Demasiados empleados públicos saben lo que se siente. Pasan las elecciones, llega un nuevo partido y viene el azote. Les espera el escritorio más lejano y si le falta una pata, mejor. La Subsecretaría de Mirar a la Pared. El puesto de Especialista en Llenar Crucrigramas II.

Esa es una de las manifestaciones más crueles del servicio público. A veces muere a hierro el que a hierro mató antes. Es decir, cae en el escritorio más lejano el que cuatro años antes había sido puesto donde no lo merecía, solo por haberse embadurnado la mano de la pega de los pasquines durante la campaña. Pero demasiado a menudo le pasa a gente buena cuya única falta es no haber creído en el que ganó y a veces ni en el que perdió, que cada día es más gente la que no cree ni en la luz eléctrica.

Y hablando de luz eléctrica, por ahí es que viene el tema que provoca estas reflexiones.

Había en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), hasta hace poco, un caballero que no sabía qué era eso de ser arrinconado cuando la administración cambiaba de color. Se llama William Clark y era el director de la Oficina de Combustible de la AEE. Lo fue por 18 años. Entraban y salían partidos y directores de la AEE y nadie miraba para allá. Le rodearon por mucho tiempo rumores de cosas raras, pero nadie lo tocó hasta que se retiró en mayo de 2014.

Las andanzas de la AEE en la compra de petróleo habían empezado a quedar expuestas en una serie investigativa que publicó este diario en mayo de 2014 y se está confirmando en las audiencias públicas que lleva el Senado hace unas cuantas semanas. Lo que está saliendo a flote ahí es, sinceramente, de espanto.

Veamos:

En las vista ha quedado demostrado que la AEE por años compraba petróleo que no cumplía con sus propios estándares de calidad y lo pagaba como si fuera del bueno. Para lograrlo, se alteraban pruebas de laboratorio y se descartaban a los laboratorios que no se prestaran a alterar las pruebas. Ha quedado demostrado también que la gerencia de la AEE detuvo una auditoría sobre estas nebulosas prácticas y que desoía las advertencias de empleados decentes que trataban de advertirle de las movidas raras en la Oficina de Combustible.

La AEE, incluso, cerró su propio laboratorio, en el 1994, cuando el director de esta dependencia, el químico Abraham Ortiz Charriez, denunció que desde la oficina de Clark se compraba petróleo barato y malo a precio del bueno y caro, y se falsificaban documentos para ocultarlo. “Fue un esquema que duró por años”, dijo Ortiz Charriez al Senado.

Estas prácticas tuvieron consecuencias dramáticas para la AEE y para Puerto Rico.

Primero, la AEE, que está en las etapas finales de la firma de un acuerdo con sus acreedores para tratar de librarse de al menos parte de una descomunal deuda de cerca de $9,000 millones, gastó cientos, tal vez miles, de millones de dólares en exceso pagando por petróleo malo como si fuera bueno. Segundo, el petróleo de mala calidad aumentó de maneras insospechadas los niveles de contaminación en las comunidades cercanas a las plantas de la AEE.

La investigación senatorial, que no ha concluido (el misterioso personaje ese, Clark, no ha sido interrogado, por ejemplo), ha dibujado hasta el momento un mapa bastante claro de actuaciones que sin duda alguna merecen una mirada más a fondo de quienes investigan crímenes aquí. El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, ha dicho que espera que alguien termine preso por ello.

El Departamento de Justicia, notoriamente lento y, verdad de Dios, pusilánime, lleva casi dos años investigando el tema sin que hasta ahora se sepa de ningún resultado. La alteración de pruebas de laboratorio sobre calidad del petróleo llevó a la AEE a violar leyes ambientales federales, por lo que en la calle Chardón también debería haber interés en este asuntito.

De lo que se sabe hasta ahora, es evidente que había en el seno de la Oficina de Combustible de la AEE una conspiración de grandes proporciones, con la complicidad, o al menos la complacencia, de los que han sido directores ejecutivos de la AEE durante las últimas dos décadas por lo menos, con el fin de defraudar a los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos.

Las preguntas brotan como lava de un volcán. Son preguntas que plantean la posibilidad de que estemos ante el esquema de corrupción más grande que hayamos visto jamás: ¿a quién beneficiaba el que se pagara demás por petróleo? ¿Quién se echó dinero al bolsillo? ¿A quiénes respondían los que perpetraron el esquema y los que, habiendo sido advertidos, no hicieron nada para detenerlo? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad? ¿Cuántos estarán temblando, y moviendo influencias, para tratar de salvarse?

¿Pagará alguien? ¿Se saldrán con la suya los malos otra vez? ¿Pasará como tantas veces, que escándalos así se desvanecen discretamente, sin consecuencias? ¿Quién va a hacer un esfuerzo para que se haga justicia? ¿Vale la pena seguir teniendo fe en la justicia en un país en que ocurren cosas así de indignantes y repugnantes, a la vista de todo el mundo, y nadie paga? ¿Qué clase de país es este si crímenes como estos pueden quedar impunes?

Dan miedo las preguntas, sin duda. Pero más miedo dan las posibles respuestas.

(benjamin.torres@gfrmedia.com, Twitter.com/TorresGotay, Facebook.com/TorresGotay)