Hasta el viernes, 92,300 personas habían considerado bueno sacar un instante de sus vidas para firmar una petición en internet en la que se reclama que sea auditada la deuda de $70,000 millones que ahoga al Gobierno y que es la causa de las angustias de este tiempo y de las muchas otras que se acercan vertiginosamente con estruendo de meteoritos.

Auditar la deuda es un proceso muy complejo, que puede tomar años de esfuerzos y que no garantiza resultados. Básicamente, se trata de investigar las circunstancias en que se tomaron los préstamos que no podemos pagar, ver si se violaron leyes o buenas prácticas, si hay alguien que pueda ser encausado o si en el proceso se pueden identificar mecanismos para evitar que en el futuro volvamos a caer en un profundo hoyo como este.

Quizás, dicen algunos, hasta podríamos librarnos de ciertos pagos.

En medio de las conversaciones entre el Gobierno y bonistas, del complicado esfuerzo en que está el gobernador Ricardo Rosselló para mantener a flote el Gobierno, y de los brutales recortes que serán anunciados a más tardar a finales de este mes, con lo traumático que eso va a ser para toda la sociedad, puede parecer un entretenimiento poco prudente el dedicarse a revolver el pasado a ver si alguien hizo algo mal.

Puede parecer poco prudente, sí. Es una ruta arriesgada, por supuesto. De que no hay garantía de que se vaya a lograr algo, claro. Pero las acciones que nos llevaron al penoso predicamento en que estamos ahora son un pasado que merece ser revuelto. Es un pasado que está enterrado como una estaca en el corazón de este presente y de los próximos y dolorosos años.

Sea en forma de una auditoría o de una “comisión de la verdad”, así sea solo para poder señalar con nombre y apellido a los que desbarataron nuestro presente y nuestro futuro con sus infames acciones, o para poderles señalar mañana a nuestros hijos el momento exacto en que se desató esta hecatombe, el país merece saber lo que pasó, quién lo hizo y ojalá también se pueda hacer a alguien pagar.

“Llegar a un endeudamiento de este nivel no puede haber sido todo legal. Alguna irregularidad tiene que haberse cometido”, dice la abogada Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, el grupo a cargo del recogido de firmas.

Existe ya, sin que se haya investigado nada, fuertes indicios para concluir que, cuando menos, se violaron varias disposiciones de la Constitución de Puerto Rico relacionadas con la deuda.

La Constitución, por ejemplo, dispone que el pago de deuda no puede ser mayor al 15% de los recaudos del Gobierno durante los dos años anteriores. El único informe que llegó a emitir la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, un organismo creado por la pasada administración y que fue dejado inoperante por el gobernador Rosselló al destituir a sus miembros, dice que los pagos de deuda pueden haber llegado hasta el 25% del total de recaudos.

La Constitución también prohíbe cuadrar déficit con préstamos. La Comisión dice que el Gobierno puede haber emitido hasta $30,000 millones en deuda para cuadrar déficit. Igual, el informe indica que por años el Gobierno podría haber estado financiando deuda con nueva deuda, algo que también la Constitución prohíbe.

La Constitución, que fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos, prácticamente se convirtió en letra muerta con la aprobación de PROMESA, la ley federal que viabilizó la creación de la Junta de Supervisión Fiscal, cuyos poderes están sobre el Gobierno de Puerto Rico. Pero por más de 60 años fue la ley aquí y tal parece que los gobernantes la estuvieron violando inclemente e impunemente sin encomendarse a nadie.

Y esto sin contar que algunos préstamos pudieron haberse hecho haciendo falsas representaciones ante el mercado, lo cual es ilegal y que al parecer es lo que investiga la Comisión de Seguridad y Valores de Estados Unidos (SEC, por siglas en inglés) con relación a dos emisiones de bonos de $1,323 millones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el celebrado préstamo de $3,500 millones hecho por la pasada administración apenas un año antes de catalogar impagable toda la deuda.

Como pueden ver, si estuviéramos aquí hablando de un caso criminal, hay motivos fundados para sospechar que alguien se salió del buen camino. El gobernador Rosselló dice que no se opone a la auditoría, pero destituyó a los miembros de la Comisión porque no serían ellos quienes determinarían la legalidad o ilegalidad de la deuda. Eso es como decir que la Policía no debe investigar sospechas de crímenes porque quien determina legalidad o ilegalidad no son los agentes, sino los tribunales.

El tema de la deuda no es un asunto abstracto, ni lejano. Hay personas de carne y hueso sufriendo intensamente las consecuencias de estas acciones. El descomunal endeudamiento ha empobrecido al país, ha expulsado de nuestra tierra a cientos de miles y amenaza la viabilidad misma del Estado. Pronto, podría haber pensionados en la indigencia, empleados públicos despedidos, servicios que ya no se podrán dar, mucho más.

Esto, en realidad, va más allá de declarar legal o ilegal parte de la deuda o toda la deuda. Eso, al final, puede que no importe tanto, pues como quiera la propuesta de la Junta ya incluye una reducción de 79% en los pagos.

Aquí lo importante es que hay un fuerte olor a trampa en la manera en que nos llevaron al nivel de indefensión en que nos colocó la intolerable deuda. En países de ley y orden, esas cosas se investigan y se pagan.

En los próximos días, el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda llevará a Rosselló las firmas con las que miles han afirmado su voluntad de que esto no se quede así. Puerto Rico es un país pequeño y estamos todos enredados unos con otros. Se mete uno a investigar esto y es casi seguro que se encuentre en el camino a un primo o a un exnovio. En el caso del gobernador, puede que se encuentre hasta a su propio padre.

Aun así, los que firmaron merecen respuestas. Y no van a dejar de esperarlas.

(benjamin.torres@gfrmedia.com, Twitter.com/TorresGotay, Facebook.com/TorresGotay)