en mi gobierno yo asumo toda la responsabilidad”.

La escena de un gobernador cuya gestión es empañada por sospechas o insinuaciones de corrupción en su entorno más cercano trágicamente se nos ha convertido en una pesadilla demasiado familiar para los puertorriqueños de bien. Es lo que ha pasado, de hecho, con todos los gobernadores aquí en los últimas tres décadas, menos con Sila María Calderón.

Pedro Rosselló, como sabemos, vio caer presos a su secretaria personal, a su director de campaña, a su subsecretario de la Gobernación, a su secretario de Educación y a su presidente de la Cámara de Representantes, entre muchos otros. Aníbal Acevedo Vilá fue arrestado estando en funciones y aunque después salió absuelto, nueve de sus co-acusados se declararon culpables sin ir a juicio. Una pesquisa en proceso ahora mismo dirigida desde las oficinas del Departamento de Justicia en Washington tiene la mira puesta en un personaje muy cercano al exgobernador Luis Fortuño. Y está, ahora, la conmoción que vive el país por desfile ante el gran jurado de allegados a García Padilla.

Al exfiscal federal Guillermo Gil se le atribuye haber dicho una vez que la corrupción en Puerto Rico tenía nombre y apellido, el Partido Nuevo Progresista (PNP). Pero eso es un gran malentendido histórico y este parece un buen momento para aclararlo. Gil, en aquel momento, el año 2000, daba detalles del esquema de corrupción que llevó a la cárcel al entonces director ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), Edgardo Burgos y al exalcalde de Villalba, Bernardo Negrón, entre otros. Se le preguntó a donde iba a parar el dinero traficado ilegalmente en el CRIM y Gil respondió: “En este caso, eso tiene nombre y apellido: el Partido Nuevo Progresista”.

Los años antes y después de la expresión de Gil han demostrado que la corrupción es una bastarda a la que no se le puede atribuir un solo apellido, pues rojos y azules nos han cubierto de vergüenza con esto prácticamente a partes iguales. Pero, si nos vemos obligados a ponerle un apellido, sería, sin duda alguna, y por decisión unánime de todo el que vea esto sin la venda verde que tienen en los ojos los que tienen la conciencia comprada, el que sigue a continuación: el financiamiento de las campañas políticas y las leyes de embuste que lo regulan.

Ese es el hilo de Ariadna que nos conduce a través del laberinto de la corrupción y que hace encajar unos casos con otros como las piezas de un rompecabezas: la voraz necesidad de dinero que tienen los políticos para sufragar los estratosféricos costos de las campañas políticas atraen hacia a ellos a toda suerte de personajes siniestros que sueltan billete gordo y pesado esperando después participar del apetitoso bizcocho del presupuesto público, que aunque está ahora mismo más raquítico que una vaca en tiempo de sequía, sigue siendo de un irresistible atractivo para golosos sin escrúpulos.

Esa es la trama central de todo este drama. Es la misma que llevó a la cárcel a medio mundo durante el gobierno de Rosselló, que sentó a Acevedo Vilá en el banquillo de los acusados y que tiene a los últimos dos gobernadores sudando frío.

Nos da en la cara esto una y otra vez y no aprendemos.

La semana pasada, el periodista Jay Fonseca reveló en su programa de televisión que más de la mitad de las inmensas cantidades de dinero que ha recaudado Ricardo Rosselló, precandidato del PNP a la gobernación, son en efectivo, que ha sido en el pasado la forma en que las serpientes que compran a los políticos disfrazan sus aportaciones ilegales. No hay ninguna ilegalidad probada contra Ricardo Rosselló. Pero al joven candidato se le vio desencajado y evasivo cuando se le confrontó con dichos datos. “Aquí siempre se han hecho campañas en ese son”, dijo Ricardo Rosselló, ignorando o minimizando que ese precisamente es el problema, el “son” en que se hacen campañas aquí.

Tenemos con esto, como puede verse, una tarea urgente. Ahora que está empezando la campaña es un buen momento para tratar de arrancarle esa verruga a nuestro modelo de hacer política. Los tribunales de Estados Unidos, cuyas decisiones nos aplican, han decidido que dar dinero a políticos es un derecho constitucional. Pero nada obliga a los candidatos a aceptarlos. Si hay voluntad, si de verdad los que corren ahora son, como tanto les gusta vociferar, diferentes, si hay el genuino deseo de seguir evitándole estas vergüenzas al pueblo de Puerto Rico, se puede hacer.

¿Quién se atreve? Velemos.

(benjamin.torres@gfrmedia.com, Twitter.com/TorresGotay, Facebook.com/Torres Gotay)