Cuandoel miércoles en la noche salían jubilosos y bañados en lágrimas de la sala enque un jurado halló culpable de asesinato a Pablo Casellas, las dos fiscales yel fiscal que tan valerosamente llevaron el caso declararon que esperaban queel veredicto devuelva al país la fe en el sistema de justicia.

No tan rápido, distinguidos. Para que el país vuelva a tener fe en lajusticia, hacen falta muchos más ‘Pablos Casellas’, muchos más asesinos,violadores, ladrones, estafadores y narcotraficantes pagando locorrespondiente. En el caso de los asesinatos como el que se le imputó a PabloCasellas,  hace falta, en pocas palabras, borrar del mapa esta espantosacifra: solo 3 de cada diez asesinatos se esclarecen en Puerto Rico.

Esto quiere decir que cuando alguien aquí le da con matar a alguien,sabe que las mayores posibilidades son que no sea atrapado. E incluso cuando sonatrapados, las investigaciones de la Policía y del Departamento de Justiciasuelen ser tan deficientes, que más de un asesino duerme hoy al calor de lossuyos, y no de los Ñeta, porque no hubo manera de vincularlo al crimen.

Esto no quiere decir que el caso contra Pablo Casellas no haya sido unenorme triunfo de la institucionalidad. Se trataba de una persona adinerada,con enormes influencias políticas y con cuantiosos recursos para presentar lamejor defensa imaginable y virar al derecho y al revés todos los procesoslegales.

Que alguien de ese abolengo haya sido investigado, enjuiciado yhallado culpable es algo cuyo significado ejemplar para la sociedad no esposible subestimar. Casi nunca es posible decir aquí “la justicia es igual paratodos”. En el caso de Pablo Casellas sí lo fue.

Lamentablemente, no se puede decir lo mismo de Karla Michelle Negrón,cuyo asesinato por una mal llamada bala perdida en los primeros minutos del2012 estremeció a todo el país; Lorenis Mejías y sus hijos Néstor y Jeremy,brutalmente apuñalados el 19 de marzo de 2011 en San Juan; los novios MaríaVázquez y Gerardo Dávila, ejecutados en una avenida en Ponce en enero de 2012;el banquero Joseph Spagnoletti, acribillado al estilo mafia en San Juan enjunio de 2011 y tantos y tanto y tantos otros cuya sangre derramada siguefresca esperando justicia.

Se pueden llenar páginas y páginas de periódicos con los nombres delos muertos cuyas familias aún esperan respuestas. Mas ningún caso ejemplificatan bien el sentido de impunidad que reina en Puerto Rico como la espantosamuerte que encontró el niño Lorenzo González Cacho en la madrugada del 9 demarzo de 2010 en su propia casa en una urbanización de Dorado.

Las autoridades saben dónde murió Lorenzo; la hora aproximada en que fueatacado; con quién estaba cuando lo mataron a golpes; los nombres y demás señasde esas personas que estaban con él; conocen hasta el más milimétrico detallela naturaleza de las heridas que le apagaron la vida; hay personas que vieronal niño después de que fuera atacado y antes de morir; por saber, lasautoridades saben hasta posibles móviles y hasta de la conspiración paraocultar la verdad mediante un pacto de silencio.

Caso más sencillo, difícil. El caso de Lorenzo, para más, es menoscomplicado que el de Pablo Casellas, a quien nadie vio matando a CarmenParedes.

El caso de Lorenzo no se ha resuelto por una simple razón: laincompetencia de la fiscalía y la Policía en las horas inmediatamenteposteriores al crimen impidieron que se pudiera recopilar la evidenciasuficiente para presentar un caso circunstancial como el que se presentó contraPablo Casellas. Por eso es que las autoridades han dependido únicamente, hastaahora sin éxito, de que alguien diga lo que sabe.

El que la inmensa mayoría de los asesinos se salga con la suya es unavergüenza sin nombre para nuestro sistema de justicia. Pocas muertes retratande manera tan absurdamente clara esa vergüenza como el caso del niño Lorenzo.

Mientras este sea el cuadro, no se nos puede pedir “fe en lajusticia”. Además, la justicia no es ninguna fuerza sobrenatural o divina en laque haya que tener fe.  La justicia criminal es un sistema de leyes yciencias de la investigación que bien usadas sirven para que la sociedad tengala certeza, no la fe, de que la mayoría de los que la hacen, la van a pagar.

O sea, lo que pedimos no es fe en la justicia. Es certeza.

(benjamin.torres@gfrmedia.com,Twitter.com/TorresGotay)