Caso I: Durante los pasados años, el Departamento de Educación ha cerrado decenas de escuelas. Esta semana anunció planes de cerrar 93 más. Aun así, quedan en el país cerca de 1,300 planteles públicos. La mayoría está durante las noches y los fines de semana a merced de vándalos, porque hace un par de años el Departamento de Educación los dejó sin vigilancia, por no tener dinero para costearla.

Caso II: Todo el país conoce, y le duele, el grave problema de evasión contributiva que nos agobia. Uno va a sitios como Marina Puerto del Rey en Fajardo y queda horrorizado al ver la inmensa cantidad de embarcaciones deslumbrantemente lujosas. Aquí, piensan las personas decentes que ven esos botes, debería haber un contingente de agentes de Hacienda verificando que los dueños de todos esos botes reporten en sus planillas ingresos que les permitan darse tales lujos. Hacienda, sin embargo, no tiene suficiente personal para ello.

Caso III: La Ley 7, que en el pasado cuatrienio viabilizó el despido de miles de empleados públicos, le causó al Departamento de la Familia graves trastoques operacionales, pues, entre muchos otros problemas, dejó a sus trabajadores sociales sin el apoyo clerical que les permita dedicar todas sus horas de trabajo y energía a estar en la calle defendiendo el derecho a vivir en paz de los niños, ancianos y otros sectores vulnerables de la sociedad.

Conociendo, pues, esos tres casos, de muchísimos otros que se pudieran mencionar, como son los parques abandonados porque no hay quien los desyerbe, repare y pinte, o las carreteras sin rotulación adecuada, o las oficinas de servicios que, por falta de personal, solo abren cuando los demás mortales tiene que estar trabajando, o los niños que quedan en el limbo porque no hay quien los atienda cuando un maestro falta, ¿cómo es posible que quede gente aquí que todavía tenga el valor de decir que en el gobierno puertorriqueño hay demasiados trabajadores?

Es cierto, sí, que no es inusual en una visita a una oficina de gobierno ver a una persona trabajando mientras otras tres lo miran. Pero esos tres están mirando y no trabajando no porque no haya tarea, en esa o en otra agencia, sino porque en el endiablado laberinto que es nuestro gobierno el pan del trabajo está muy mal repartido. El Gobierno ha sido tan y tan mal administrado por tanto tiempo que mientras unas áreas las fueron impregnando de una espesa costra burocrática, otras se fueron quedando más desnudas que un árbol sin hojas.

Si algún día hubiera aquí voluntad para emprender una verdadera reforma de gobierno, sobre lo cual, por razones que veremos más adelante en este artículo, hay que poner un enorme signo de interrogación, es por ahí por donde hay que empezar: peinando todo el aparato, detectando donde hay gente comiendo jobo y trasladándolos a donde son necesarios, por ejemplo, rompiendo noche velando las escuelas que tan a menudo son saqueadas por desalmados de la peor calaña.

Eso, en resumen, es lo que dicen los múltiples estudios sobre reorganización de gobierno que se han venido haciendo aquí por décadas. Dicen que no sobran empleados, sino que están mal repartidos, que a causa de esto los procesos son enloquecedoramente lentos, que se duplican tareas y funciones y que nadie responde por lo que se haga mal. La exsecretaria de la Gobernación, Ingrid Vila, dijo en una entrevista reciente que únicamente reorganizando procesos se puede ahorrar el 20% de lo que ahora cuesta el gobierno.

La administración del gobernador Alejandro García Padilla, acosada por una crisis fiscal de proporciones bíblicas, ya sin la opción de pedir prestado para poder seguir funcionando sin importunar el compadre del compadre que tiene este o aquel puesto en una agencia pública, tiene una comisión encabezada por el secretario de Estado, David Bernier, y el de la Gobernación, Víctor Suárez, encargada de implantar una “reorganización del gobierno”.

Esta semana, la comisión dio su primer paso, anunciando un plan de fusiones que impacta a 20 agencias, algunas de las cuales pocos saben exactamente qué hacen. Completada la función, se ahorran $11 millones y sobrarían, se ha dicho, unos 4,000 empleados, que no serán despedidos, sino puestos a hacer otra cosa, ojalá que en algo de utilidad. Dada la magnitud del problema operacional y fiscal del gobierno, esos $11 millones y 4,000 empleados, parecen, para citar al gobernador, “peseteo”. Pero no se puede negar que es un buen primer paso.

Habrá quien diga, “pero, bendito, esta agencia, o aquella, a la otra, que tan buen servicio dan”. Triste, quizás, que X o Y agencia deje de existir. Pero el problema del gobierno, que es en definitiva el problema del país, no se va a resolver sin sobresaltos e inevitablemente alguien tiene que sufrir aunque sea un poquito, aunque, con toda franqueza, dio muy poca pena un activista político que se oyó esta semana lamentándose en la radio la eliminación de la agencia con cuya dirección fue premiado su servicio al partido y cuyas funciones perfectamente pueden llevarse a cabo a donde las trasladaron.

Lo que queda, entonces, es agitar para que este proceso no se quede en esos $11 millones y 4,000 empleados. Agitar, sí, para que a la voluntad de hacer los cambios necesarios no le entre temblequeo de rodillas cuando haya que darle una sacudida al recaudador de este o aquel partido en esta o aquella agencia, o cuando el sablazo de la transformación le pase cerca al primo del alcalde, a la nuera del legislador o a la cuñada del donante.

Vana esperanza, dirán muchos, tal vez con razón, pues partido y gobierno son hace tiempo la misma cosa en Puerto Rico y resulta inconcebible imaginar a los aristócratas partidistas cortando el hilo umbilical que les da respiración desde el oficialismo. Mas en este tiempo de desplazamientos, si lo miramos bien, no va quedando piedra sobre piedra y, aunque sea obligado por el cañón de escopeta de la crisis, los cambios parece que se van a ir ejecutando poco a poco.

Si la crisis, entonces, nos trae el gobierno que hace mucho debimos tener, pues no todo habrá sido pérdida.