Por Benjamín Torres Gotay

Hay un bolero viejísimo, favorito de los karaokes y las bohemias, pegajoso y apasionado, que dice: “tú tienes que ayudarme a conseguir, la fe que con engaños yo perdí”. Ese verso, del genio del coameño Bobby Capó, se lo está susurrando el pueblo al gobernador Alejandro García Padilla y al secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, ahora que, otra vez, quieren meternos en una supuesta transformación del sistema contributivo que, de nuevo, viene aderezada con la promesa de que en esta ocasión sí tendremos un modelo tributario justo.

Son tantas las veces que hemos oído promesas rimbombantes así, es tan prolongado el abuso al que han sido sometidos los sectores productivos del país y ha sido tan patente la incompetencia de este y otros gobiernos para diseñar un modelo tributario de verdad justo y efectivo, que el país, simple y llanamente, no cree la promesa de que, esta vez, sí tendremos un sistema contributivo que sirva.

Estamos, pues, como en el título del famoso bolero de Bobby Capó: con “poquita fe”.

El corazón de la nueva propuesta es la idea de sustituir el Impuesto de Ventas y Uso (IVU), por un nuevo tributo al consumo conocido como Impuesto al Valor Agregado, o IVA.

La diferencia principal entre ambos modelos es que el IVU lo paga el consumidor al final de la cadena de distribución, mientras que el IVA se va tributando en parte en cada etapa de la cadena de distribución. La idea del Departamento de Hacienda es que el IVA tiene unas garantías de captación que superan a las del IVU, que apenas llegan al 70%, porque, al irse cobrando en cada etapa de la cadena de distribución, los componentes de esa cadena se fiscalizan unos a los otros. No se sabe todavía de cuánto va a ser el IVA, pero se habla de 14, 16 y hasta 18%.

Son números, como puede verse, aterradores.

Pero la propuesta viene acompañada de una rebaja sustancial en las tasas de contribución sobre ingresos. Según el secretario Zaragoza, la filosofía del nuevo sistema es que se tribute más por lo que se consume que por lo que se gana.

Zaragoza está en guerra con las excepciones y ha dicho que planteará en la Legislatura que nada esté exento del nuevo tributo, salvo, quizás, los medicamentos recetados.

Conceptualmente, el IVA no es un mal sistema. Por algo es el que usan casi todos los países del mundo. Expertos aquí han dicho por mucho tiempo que ese es el sistema que necesitamos. Por ejemplo, en 1998, el Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) publicó una investigación del economista Evaldo Cabarruoy en la que se identificó al IVA como la mejor alternativa contributiva para Puerto Rico.

Obviamente, todo producto o servicio, menos los que al final resulten exentos, serán más caros que ahora. Se ha hablado de reembolsos, créditos y otros métodos para compensar a los que salgan más afectados. Además, la confianza de Zaragoza es que, al sopesar los aumentos de precios versus la rebaja tributaria, el contribuyente al final no resultará tan afectado.

Hasta ahí, todo bien.

En la retórica primorosa y carente de todo matiz en la que suelen teorizar los gobernantes de turno aquí, no parece mala idea la vaína esa del IVA. Las complicaciones, las tremendas y monumentlaes complicaciones, vienen cuando se contrasta la bella teoría con lo que ha sido la fea práctica aquí, en Puerto Rico, no en Noruega ni en ningún otro lado, por décadas.

Para echar a andar sin sobresaltos una iniciativa de la magnitud del IVA, para que el país acepte de buena gana los inevitables contratiempos que conlleva un cambio de esta magnitud, el estado necesita de la confianza del público. Por razones absolutamente legítimas, el nivel de esa confianza hoy está en negativo.

No es solo la incompetencia de siempre para las cosas más simples, como renovar una licencia de conducir. No es solo tampoco que el Departamento de Hacienda, que tendrá a su cargo la administración del IVA, haya demostrado mil veces su incapacidad para emprender cualquier iniciativa, como demuestra el hecho de que, casi ocho años después de implantado, el IVU no haya tenido nunca un funcionamiento óptimo o los fiascos que sufrió recientemente en dos iniciativas muchísimo menos complejas que el IVA: el cobro del IVU en los muelles y el impuesto de 2% a las remesas.

Ojalá y fuera solo eso. Pero no lo es.

La ruptura es mucho más grave y harto más honda la herida.

Las relaciones entre gobierno y ciudadano se dan en virtud del llamado “pacto social”, que a grandes rasgos significa que el pueblo entrega al estado, en la forma de sus contribuciones, parte de su patrimonio, a cambio de protección del bien común y de servicios públicos.

Ese pacto social fue quebrantado aquí hace años, como demuestra el historial del despilfarro de los recursos del país, de favoritismo y de corrupción en que ha incurrido gobierno tras gobierno y que tiene al Estado hoy en quiebra y que, además, obliga al ciudadano a pagar de su bolsillo por educación, salud y seguridad privadas, bienes esenciales de la vida en sociedad y que se supone hubiera sufragado con sus contribuciones.

El país ve y siente, aunque casi nunca lo demuestre.

Y ha visto y ha sentido como el estado lo exprime a cambio solo de desengaños, como los que sufre cada vez que ve que, mientras escasean los fondos para todo lo importante, hay contratos millonarios para amigos como Anaudi Hernández y los Crespo en este gobierno, y a Pedro Ray Chacón y Edwin Miranda en el pasado, entre incontables otros.

“Comprende que mi amor burlado fue tantas veces, que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe”, cantaron todos los que han interpretado el famoso bolero de Bobby Capó. Y eso mismo le está cantando hoy el pueblo a García Padilla y a Zaragoza, justo en el momento en que más necesitan, no de poquita, sino de mucha fe en este nuevo invento en que nos van a meter.

(benjamin.torres@gfrmedia.com, Twitter.com/TorresGotay)