A lospuertorriqueños nos gusta presumir de que tenemos las navidadesmás largas del mundo. Al paso que vamos, tal parece quequeremos ganarnos otra de esas distinciones inútiles que nos gustan tanto: lascampañas políticas más largas del mundo.

Uno se asoma por casualidad en estos días al interior del Partido NuevoProgresista (PNP) y, a juzgar por la intensidad del proselitismo que estánpracticando o la virulencia con la que se atacan unos a otros, juraría que laselecciones son este martes.

Por unlado, Ricardo Rosselló y el senador Thomas Rivera Schatz están peinando la islaen mitines y caminatas y, por el otro, los cuatro aspirantes a la alcaldía deSan Juan han comenzado a empapelar las paredes de la Capital con supropaganda.

En el Partido Popular Democrático (PPD) la intensidad es menor, porque está engobierno y porque no hay, por el momento, ningún desafío al liderato deAlejandro García Padilla.

Pero muchode lo que hacen también tiene un fuerte tufo a campaña, sobre todo la prácticade integrar a los organismos de propaganda del partido a los anuncios delgobierno.

Hanpasado solo 16 meses desde las últimas elecciones y 14 meses desde que elactual gobierno está en funciones. Faltan dos años y ocho meses para lospróximos comicios. Pero, como si las leyes del tiempo y el espacio fueran aquídiferentes al resto del planeta, nos están metiendo desde ahora en la psiquisde la campaña.

Estono es algo inofensivo. Por el contrario, revela unas características de lamanera en que se hace política aquí que francamente meten miedo.

Las campañas políticas cuestan demasiado dinero. Las campañas largas cuestanmucho más. Los vehículos, las avanzadas, los empleados de la campaña, elmaterial proselitista, las camisetas, los banderines, los equipos de sonido,todo eso tiene costos monumentales. Al tirarse a la calle tan temprano, elpolítico, a menos que sea multimillonario, cosa que, hasta lo que se sabe, noes ninguno de los que ya se apuntaron para correr para distintos puestos en el2016, tiene que extender la mano.

¿Y a quiénse la extiende? A los inversionistas políticos, esas figuras siniestras quenunca dan cara, que financian las campañas de este o aquel y una vez este o aquelgana le pasan la pesada factura. 

¿Y esafactura qué es? Contratos en el gobierno, proyectos cuyo único fin es pagar losfavores, leyes hechas a la medida, trato de seda cuando hay que dar algunasacudida para aumentar recaudos. Minucias así. Lo hemos visto antes, lovolveremos a ver.

El que noesté dispuesto a embarrarse las manos así no tiene la menor posibilidad deprevalecer en una elección general en Puerto Rico. El obrero, el académico, elempresario exitoso, ese no tiene espacio en este sistema. Por un lado, no lesagrada eso de mancharse así y, por el otro, tiene que trabajar. Nadie lofinancia. No puede darse el lujo de estar tres años haciendo campaña.

Eso es parapolíticos profesionales.

Prácticamentetodos los grandes casos de corrupción que nos han espantado a lo largo de los añostienen la misma huella digital: políticos haciendo trambos con empresarios acambio de dinero para campañas.

Así pasó,recuérdelo, en las decenas de convicciones por corrupción que hubo durante losocho años de gobernación de Pedro Rosselló.

Por algoasí fue el fallido caso que la fiscalía federal le montó al exgobernador AníbalAcevedo Vilá.

Hay muchospaíses donde han entendido los peligros de dejar que intereses ocultos tenganpolíticos profesionales amarrados por el bolsillo, bailando a su paso.

No esporque sean masoquistas que algunas de las democracias más avanzadas del mundolimitan por ley el tiempo en que se puede hacer campaña. En Inglaterra solo sepuede hacer proselitismo por 30 días. En Australia, son 68. EnCanadá,   la campaña más larga desde 1926 fue de 74 días.

EnDinamarca llegan al extremo de limitar las campañas a tres semanas y a prohibirlos anuncios políticos en los medios de comunicación.

Aun así, laparticipación electoral supera el 80%.

EnEstados Unidos, la campaña presidencial dura solo siete meses, incluyendo eltiempo de primarias, y con todo y eso hay preocupación por las cantidadesinimaginables de dinero privado que entran al proceso: en el último cicloelectoral fue nada más y nada menos que  $1,700 millones.  

La filosofíade todas estas leyes que limitan el tiempo de campaña es la misma: liberar alcandidato de la correa de perro que le ponen al cuello los canchanchanes que lepagan la tumbacoco, los anuncios, los billboards, las camisetas, el jingle, latarima, las luces, el sonido, la tumbacoco, los publicistas,  y el salarioy los almuerzos de la avanzada, entre otro ramillete de pesados gastos en quetiene que incurrir cualquiera que sienta el “llamar patriótico” depostularse a un puesto electivo.

“Conlas campañas durando cuestión de semanas, no años, se reduce el rol deldinero”, dice R. Spencer Oliver, secretario general de la Organizaciónpara la Seguridad y la Cooperación del Parlamento Europeo, en un artículopublicado en The Hill, un periódico que circula entre la comunidad política enWashington.

Es posibleque haya obstáculos constitucionales para implantar aquí algunas de las medidasantes mencionadas, porque algunas, en nuestro ordenamiento legal, puedeque  atenten contra las libertades de asociación y expresión.

Algo podríahacerse. Algo es necesario hacer. Pero no vale la pena ni preocuparse por eso,porque aquí el sistema político está quebrado a todos los niveles y sería delocos pensar que alguien va a proponer solucionarlo, mucho menos que tenga lamás remota posibilidad de lograrlo.

Todos vivende eso. Ninguno se va a quitar la comida de su propia boca.

Elpropósito de esta columna es solo que usted, que no participa de esoscarnavales, se dé cuenta de lo que hay detrás de ese festín y la próxima vezque venga un bonitillo con la sonrisa de comercial de pasta de dientescaminando por su calle a darle la mano y prometerle el cielo, los mares, lasnubes y la luna, le haga la pregunta a la que tanto le teme: “oiga, pai, ¿yquién paga por esto?”.

(benjamin.torres@gfrmedia.com,Twitter.com/TorresGotay)