Como un guerrero de película de artes marciales, la Junta de Supervisión Fiscal se paró en el centro del salón y, con un movimiento veloz acompañado de violín en stacatto, desenvainó y blandió la espada. Le siguió un profundo suspiro colectivo. Reverberaciones de terror estremecieron las vértebras del país como las ondas expansivas de una explosión.

Se le vio al fin el pelaje al lobo.

En la carta que escribió al gobernador Ricardo Rosselló el 18 de enero, la Junta delineó las medidas fiscales que la administración debe incluir en el plan fiscal a ser presentado en las próximas semanas. Las medidas incluyen una disminución de $900 millones en el gasto de la nómina pública; ahorros de $1,000 millones en el gasto del plan de salud del gobierno; recortes de 10% en las pensiones de los jubilados del gobierno; $300 millones menos para la Universidad de Puerto Rico (UPR) y eliminación de $400 millones en subsidios a municipios.

Además, propone aumentar ingresos en $1,500 millones incrementando el costo de servicios gubernamentales, eliminando exenciones y subsidios, extendiendo el arbitrio de 4% a las empresas foráneas y mejorando la captación. Todas estas medidas tienen el fin de resolver en dos años una deficiencia presupuestaria de $7,000 millones que se fue alimentando a lo largo de décadas.

Traducido al lenguaje de arroz, habichuelas y tostones de pana que conocemos los puertorriqueños, las propuestas de la Junta equivalen a despido de empleados públicos; a la pérdida de su seguro de salud de decenas de miles de necesitados; al posible cierre de recintos o aumentos de matrícula en la UPR y, quizás lo más cruel de toda esta receta infernal, a terminar de enterrar en la indigencia a miles de pensionados que ya viven en o al borde de la ruina.

Tras ejecutar los recortes, a Puerto Rico le quedaría dinero para cubrir solo el 21% del servicio de la deuda.

El pavor que sentimos todos al entender lo que quiere la Junta está justificado, porque el panorama que nos espera si todo esto se hace al pie de la letra es, en verdad, de espanto.

Las propuestas son, en palabras finas, una terapia de shock como las que han arruinado montones de economías y empobrecido a millones de seres en el mundo entero.

Recortes de esa magnitud, ejecutados así de manera inclemente de un día para otro, destruirían lo poco que queda de una economía devastada que ya cumplió más de diez años en recesión e incrementaría la estampida hacia Estados Unidos que miles y miles de puertorriqueños están protagonizando hace años.

Los más prestigiosos economistas del mundo saben que la austeridad a rajatabla como las que nos quieren imponer es la receta del desastre. La austeridad extrema, demuestran experiencias en el planeta entero, es maná para los acreedores, pero veneno para los pueblos.

El gobernador Rosselló, como el resto del país, reaccionó consternado ante las propuestas de la Junta, afirmó que las considera inaceptables y aseguró que no va a despedir empleados, ni aumentar impuestos, afectar irrazonablemente a la UPR, dejar sin servicios médicos a los pobres ni reducir pensiones. Le informó a la Junta las medidas que ha tomado y espera tomar en el futuro para poner en orden las finanzas del país.

En una reunión pública llevada a cabo ayer en el hotel El Conquistador, la Junta reiteró su adhesión a las recomendaciones de la carta.

Además, en una columna publicada en este diario el 25 de enero, David Skeel, uno de los miembros de la Junta, tras acusar recibo de la carta del gobernador, dijo: “Puerto Rico se quedó sin dinero. Esa es la razón de las drásticas medidas que hay que tomar y que hay que tomarlas ahora”.

Tras bastidores nadie sabe qué puede estar pasando. Pero públicamente Rosselló y la Junta están enfrentados. Y están enfrentados porque tienen visiones diferentes sobre cómo descifrar el jeroglífico en que se convirtió la situación fiscal de Puerto Rico.

Rosselló ha implantado ya recortes, pero el grueso de sus iniciativas está en planes y proyecciones de las que nadie sabe cómo le saldrán y cuyos resultados, si algunos, serían, en el mejor de los casos, a mediano plazo. La Junta quiere hacerlo de cantazo (“once and done”, es como lo dicen) y cuadrar el presupuesto a la cañona en dos años fiscales. Rosselló quiere operar con anestesia. La Junta quiere amputar a sangre fría. Rosselló va a elecciones en el 2020. La Junta no se ha sometido ni se someterá nunca al juicio del pueblo elector.

El problema principal aquí es uno: Rosselló, y en consecuencia todo Puerto Rico, están bajo la bota de la Junta, que es una criatura del Congreso de Estados Unidos, que tiene el poder absoluto sobre la isla, en virtud del inmoral régimen antidemocrático vigente aquí desde 1898, aplaudido con mayor o menor entusiasmo por la mayoría de los puertorriqueños.

La Junta tiene, en esto, la última palabra. Ellos mandan, nosotros no.

Hay diplomacia y gestos corteses de parte y parte. Pero a la hora de la verdad, si Rosselló se pone potrón, y sigue negándose a obedecer a la Junta, el organismo no le aprueba el plan fiscal, se va PROMESA por el barranco y quedamos a merced de los acreedores, que nos van a acribillar con demandas de cobro, adivinen dónde, en las cortes de Estados Unidos.

Un desenlace posible sería entonces que las cortes estadounidenses ordenen la incautación de las cuentas del Gobierno y, como quiera, estarían otros decidiendo qué se puede o no se puede gastar aquí.

A este desenlace trágico nos trajeron nuestros propios actos, aunque eso ya no sirva de consuelo. Quedamos como Asterión, el minotauro del cuento de Jorge Luis Borges, irremediablemente solos y perdidos en el laberinto, deseando que llegue el redentor cuyo arribo le había sido profetizado y nos lleve “a un lugar con menos galerías y menos puertas”. Según lo cuenta Borges, el redentor llegó, pero no a lo que creía Asterión. “¿Lo creerás, Ariadna? El minotauro apenas se defendió”, dijo Teseo tras matar a Asterión.

¿Nos pasará igual?

(benjamin.torres@gfrmedia.com, Twitter.com/TorresGotay, Facebook.com/TorresGotay)