Caminamos en estos días aturdidos entre las ruinas humeantes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), como quien vuelve a su casa después de que un fuego la hubiera devastado. Miramos con melancolía los escombros. Recogemos del suelo pedazos de lo que una vez fue, los examinamos de un lado y del otro y los volvemos a tirar al comprobar que no sirven. Vamos husmeando, intentando encontrar algo, cualquier cosa, lo que sea, algo minúsculo que nos dé la esperanza de que la vida sigue.

Nos preguntamos con el pecho apretado cómo pudimos haber permitido que la que una vez fue la estrella más brillante del Estado Libre Asociado (ELA) se derrumbara de una manera tan absoluta. Comprendemos, al fin, que todo lo que nos estuvieron contando por años eran mentiras. Detrás del fulgor de la publicidad y de las declaraciones triunfalistas, el derrumbe, como un tumor que crece sigiloso dentro del cuerpo sin dejarse notar hasta que revienta, venía fraguándose hace años.

El fuego de la incompetencia y la irresponsabilidad venía avanzando pulgada a pulgada.

De haber estado pendientes no nos hubiera pasado, porque todo el que no se deja encantar por cuentos de camino, sabe que hace años el fin de la AEE no es garantizar el desarrollo económico de Puerto Rico, como se supone, sino servir como refugio de ahijados políticos y de centro privilegiado de recaudación de fondos para las colectividades.

Es, si lo miramos bien, lo mismo que le ha pasado al resto del gobierno: fue usado como refugio y alcancía de vividores y ahora se nos deshace entre las manos.

La AEE es la primera que cede a la presión de la realidad. Pero, tristemente, no será la última. Otras explosiones vendrán a sacudirnos en lo profundo de esta larga y oscura noche de la crisis fiscal. Más desengaños nos esperan a consecuencia del derrumbe fiscal del Estado Libre Asociado.

Ya se oye, de hecho, el crujir de la próxima crisis: el disparatado sistema de salud del gobierno, que desde su primer día de vida ha costado mucho más de lo que este país pobre puede sufragar y que vive a base de préstamos y de asignaciones federales. También viene corroyéndose hace años y también nos quedamos mirando a otro lado, fingiendo que no lo veíamos venir.

El plan, que tiene cerca de 1.4 millones de asegurados, cuesta unos $2,760 millones al año. Es una de las principales causas de la debacle fiscal del Gobierno. En algún momento, era responsable del 40% del déficit gubernamental. Siempre ha funcionado con déficit porque siempre ha costado más de lo que podemos pagar. Sobrevive a fuerza de préstamos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y de asignaciones federales.

Varias circunstancias se han confabulado para prender la mecha. Por un lado, la crisis económica y las disposiciones del Obamacare han engordado dramáticamente la lista de beneficiarios del plan, que cubre hoy a unos 200,000 más que hace unos años. Por el otro, el BGF, que está prácticamente insolvente, ya no tiene dinero para prestarle. Por último, el ritmo al que, a causa de todo lo anterior, está gastando su asignación federal de $6,000 millones del Obamacare, hará que el dinero federal se le acabe a más tardar en el 2019, aunque hay ya quien dice que pasará antes, en el 2018.

Óigalo bien y después no se haga el sorprendido: dentro de poco, la Administración de Seguros de Salud (ASES), que administra el plan, no tendrá dinero para pagar a las aseguradoras que a su vez pagan a los médicos que dan los servicios. Y una vez los médicos no reciban su paga, dejarán de dar servicios. Y cuando eso pase, miles y miles de indigentes serán dejados a su suerte.

Las primeras grietas ya quedaron expuestas: los médicos y las aseguradoras llevan tiempo denunciando atrasos en los pagos y el 31 de marzo el director de ASES, Ricardo Rivera, dijo que debido a que el BGF ya no tiene dinero para prestarle, no puede pagar a las aseguradoras a principios de mes, como ha sido la costumbre, e irá dándole el dinero al pasar los días, según pueda.

Igual que la AEE, esto no debería ser sorpresa. Desde el mismo primer día en que se empezaron a repartir las famosas tarjetitas, en febrero de 1994, mucha gente sensata advirtió de la locura de ese modelo. Es que probablemente no ha habido jamás una idea de gobierno peor que ésta en la historia de Puerto Rico: un gobierno pobre comprando costosos seguros médicos privados a los indigentes.

La idea fue del que probablemente haya sido el gobernador más irresponsable que ha tenido jamás Puerto Rico, el doctor Pedro Rosselló, quien se empeñó con la tarjetita apostando, como es la costumbre aquí, al dinero de otro: a la reforma de salud que intentaba aprobar en aquel momento el entonces presidente estadounidense, Bill Clinton. La reforma de Clinton fracasó y acá nos quedamos sin la soga y sin la cabra, pues el sistema de salud público que teníamos y que, con todos sus defectos, nos servía relativamente bien, fue desmantelado en nuestra cara para poder costear la fantasía de la tarjetita.

Pero Rosselló no es el único culpable, pues hace 15 años que no gobierna y ha sobrado el tiempo para resolver este enredo. Todos los que han gobernado desde allá han sabido que este modelo es insostenible, pero le ha faltado la voluntad para intentar manejarlo. Se ha intentado un parcho aquí y otro allá, pero nada que vaya a la esencia del problema: el reconocimiento de que este es un sistema de salud costoso e inhumano y no es reparable.

Antes y después del plan de Rosselló, múltiples expertos han dicho lo que hay que hacer: un verdadero plan de salud universal en el que el gobierno sea el único pagador, como lo tienen los países más desarrollados. Pero nadie ha querido pasar a la historia como el que eliminó la políticamente brillante tarjetita de Rosselló y ahora estamos pagando la consecuencia.

Ya escuchamos el crujir de la madera. El humo empieza a asfixiarnos. El calor nos sofoca. El próximo incendio ya nos alcanza.

(benjamin.torres@gfrmedia.com, Twitter.com/TorresGotay)