Lo dicen con una franqueza que hiere, las tres agencias clasificadoras en lenguaje casi idéntico: el crédito del pueblo puertorriqueño se hundió aún más en la categoría de chatarra la pasada semana porque en la comunidad financiera existe el temor de que, en este tiempo aciago de estrechez y crujir de dientes, el Gobierno de Puerto Rico decida atender las necesidades del público antes que pagar la deuda. 

Moody’s, la primera que se tiró al charco, fue la que más claro lo dijo. Al explicar porqué incluyó en la degradación los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), que tenían mejor clasificación porque están respaldados por los recaudos del IVU, indicó: “esto refleja su mayor susceptibilidad a cualquier acción que perjudique los reclamos de los bonistas sobre los ingresos del impuesto a las ventas si el gobierno decide invocar sus poderes de establecer política pública y proteger la salud y la seguridad del público general antes que a los bonistas”. 

Quedó ahí, establecido en un lenguaje de una crudeza a la que aquí no estamos acostumbrados, cuáles son las corrientes que desde lo profundo agitan los ánimos de las casas acreditadoras. 

Es tan grande la deuda, y son tan débiles las finanzas del gobierno, que ya no es descabellado pensar que en algún momento la administración tendrá que elegir entre pagar o dar servicios esenciales.

Vean cómo es esto:

El Gobierno tiene una deuda de $72,000 millones, la cual consume cantidades monumentales de nuestros limitadísimos recursos, un 16.2% del total del presupuesto, según un estimado difundido esta semana por el Centro para la Nueva Economía. 

Para que tenga una idea más clara del espanto al que esto ha llegado, véalo de esta manera: para el año fiscal que recién comienza, el Gobierno tiene que pagar $4,552 millones para el servicio de la deuda. 

Esto es $1,144 millones más de los que se destinan a las escuelas públicas; el doble de lo que se paga por la tarjeta de salud;  el triple de lo que cuesta operar la Universidad de Puerto Rico (UPR) y cinco veces más que el presupuesto de la Policía. 

No hay que tener un premio Nobel de economía para entender que algo  profundamente disfuncional hay en un país en el que se paga más en deuda que lo que se dedica a educación, salud y seguridad, las tres necesidades más esenciales de toda sociedad. 

Aunque desde la Legislatura surgen ocasionalmente reclamos de que se intente renegociar la deuda para tratar de obtener términos menos onerosos, el gobernador Alejandro García Padilla y sus asesores económicos ni pa’ Dios siquiera insinúan que dejar de pagar o pedirle misericordia a los bonistas está en sus planes. 

Sin embargo, aprobaron en un día la llamada ley de quiebra criolla, que autoriza a las corporaciones públicas a acogerse a la quiebra. Una de las primeras consecuencias de acogerse a la quiebra, como se sabe, es que se renegocia la deuda. 

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), cuya deuda es de cerca de $10,000 millones y que es la primera, pero seguramente no la única, que se va a desmoronar, ya empezó a andar esta escabrosa ruta al no poder cumplir en días recientes  sus compromisos con bancos locales.  

Para las casas acreditoras, esto marcó un rubicón: ellas entienden para el Gobierno ya no es dogma pagar a como dé lugar, sino que ha empezado a acomodarse para, quizás en algunas instancias, tratar de renegociar. Por eso las degradaciones de los últimos días. Son, esencia, una amenaza: si haces aguaje de no pagar, te las vas a ver con el temido Don Wall Street, fueron lo que dijeron las casas acreditadoras. 

Endiablado panorama el que enfrentamos porque, todo el que ve esto sin pasión y no le teme a la vida, sabe que tarde o temprano , por más vueltas que se le dé, hay que buscar cómo quitarle al país de encima la inmensa piedra de esta descomunal. 

No es posible sobrevivir teniendo que destinar tanto y tanto a pagar deuda, sin que nuestras instituciones, y con ellas la sociedad, se sigan deteriorando aún más por la crónica falta de recursos.

Por eso es que hay menos escuelas, maestros, trabajadores sociales, carreteras en estado óptimo y patrullas para la Policía, entre otros recursos esenciales para el país, porque el dinero que se puede destinar a ellos hay que destinarlo al pagar la deuda en que nos metieron nuestros gobernantes para hacernos creer que éramos un país rico. 

No va a ser fácil. 

Argentina, que es un país soberano, dejó de pagar su deuda en el 2001 y alcanzó acuerdos con la mayoría de sus acreedores en el 2005. 

Pero todavía libra arduas batallas en los tribunales estadounidenses con manejadores de fondos con los que no ha podido pactar. La ruta de Puerto Rico, una colonia sujeta a los poderes plenarios del Congreso de Estados Unidos y a las leyes bancarias y financieras de ese país, será, sin duda, muchísimo más ardua. 

Mas, al parecer, en este momento hay muy pocas opciones. La debilidad de la economía, la emigración masiva, el deblitamiento de las instituciones a causa de la falta de recursos, todo eso va a hacer que cada día la deuda pese más y que sea más difícil cumplir. Ya las casas acreditadoras lo vieron. El mundo financiero tratará de evitarlo a toda cosa, pero incluso ellos saben que esa es la ruta que, tarde o temprano, habrá que emprender. 

Los bonistas no son extraterrestres. Son gente de carne y hueso, asalariados en muchas ocasiones, que invirtieron sus ahorros en bonos relacionados al Gobierno de Puerto Rico. Es verdad que si hubieran tenido el ojo bien afinado habrían visto la ruta decadente que llevan las finanzas de Puerto Rico hace décadas y hubieran puesto su billete en otro lado. 

Pero, al final, pactan. Todo el que ha estado en situaciones financieras complicadas lo sabe: al acreedor prefiere renegociar a perderlo todo. 

Hacen falta valientes, pues, que vean las cosas como son, y no como ellos quisieran que fueran.

(benjamin.torres@gfrmedia.com, Twitter.com/TorresGotay)