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El “no” del gobierno de Trump al referéndum proestadidad

El referéndum estadidad sí o no que legisló el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) incumple la política pública de la administración de Donald Trump.

Para el gobierno de Trump, no está claro que el electorado de Puerto Rico rechace el status territorial de Estado Libre Asociado y la ley firmada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced se presta a engaño al alegar que la consulta permite votar por la admisión inmediata de la isla como estado.

Esas son conclusiones centrales de la carta que el subsecretario de Justicia de Estados Unidos, Jeffrey Rosen, envió el pasado miércoles al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila, para tachar el plebiscito del 3 de noviembre.

Es la segunda ocasión en tres años que el gobierno de Trump- quien, como el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, se opone tajantemente a la estadidad para Puerto Rico-, rechaza una ley de plebiscito aprobada por el gobierno del PNP con el fin de avanzar la estadidad.

Y la tercera ocasión en tres años en que el Departamento de Justicia estadounidense ha advertido que cualquier consulta de status que pida su visto bueno debe presentar todas las alternativas, incluido el status territorial derrotado por el electorado puertorriqueño en noviembre de 2012.

Así lo establecieron en la carta de abril de 2017 cuestionando la ley del plebiscito de aquel año, que el gobierno del PNP celebró sin esperar por la certificación del Departamento de Justicia federal.

Volvieron a fijar esa posición en abril pasado en un informe al Congreso.

El rastro era claro. Pero, el gobierno del PNP puso en bandeja de plata al gobierno de Trump rechazar la consulta, al hacer expresiones rimbombantes sobre el significado del referéndum.

Alegaron que se trata de una consulta para la “admisión inmediata” de Puerto Rico como estado. La respuesta era previsible. Lo comenté en un blog anterior.

Además, pidieron al Departamento de Justicia federal tomar una decisión en 27 días, al imponerle como fecha límite el 30 de junio. Recuerde que desde noviembre de 2018  el gobierno del PNP acogió la propuesta del republicano Rob Bishop (Utah) para celebrar un referéndum estadidad sí o no validado por Justicia federal.

Cuando propuso la consulta, Bishop acentuó que la falta de respaldo del gobierno federal al plebiscito de 2017 permitió a la oposición política impugnar sus resultados.

Esta sería la segunda vez en el cuatrienio que el gobierno del PNP se resiste a enmendar una ley de plebiscito que decidieron consultar con el Departamento de Justicia estadounidense y esperar por una segunda revisión del gobierno de Trump.

Fue el entonces comisionado residente en Washington Pedro Pierluisi, como presidente del PNP, quien promovió – junto al congresista José Serrano- ante el gobierno de Barack Obama el lenguaje que permite al Departamento de Justicia federal, a cambio de $2.5 millones, ayudar a financiar un referéndum de status en Puerto Rico, si las alternativas  y la campaña educativa cumplen con las normas constitucionales, legales y de política pública del gobierno federal.

Para un partido que promovió el lenguaje de la ley federal para vincular al Departamento de Justicia estadounidense con el análisis de las alternativas y la campaña educativa de un referéndum de status- ante la negativa histórica del Congreso a comprometerse con un plebiscito -, las reacciones son contradictorias.

Parecen haber quedado algo aturdidos con este tercer golpe de Justicia federal.En boxeo sería un nocáut.

“La papeleta la determina el pueblo puertorriqueño y el voto lo determina el voto puertorriqueño”, dijo la gobernadora Wanda Vázquez Garced, quien se enfrenta en primarias que concluyen el domingo 9 de agosto al excomisionado Pierluisi por la candidatura del PNP a la gobernación.

Las expresiones de la gobernadora representarían un grito político si estuviese pidiendo la independencia, pero para convertirse en el estado 52 – como diría el congresista demócrata Darren Soto (Florida)-, se requiere el visto bueno de Estados Unidos.

Originalmente, la gobernadora Vázquez Garced dijo a El Nuevo Día que un plebiscito sin el visto bueno del Departamento de Justicia no valía la pena.

Cuando se publicó la historia, el liderato del PNP brincó de sus asientos en San Juan, y horas después la gobernadora echó hacia atrás esa expresión.

Al conocer la carta del Departamento de Justicia federal, Jenniffer González – comisionada residente en Washington, vicepresidenta del PNP y como líder republicana de la Isla favorecedora de la reelección del presidente Trump – dijo que “yo no le voy a pedir permiso a nadie y menos (al Departamento de) Justicia para reclamar mis derechos como ciudadana americana”.

Previamente había dicho que tuvo conversaciones con la Casa Blanca y el Departamento de Justicia sobre el asunto.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, por su parte, mantuvo que “no necesitamos el permiso del Departamento de Justicia federal para lograr la igualdad plena como ciudadanos americanos para todos los puertorriqueños”.

En el caso del presidente del PNP y del Senado, Thomas Rivera Schatz, el senador reaccionó primero a las malas nuevas desde Washington planteando la posibilidad de presentar al electorado un referéndum distinto, en el que además de la pregunta estadidad sí o no, se pudiera votar por ‘separación’ sí o no;  y territorio sí o no.

Al despertar el viernes, había rechazado esa idea. Afirmó que el referéndum va como fue aprobado. Pero, además alegó que el gobierno de Estados Unidos ha rechazado “contundentemente al ELA colonial”.

Lo que ha hecho el gobierno federal en informes de la Casa Blanca y expresiones del Departamento de Justicia es descartar un ELA mejorado como lo han propuesto en el pasado los populares.

Contrario a lo que dice el presidente del Senado, el gobierno federal ha defendido mantener como alternativa la relación colonial y Promesa, es un triste ejemplo.

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