Por Benjamín Torres Gotay

El gobernador Alejandro García Padilla lo dice mirando directo a la cámara, pero sin aspavientos: en Puerto Rico solo 12,000 personas le reportan al Departamento de Hacienda ingresos de más de $150,000 anuales. Según las estadísticas oficiales, dijo el gobernador, el ingreso promedio de los profesionales que trabajan por cuenta propia – esto es abogados, médicos, ingenieros, entre otros – es de $16,500 al año, menos que maestros, policías y otros servidores públicos.

Esas son cifras verdaderamente espantosas. Apuntan a una cultura de rampante evasión contributiva, que es tan común que parece parte del torrente sanguíneo de nuestra sociedad. Son tan escandalosas que tenemos que concluir, con horror, que prácticamente todo adulto puertorriqueño que no sea asalariado cae bajo la sospecha de ser un evasor contributivo.

Quizás es su padre, su hermano, su vecino, su médico, su mecánico, el que le hizo la terraza. Puede ser el que le da los buenos días en el vestíbulo de su condominio, la muchacha de ojos fulgurantes con la que su hijo está de novio, el que le dio un corte de pastelillo en la calle, el que le dio el saludo de la paz en la misa esta mañana.

Si uno se para a la entrada de cualquier centro comercial a mirar a los que van y a los que vienen, se da un alegre paseo vespertino por alguno de nuestros exuberantes suburbios o examina el registro de embarcaciones de lujo en el Departamento de Recursos Naturales, entiende cuán desconectadas de la calurosa realidad de nuestro país están las cifras del Departamento de Hacienda y cuán adherido a nuestro modo de vida ha llegado a estar la trampita de ocultarle ingresos al Estado.

Uno esperaría que en un gobierno al borde de la quiebra, que libra una lucha feroz por su supervivencia y que cada año le agrega nuevos capítulos al libro de cómo exprimir al ciudadano honesto, un problema de esta magnitud sería una principalísima prioridad. Uno pensaría que, al dar un mensaje televisivo sobre el sistema contributivo y tras revelar estas vergonzosas cifras, el gobernador daría un puño en una mesa y, dirigiéndole a la cámara una mirada feroz, diría algo como “esto se acabó”.

Pues no. El gobernador dio un triple salto mortal de la lógica y, tras hablar de un hondo problema de evasión contributiva que hace mucho tiempo conocemos, anunció su plan para imponer un impuesto al valor agregado (IVA) que sustituya el impuesto al valor y uso (IVU). Entiendan esto: tributos al consumo, como el IVU y el IVA, no son lo mismo que tributos sobre ingresos, como los que radicamos cada 15 de abril.

El racional de la movida del gobierno es que se tribute más sobre lo que se consume que sobre lo que se devenga en salario, lo cual tiene lógica, pues los evasores consumen igual o más que los que cumplen su responsabilidad. Es un argumento sólido porque el que evade el pago de sus contribuciones sobre ingresos, y el que no, tributan los dos lo mismo por el sándwich de pastrami que degustan en la panadería en la que suelen saludarse en las mañanas, sin que el segundo sepa que el primero carga ese oscuro secreto en su corazón.

Pero, la propuesta que impulsa el gobierno viene enredada con otros atributos que, nuevamente, parecen un insulto al que cumple sus responsabilidades con el Estado.

Es cierto que los 850,000 que reporten menos de $40,000 anuales como individuos, u $80,000 como pareja, no pagarán más contribuciones sobre ingresos. En ese grupo hay gente decente que de verdad reporta lo que gana. Pero también están los que ganan mucho más y solo reportan $16,500 en promedio. Ambos reciben el mismo beneficio.

Es cierto que los que reporten menos de $35,000 recibirán tres veces al año un reembolso para compensar lo pagado en IVA y que ese reembolso será de 100% por lo pagado al que reporte menos de $20,000. Ese reembolso será un alivio muy necesario para los que viven una lucha diaria por salir a flote. Pero los evasores también lo recibirán y con ese cheque en mano tendrán una razón más para seguir riéndose en la cara de los que cumplen.

Es cierto también que a los que ganan más de $40,000 se benefician de una rebaja en las contribuciones sobre ingresos. Pero por más sustancial que sea sigue siendo más que el que gana mucho y reporta menos.

Al evasor, a ese tramposo, a ese ladrón, a ese corrupto inmoral y charlatán el gobierno le deja libre el paso, pues sabiendo hace años que existe ese problemas jamás hizo antes, ni hay ninguna señal de que vaya a hacerlo ahora, un esfuerzo serio por combatirlo.

Abundan los mecanismos para detectarlos, sacarlos de las cavernas, mostrarlos a la luz del día y hacerlos pagar lo que deben. Pero el gobierno no muestra ningún interés.

¿Por qué no contrastan los registros de botes de lujo en el Departamento de Recursos Naturales contra las planillas radicadas por los dueños de esas embarcaciones? ¿Por qué no contrastan los registros de autos de lujo en el Departamento de Transportación y Obras Públicas con las planillas radicadas por los dueños de esos vehículos?

¿Por qué no contrastan los pagos en hipotecas de lujo con lo que los dueños de esas residencias dicen ganar? ¿Por qué no se pasa una ley, aquí que hay tanto ocio legislativo y tanto político entretenido en boberías, para que sea obligatorio el uso de métodos electrónicos de pago en todo servicio profesional, sabiendo, el que quiera estudiarlo, que así fue que muchos países cortaron de raíz el problema de la evasión contributiva?

¿Por qué no se emprende una lucha frontal y sin contemplaciones contra esta horrenda característica de nuestra sociedad, para que pague el que debe y el que no debe se sienta recompensado por su honestidad?

Las razones son harto difíciles de comprender, pero no de imaginar.

Es que, fíjense, si son tantos como parecen los evasores, no es descabellado imaginar que, allá arriba, donde se deciden estas cosas, haya también uno que otro que, al tratarse este asunto, traga gordo y, disimuladamente, cambia el tema.

(benjamin.torres@gfrmedia.com, Twitter.com/TorresGotay)