En algún momento de este martes, el gobernador Ricardo Rosselló entregará a la Junta de Supervisión Fiscal el plan fiscal que el organismo le exige como parte de las disposiciones de la ley federal PROMESA. Si el gobernador mantiene la postura que ha asumido desde que se supo de las recomendaciones de la Junta, no acatará los bestiales recortes ordenados por el organismo con el fin de cuadrar en dos años un hoyo presupuestario de $7,600 millones cavado a lo largo de décadas.

El director ejecutivo interino de la Junta, Ramón Ruiz Comas (no electo por nadie para nada, pero dejemos eso a un lado por un momento), ha dicho que, de ser ese el caso, el organismo diseñará su propio plan fiscal y dará ella misma el machetazo, por encima de los planes, deseos, intenciones o proyecciones del gobierno electo por los puertorriqueños.

Brotan como agua salida de un tubo roto las preguntas ante esta coyuntura crítica en que está Puerto Rico.

¿Se allanará, al final, el gobernador Rosselló a los designios de la Junta? ¿Continuará desafiando o al final ejecutará lo que le ordene la Junta? Si el gobernador mantiene su actitud desafiante, ¿responderán los jefes de las agencias a las que impacten los recortes al gobernador Rosselló o a la Junta? ¿Qué hará la Junta en caso de encontrarse con una actitud de desafío o brazos caídos de parte del Gobierno de Puerto Rico?

Estas son preguntas que surgen espontáneamente de la actitud que han asumido el gobernador y sus principales portavoces en este tema, su representante ante la Junta, Elías Sánchez; su secretario de la Gobernación, William Villafañe; y su secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario. Pero hay otras preguntas que tampoco se pueden evitar: ¿no será esto un teatro? ¿Pretenderá el gobernador dejar que la Junta actúe para después, cuando el País le reclame, decir “no fui yo, fueron ellos”? ¿Aceptará el País esa explicación o le responderá “pudiste hacer más para evitarlo”?

Cabe recordar, por un momento, el alcance de los recortes propuestos, para que veamos, una vez más, lo que está en juego aquí: $1,000 millones a la reforma de salud, que dejarían sin cobertura médica a por lo menos 700,000 indigentes; 30% de recortes en gasto de nómina, lo que según el propio Gobierno implicaría el despido de 45,000 empleados públicos; recorte de 10% a las pensiones, lo cual tiene el potencial de terminar de hundir en la indigencia a unos 180,000 ancianos retirados de gobierno que ya viven al borde de la pobreza.

A la Universidad de Puerto Rico (UPR), que ya lleva años sufriendo duras reducciones presupuestarias, se le receta un recorte de $300 millones, que según sus administradores la dejaría prácticamente inoperante.

Están haciendo ahí malabares que le han llevado ya a diseñar un plan que, entre recortes e ingresos nuevos, produce cerca de $200 millones, incluyendo aumentos de matrícula tanto a los que reciben becas federales como a los que no.

Los estudiantes, que no le temen a nada ni a nadie, ya están dando la lucha en favor de una universidad pública, a precio accesible, lo cual es indispensable para el País.

Eso es lo que sabemos hasta ahora, porque cuando se presente el plan fiscal se sabe que vendrán nuevos recortes. El gobernador Rosselló ha dicho que no acepta tumbarle $1,000 millones al plan de salud pública, ni al 30% de la nómina.

Pero ya se ha ido aflojando en el tema de la UPR y en el de las pensiones. Sobre la UPR, se ha manifestado a favor del recorte de $300 millones adicionales, y en lo de las pensiones, Elías Sánchez ha dejado entrever varias veces que no será posible salvar del recorte a los retirados más vulnerables.

Esta semana, Rosselló dijo en Washington que necesitaría de tres a cinco años para cuadrar el presupuesto. La Junta quiere que se haga en solo dos. Ese es el corazón de la diferencia.

“Podrías hacerlo en dos años, pero el efecto neto sería un golpe devastador a la economía, inestabilidad social y un golpe devastador, francamente, a los ingresos”, dijo Rosselló el jueves al servicio de noticias Bloomberg.

Si Rosselló mantiene su oposición a las órdenes de la Junta, la ley PROMESA alumbra la ruta escarpada y pedregosa por la que el País se va a meter en los próximos años.

El Título II de PROMESA dice que, si el Gobierno no presenta un plan que sea satisfactorio para la Junta, el organismo emite un “aviso de violación que incluya recomendaciones para la revisión del plan fiscal aplicable” y le da oportunidad para que presente otra alternativa. El aviso de violación incluye una fecha límite para someter un nuevo plan fiscal.

Eso fue lo que pasó con el exgobernador Alejandro García Padilla, cuyo plan no fue aceptado por la Junta, que le dio hasta el 15 de diciembre pasado para someter uno nuevo.

García Padilla, que estaba a dos semanas de dejar el poder, decidió no someter ningún plan nuevo por no aceptar el plan de austeridad que es el preferido de la Junta.

PROMESA establece que se le pueden dar varias oportunidades al Gobierno para que presente un plan fiscal aceptable, dentro de un calendario delimitado. Pero no está claro en este momento si está contando las dos oportunidades que se le dieron a García Padilla o si fue borrón y cuenta nueva con Rosselló.

En todo caso, si la Junta no acepta el plan fiscal del gobernador Rosselló y decide no darle espacio para enmendarlo, o si le da espacio y sigue insatisfecha, lo que viene después PROMESA lo dice con total claridad: “Si el gobernador falla en someter a la Junta de Supervisión un plan fiscal que la Junta de Supervisión, en su exclusiva discreción, determine que satisface los requerimientos establecidos para la fecha específica en el aviso, la Junta de Supervisión desarrollará y presentará al gobernador y a la Legislatura un plan fiscal que satisfaga los requerimientos”.

En otras palabras: con la víctima ya de rodillas mirando al horizonte, la Junta dice “si no halas el gatillo tú, lo halo yo”. Al gobernador y a la Legislatura les tocará, pues, andar derechitos, porque PROMESA también dice: “La Junta de Supervisión también podría buscar apoyo judicial a su autoridad para llevar a cabo sus responsabilidades bajo esta ley”.

Podría llamársele a esto una encrucijada, pero no lo es, porque encrucijada significa que hay más de un camino y aquí está claro que la ruta es una sola: lo que diga la Junta y ya.

Estas acciones desembocarán en protestas, piquetes, marchas, huelgas y mucho más. A eso se refería el gobernador con “inestabilidad social”, la cual, entiéndase, apenas está empezando. En algunos casos, esas movilizaciones logran modificar acciones oficiales.

Pero este no es un caso típico. Puerto Rico está en esto con las manos amarradas, pues el privilegio que tienen los pueblos democráticos, que es el de pedirles cuentas a los que toman acciones que les afectan, no está aquí presente, porque no votamos por la Junta, ni por los que les dieron sus amplios poderes.

Vamos a estar, entonces, peleando unos con otros mientras la Junta y el Congreso de Estados Unidos miran desde la distancia, como si esto no tuviera que ver con ellos. Esa es la tragedia que estamos viviendo y cuyo nuevo y quizás más difícil capítulo empieza ya mismito, el martes.

(benjamin.torres@gfrmedia.com, Twitter.com/TorresGotay, Facebook.com/TorresGotay)