Terminados los quince minutos de fama de los que gozó profetizando, con mayor o menor éxito, el resultado de los partidos de la Copa Mundial de Fútbol de 2014, la elefanta Mundi volvió en paz a su rutina de toda la vida. Puede vérsele desde entonces, igual a como se le veía antes, paseando con coqueta parsimonia su espléndida figura de paquiderma por su lote del zoológico Dr. Juan A. Rivero en Mayagüez, en el que ha vivido por 29 años.

A la gente le encanta el movimiento casi industrial con el que desplaza sus 5,500 libras de peso para acercarse a la verja que la separa de la libertad, agarrar con su trompa algún yerbajo que se le ofrezca desde el otro lado y saborearlo con deleite infantil.

A sus 35 años está, como quien dice, en la flor de la vida, pues una elefanta en cautiverio como ella puede vivir hasta 72 años.

Qué bueno es vivir así, comiendo sin trabajar, le ha gritado alguna vez más de un envidioso, pero a Mundi, que se conduce en la vida con la concentrada dignidad de los ascetas, casi nada le importuna.

Es muy improbable que alguien haya pensado que la crisis fiscal de Puerto Rico tenga algo que ver con Mundi. Pero como veremos a continuación, nada está a salvo de la voracidad de este tiempo, incluyendo a Mundi y sus adorables ojos tristes.

Aprobado ya por parte de la Junta de Supervisión Fiscal el plan fiscal del gobernador Ricardo Rosselló, con las importantes modificaciones que lo ajustan a la filosofía del organismo que controla las finanzas de Puerto Rico, la próxima fecha crítica en el horizonte se acerca con tropel de caballos. Ocurrirá entre los últimos días de abril y los primeros de mayo.

En los últimos días de abril, el gobernador Rosselló tiene que presentarle a la Junta el presupuesto del próximo año fiscal, que ya debe incluir algunos de los recortes y nuevas medidas de recaudo con los que hemos sido recetados, para que el organismo lo apruebe. El 1 de mayo, mientras tanto, termina la moratoria impuesta por la ley PROMESA para la presentación de demandas de cobro de parte de los acreedores del Gobierno.

Para evitar la estampida de demandas, 18 emisores de deuda del Gobierno, menos cuatro que están exentos, tienen que llegar antes de esa fecha a acuerdos con varias decenas de fondos de inversión y aseguradoras municipales, de manera que se tengan arreglos de renegociación con dos terceras partes o más de las entidades, personas, corporaciones y fondos a los que este país les debe. Un acuerdo con dos terceras partes de los acreedores obliga a los demás a regirse por el arreglo que se alcance.

Uno pensaría que, con tan poco tiempo disponible, pues hoy faltan apenas 36 días para el 1 de mayo, estarían los 14 emisores de deuda del Gobierno de Puerto Rico negociando 24 horas, siete días a la semana. Pero tal parece que el Gobierno ha decidido arrastrar los pies en este asunto.

Hay informes de que los contactos entre el Gobierno y los acreedores, a los cuales el gobernador Rosselló prometió villas y castillas cuando era candidato, han sido muy esporádicos y superficiales.

El Gobierno pidió esta semana al juez federal Francisco Besosa, quien tiene a su cargo las demandas que se han presentado hasta ahora, que nombre un mediador.

Un representante de los bonistas de obligaciones generales dijo en una carta al director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Gerardo Portela, que no es posible ponerse a esperar ahora por un mediador.

Por otro lado, los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) reaccionaron furibundos ante informes de que el Gobierno pudiera tratar de renegociar su acuerdo, el único alcanzado hasta ahora.

En todo caso, hay en la comunidad financiera la certeza, o el temor, que eso depende de qué lado de la verja se esté en esta controversia, en la que hay tanta puerta falsa que nunca se sabe bien quién responde a quién, de que el Gobierno se ha resignado a que no alcanzará acuerdos satisfactorios con sus múltiples acreedores e intentará que se le permita declararse en bancarrota bajo las disposiciones del Título III de PROMESA.

El Título III de PROMESA es la versión para los territorios de Estados Unidos de la bancarrota que existe para ciudades de estados de la unión bajo el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal.

Esa es una ruta harto peligrosa y complicadísima que meterá a Puerto Rico en un callejón sin salida del que nos tardaremos años en salir.

Bajo el Título III sí, un juez federal, presumiblemente independiente, escucha los reclamos de ambas partes y decide qué se puede pagar y cómo.

El detalle está en que al Gobierno de Puerto Rico no se le da ninguna vela en ese entierro. La Junta decide si autoriza la declaración de bancarrota y, según la ley PROMESA, solo puede hacerlo después de convencerse de que el Gobierno ha negociado verdaderamente de buena fe con los acreedores.

Si la Junta decidiera autorizar la petición de quiebra, el camino tampoco será una vereda de rosas.

La Junta prepara el plan de quiebra. La Junta habla por Puerto Rico y le representa en los procedimientos. La disputa, por lo tanto, sería entre los acreedores y la Junta. El rol de Puerto Rico queda limitado al de un niño que escucha en corte a sus padres disputándose su custodia, sin que se le permita ni siquiera hablar.

Aquí es que vemos lo que tiene Mundi que ver con esto.

Cuando Detroit, el caso de bancarrota de un gobierno que más se parece al nuestro, estuvo en la corte de quiebras, se evaluó vender activos de la ciudad para cubrir sus deudas.

Estuvieron en la mira parques pasivos, el coliseo Joe Louis, sede de su equipo de hockey, las obras del Instituto de las Artes de Detroit, valoradas en $2,000 millones y hasta los animales de su zoológico.

En el camino aparecieron otras soluciones que evitaron medidas tan drásticas, pero esas medidas, que incluyeron, entre otras, la intervención del estado de Michigan garantizando algunas de las deudas y donaciones de fundaciones multimillonarias, no están disponibles para Puerto Rico.

Nadie ha mencionado que se pueda vender a Mundi, ni es probable que vaya a existir interés en la linda elefanta en una época en que los zoológicos han cogido tan mala fama.

Pero sí se ha mencionado por lo bajo que podrían estar disponibles los balnearios y parques pasivos del Gobierno; el coliseo José Miguel Agrelot; el Centro de Convenciones; carreteras, puertos, edificios públicos, toda propiedad estatal que se pueda convertir en dinero líquido como le llaman a corto plazo.

Hasta el Tren Urbano podría caer en la redada si a alguien le interesara ese aparato que corre por ahí como un fantasma, casi siempre vacío, sin llegar a ningún sitio.

Puerto Rico, ya sabemos, cayó con esto de la crisis fiscal en un pantano del que no hay salidas fáciles. Los acreedores tienen a la ley y al Gobierno de Estados Unidos de su parte y dinero ilimitado para pelear en cuanto foro exista o pueda existir por cada centavo. Pero hay unos caminos menos complicados que otros.

La bancarrota parece de los más complicados. Las acciones u omisiones del Gobierno nos están llevando directito a eso.

(benjamin.torres@gfrmedia.com, Twitter.com/TorresGotay, Facebook.com/TorresGotay)