Cuando encorbatados aquí, en Nueva York y en Washington hablan de meterle machete profundo a los gastos del Gobierno de Puerto Rico, rara vez, si alguna, piensan en gente como Antonia. Hablan, con voz engolada, unas veces en español, otras en inglés y demasiado a menudo en inglés goleta, de que el Gobierno tiene que achicarse, que el Estado es muy grande, que hay que quitarle el 10%, que está lleno de batatas, que la deuda esto o aquello, bla, bla, bla.

Antonia, nombre ficticio que pidió que se usara para que no sepa que es ella la que, otra vez, está metiendo el dedo en llagas, los oye y siente escalofríos. Antonia es una trabajadora social del Departamento de la Familia (DF) en la región de Bayamón y a ella ningún encorbatado tiene que explicarle ni en español, inglés o jeringonza lo que significan recortes poco pensados en el gasto público.

Su trabajo es investigar denuncias de maltrato contra menores y ancianos. Cuando le llega una denuncia, tiene que cruzar los dedos para que esté disponible uno de los únicos tres vehículos oficiales en la región, ya que otros 10 están dañados y no ha habido dinero para arreglarlos. También tiene que desear que la denuncia no llegue cuando está atendiendo otros de las decenas de casos que tiene a cargo, o para que alguna alma caritativa done los alimentos y medicamentos que puedan necesitar los niños que protege del peligro de que alguien los mate o abuse sexualmente, porque el estipendio que había para esos fines en la agencia ya no está.

“Nosotros somos los que estamos en la línea de fuego”, dice Antonia.

Es “cool” en estos días hablar de recortes en el Gobierno. Se da por sentado que la Junta de Supervisión Fiscal obligará a drásticas reducciones. La junta editorial del periódico estadounidense Wall Street Journal pidió esta semana que se rechace el plan fiscal presentado por el gobernador Alejandro García Padilla, que contempla reducir en 42% la estructura gubernamental y la eliminación de 12,836 puestos en los próximos 10 años, por considerar insuficiente que solo proponga una reducción de 2% en la nómina gubernamental.

El candidato a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló, propone reducir de cantazo en 10% el presupuesto gubernamental, sin despedir empleados públicos, y eliminar decenas de agencias. Pero ni a palos entra en el detalle.

Hablar de recortes en abstracto es fácil y hasta simpático. Entrar en detalles es más complicado, sobre todo antes de las elecciones. El servicio público tiene muy mala fama, merecida en buena medida, no por los trabajadores que día a día dan la buena batalla en sus agencias, sino porque los políticos lo convirtieron en un campo minado de politiquería y corrupción. Tener un gobierno más eficiente es, sin duda, una necesidad impostergable. Un gobierno más eficiente, por supuesto, es más económico.

Pero no es de eso de lo que hablan los encorbatados. Hablan de reducir el gasto público a rajatabla para poder pagar la mayor cantidad posible de la deuda de cerca de $70,000 millones que ahoga al Gobierno.

Experiencias pasadas nos demuestran lo que pasa cuando se recorta el gasto público sin considerar los efectos en los servicios. En el 2009, el entonces gobernador Luis Fortuño le metió un machetazo al servicio público con la Ley 7, que viabilizó el despido de miles de empleados públicos, sin análisis ninguno, dándoles picota sencillamente a los que menos tiempo tenían en sus empleos.

Poco después, empezó a notarse la ausencia de personal esencial en agencias como los departamentos de Salud, Educación, Asuntos del Consumidor y el DF. Se notó la ausencia de secretarias, conserjes, guardias, técnicos, analistas y estadísticos. Por mucho tiempo creímos que en el Gobierno sobraban empleados. La Ley 7 demostró que si sobran, no son los que están “en la línea de fuego” sino, quizás, a otros niveles.

En el Gobierno, por ejemplo, hay 10,000 empleados de confianza. En su mayoría, estos son activistas políticos con sueldos de ejecutivo. Nadie habla de recortar por ahí.

No ha habido desde Fortuño más despidos masivos, pero sí reducciones de personal porque no se sustituyen a todos los que renuncian o se jubilan. También ha habido fuertes reducciones de gastos. La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) dice que entre 2013 y 2015, el gasto público se redujo en $2,310 millones.

En el DF, donde trabaja Antonia, se nota con una claridad que espanta el efecto de ese recorte. La agencia ha perdido 4,500 empleados desde el 2008 y $25 millones de presupuesto en los últimos tres años. La secretaria Idalia Colón dijo esta semana a El Nuevo Día que faltan trabajadores sociales y los choferes que los llevan a los inhóspitos lugares donde, a veces, en medio de la noche, tienen que rescatar a un niño en peligro de muerte.

Un técnico de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), la división del DF encargada de los programas de beneficencia social de los que depende casi la mitad de la población de Puerto Rico, manejaba antes unos 600 casos al año; ahora tiene el doble. Un trabajador social del programa de protección de menores y ancianos debería manejar una carga no mayor de 15 a 20 casos; ahora el promedio es 35.

Antonia tiene 45 a su cargo. Se trata de 45 familias en las que se denunció que existe un patrón de maltrato. 45 sitios en que hay un menor quizás pasando hambre, sin vacunar o maltratado sicológicamente. 45 situaciones en las que hay un niño golpeado, en peligro de muerte. 45 familias en que quizás a un niño lo están abusando sexualmente. 45 dramas que, de no ser atendidos, tienen desenlaces trágicos. 45 situaciones extremadamente complejas que Antonia tiene que manejar a la misma vez porque los encorbatados recortaron por ahí, y no por otros lados.

“Hay casos que te tocan, que te los traes a tu casa. Eso de que los casos no afectan a los trabajadores sociales es mentira”, dice Antonia.

Los retos fiscales que enfrenta Puerto Rico son de una magnitud inconmensurable. Amenazan la viabilidad misma del Estado. Nos costaron la poca democracia que teníamos desde 1952. Hay que atenderlo. Pero existe la ilusión de que se puede solucionar fácil y rápido, a machetazos.

Los encorbatados, que no nos entienden, que no saben cómo se vive en un país muy pobre como el nuestro, donde el Gobierno es tan importante para tanta gente indefensa, creen que todo es aritmética. No han visto, porque no pueden, porque no forma parte de sus experiencias de vida, la dimensión profundamente humana y trágica que también tiene este problema.

Antonia quisiera la oportunidad de sentarse ante la los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal para decirles justo eso y llevarles un sencillo mensaje: “Quisiera decirles que tengan en consideración la seguridad y la vida de estos menores, que están en manos de trabajadores sociales”.

(benjamin.torres@gfrmedia.com, Twitter.com/TorresGotay, Facebook.com/TorresGotay)