Vísteme despacio, que voy de prisa”. Ese refrán, muy conocido sobre todo en el sur de la Isla, de donde procede el que escribe esta columna, resume de manera magistral el desenlace que tuvo esta semana la prolongada polémica por la reforma al sistema de retiro de maestros.

El plan fue diseñado entre los miembros del equipo económico del gobernador Alejandro García Padilla y algunos allegados. 

Se decía que no existía tal proyecto y, de repente, como por efecto de un sortilegio, apareció la medida que fue aprobada en pocos días, en sesiones de madrugada, en plena Navidad, con el obvio y cuestionable propósito de neutralizar la oposición del liderato de los maestros y maestras. 

Tras la aprobación, los principales líderes del gobierno respiraron aliviados. La reforma al retiro de maestros era una de las exigencias que habían hecho las casas acreditadoras para no degradar a chatarra el crédito de Puerto Rico. 

Sorpresa: el crédito fue degradado comoquiera. Sorpresa: como está diseñada la medida, no es solo que no garantiza la solvencia del sistema de retiro de maestros, como se había pretendido, sino que  acelera su insolvencia. Según decidió el viernes el Tribunal Supremo, el Gobierno no tomó en cuenta el efecto que tendría en el sistema el retiro de miles maestros a consecuencia, precisamente de la ley.

 O sea, si no se hace nada con el retiro de maestros, el sistema quiebra en el 2020. Con lo que se hizo, y tomando en cuenta los retiros de miles de maestros que se cree saldrán en estampida para evitar que les apliquen las nuevas reglas, quiebra en el 2018. Ese fue el planteamiento que hicieron los representantes de los maestros en la corte y ese fue el argumento que acogió e hizo suyo la mayoría del tribunal para decidir el viernes contra la reforma.

El Gobierno puede, y de seguro lo hará, rebatir los argumentos acogidos por el tribunal. Puede, y también lo hará, decir que fue una decisión política hecha por jueces leales al Partido Nuevo Progresista (PNP).

Pero eso será en la corte de la opinión pública, en la que no se decide nada, porque donde se decide ya perdió. Aunque es cierto que algunos jueces se han comportado en instancias anteriores  como políticos y no como juristas, en el caso de los maestros la decisión está fundamentada en argumentos matemáticos muy sólidos que solo se pueden rebatir con otros argumentos matemáticos que no fueron creídos por la corte.

 Queda, entonces, aprender la lección. Y hay varias lecciones muy importantes para aprender aquí. 

La primera es cogerlo con calma y escuchar con mente abierta a todo  el mundo cuando se vuelva a la mesa de dibujo a diseñar una nueva reforma del sistema de retiro de maestros. Ninguno de los interesados en esta controversia quiere el mal de Puerto Rico. Ninguno quiere el mal de los maestros. De donde menos se imagina puede surgir la gran idea. Oigan y acojan, por hacer eso no ha muerto nadie.  

La otra gran lección es que no se puede seguir siendo rehén de las amenazas de las casas acreditadoras. La reforma al retiro de maestros y al del gobierno central y los miles de despidos durante la pasada administración, entre otras heridas profundas que se le han infligido al pueblo puertorriqueño durante los pasados años, han sido para complacer a las acreditadoras. 

Aun así, el crédito fue degradado. 

Esto es importante, sobre todo si se toma en cuenta que el viernes, cuando la decisión del Supremo no era siquiera oficial, Standard & Poor’s advirtió de posibles consecuencias negativas  si el Gobierno no logra reformar el sistema de retiro de maestros. 

O sea, sería bueno que el equipo económico de García Padilla tome en cuenta que, a pesar de que hizo justo lo que le pidieron las acreditadoras, el crédito fue degradado, lo cual significa que nada garantiza que, siguiendo otra vez sus órdenes, evitarán un desplome aun mayor de la clasificación de los bonos. 

La otra gran lección es para los miembros del magisterio. Es muy importante que aprendan de una vez y por todas que no hay manera de que  sus pensiones salgan intactas de esta controversia. En la decisión se habla de matemática. Y hay otra matemática que, hasta el momento, nadie ha podido refutar: si no se hace nada, no habrá con qué pagar pensiones en el 2020, dentro de solo seis años. 

Incluso, si le siguen inyectando impuestos al pueblo de Puerto Rico para capitalizar el retiro de maestros, y se sigue con el ritmo de erogaciones que se lleva hasta ahora, no durará mucho más. Los miembros del magisterio son pieza esencial para que Puerto Rico salga de la profunda crisis que atraviesa. Si algo nos va a sacar de esto es la educación y no hay educación sin maestros competentes, con recursos, motivados y bien pagos. 

 Mas el sistema de retiro, como está diseñado ahora, está abocado al fracaso por más impuestos que se pongan en otros renglones para solventarlo, por una razón matemática extraordinariamente elemental: hay mucha más gente sacando del pote que aportando. En el futuro, esa ecuación seguirá complicándose: cada día habrá menos gente aportando y más sustrayendo. 

En fin, todas las partes en esta controversia tienen que mirarse detenidamente en el espejo y comprender que, por el bien del país, cada cual tiene que hacer acopio de valor y de responsabilidad y ceder un poco: el gobierno tiene que hacer las cosas con calma y dejar de bailar al insostenible ritmo que le marcan las casas acreditadoras y los miembros del magisterio tienen que comprender que no hay manera de que salgan de esto sin sufrir ni un poco.

 Puede ser doloroso y puede ser injusto. De seguro lo es. 

Pero, a menos que surja una gran idea, hasta ahora inimaginable, que pueda capitalizar el retiro de maestros de manera que no haya que tocar las pensiones de ninguno de los que ya se jubilaron ni de los que están por hacerlo, no hay manera de resolver esto si no es atendiendo esa endiablada ecuación que tiene al sistema dando mucho más de lo que recibe, desangrándose a borbotones.  

Mentes a la obra, pues. 

(benjamin.torres@gfrmedia.com, Twitter.com/TorresGotay)