Durante una de las manifestaciones de los pasados días frente al Capitolio, el representante Luis Vega Ramos se acercó a los obreros que protestaban para manifestarles su apoyo. Los manifestantes, sudorosos, agitados, belicosos, lo abuchearon, lo insultaron, le hablaron soez, le manotearon en la cara y lo expulsaron de la protesta. Vega Ramos, con el rostro desencajado, se fue por donde mismo había llegado.

Vega Ramos es un legislador de oposición que ha votado en contra de todas las medidas del Gobierno dominado por el Partido Nuevo Progresista (PNP) para tratar de resolver la profunda crisis fiscal que agobia al Estado Libre Asociado (ELA).

Los manifestantes, sin embargo, no olvidan que Vega Ramos pertenece al Partido Popular Democrático (PPD), que el cuatrienio pasado ya había empezado a abrir los surcos por los que ahora transita, muy entusiasmado, el PNP. Vega Ramos, por ejemplo, votó a favor de Ley 66, el primer golpe que recibieron los empleados estatales durante el cuatrienio pasado.

El incidente con Vega Ramos puede parecer una reacción de repudio espontánea de empleados gubernamentales que, agobiados por todo lo que ya hay de difícil en este país, están aterrados ante las movidas desde las esferas oficiales para reducirles beneficios que lucharon por décadas.

Es eso. Pero también mucho más.

Lo que estamos viendo en Puerto Rico durante los pasados días, y quedó deslumbrantemente claro con el incidente de Vega Ramos, entre muchos otros, es una ruptura total de la confianza que se supone exista entre un pueblo y sus gobernantes. Esa es una consecuencia más grave de lo que se ve a simple vista de esta crisis de mil demonios que estamos atravesando.

A estas alturas, nadie es ya ciego al hecho irrefutable de que el Gobierno atraviesa una crisis fiscal de proporciones catastróficas.

Todos sabemos que por años el Gobierno estuvo gastando más de lo que podía y que hacen falta ajustes profundos y dramáticos para resolver.

Pero muy poca gente tiene confianza en que se está tratando a todos por igual en los recortes y el país vive con la sensación, incómoda como un pelo en el ojo, de que hay sectores a los que la crisis no está tocando.

Eso no se da en el vacío.

Por un lado, se le quitan beneficios a los empleados estatales, se le recetan a la Universidad de Puerto Rico (UPR) recortes que dejarán inoperante al mayor ecualizador social en nuestro país y existen graves amenazas sobre los servicios de salud de miles de indigentes y las pensiones de los retirados, entre muchas otras medidas extremadamente dolorosas que ya existen o vienen en camino.

Pero, por el otro lado, se siguen otorgando contratos millonarios a cabilderos y consultores, se recogen en la Legislatura, alcaldías y agencias públicas a políticos derrotados y de dudosa reputación, se asignan $5 millones para una consulta de status que todo el mundo sabe que no resolverá nada y se le conceden escandalosos sueldos a la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Jaresko y a la secretaria de Educación, Julia Keleher.

Además, esta administración muestra un sospechoso repelillo a la idea de auditar la deuda, una medida justa para un público que con toda razón quiere saber cómo llegamos a este abismo que nos está costando tanto a todos y que vive con la sensación de que hemos sido saqueados por intereses siniestros del tenebroso mundo financiero de Estados Unidos.

Por eso es que todos los días nos levantamos con la noticia de que hay una calle bloqueada, gente piqueteando en tal o cual agencia o que aquel o este sindicato decretaron una huelga. Es que vivimos con la sensación colectiva de que hemos sido timados, que seguiremos siéndolo si no nos defendemos y que desde las esferas de los poderes político y financiero están protegiéndose a sí mismos de las cuitas que vivimos todos los demás.

El gobernador Ricardo Rosselló, aparte de algunas expresiones generales sobre “proteger a los más vulnerables”, no ha hecho ningún esfuerzo por explicar la naturaleza más profunda de la crisis y cómo, si de alguna manera, se está asegurando de que todos aportemos de la misma manera. En ese sentido, sus actitudes no son muy distintas del anterior gobernador, Alejandro García Padilla.

El país está consternado. Aparte de los pequeños grupos que siguen ciegamente a los partidos que han ostentado el poder, los demás vivimos con la sensación de que estamos en arena movediza, sin saber ni hacia dónde vamos. Todos los contornos del país que creíamos tener se borraron y quedamos a la intemperie, con la sensación de que nos tomaron el pelo y piensan seguir tomándonoslo.

El país necesita guía y no la hay. No hay nadie en las esferas del poder en el que el país confíe en que le habla verdad y comparte y conoce nuestras angustias. La esencia de la democracia es que el pueblo elige un gobierno para que haga las cosas bien y proteja el colectivo.

Es lo que llaman el pacto social.

En Puerto Rico hace años que ese pacto fue roto en mil pedazos. En este tiempo en que parece que se desvanece todo a nuestro alrededor, se nota mucho más que en cualquier otro momento de nuestra historia.

(benjamin.torres@gfrmedia.com, Twitter.com/TorresGotay, Facebook.com/TorresGotay)