Por Benjamín Torres Gotay

El subcomité del Congreso de Estados Unidos se constituyó el 26 de febrero de 2015, a las 11:30 a.m., hora local de Washington. Era una mañana bastante fría. Las temperaturas estaban cerca de los 30 grados. Había nevado. Mas nada de eso enturbiaba el ánimo de los funcionarios del Gobierno de Puerto Rico y de los políticos locales que acudieron a la audiencia.

Algo muy importante estaba por acontecer en el salón 2237, del edificio Rayburn: por primera vez, el Congreso de Estados Unidos se constituía para estudiar algo relacionado a la monumental crisis fiscal que tiene a su vieja colonia al borde de la insolvencia. En esta ocasión, se trataba del proyecto del comisionado residente Pedro Pierluisi para que se permita a Puerto Rico acogerse a la Ley de Quiebra Federal, una medida que, de ser aprobada, le daría a la isla un mecanismo muy importante para defenderse de sus voraces acreedores.

La audiencia se produjo en un contexto profundamente perturbador.

Las más importantes corporaciones públicas en Puerto Rico están en bancarrota, agobiadas por problemas operacionales y descomunales deudas. El mejor ejemplo lo da la más grande, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que vale cerca de $7,000 millones, pero tiene deudas de cerca de $10,000 y que desde el año pasado empezó a pedirle indulgencia a sus acreedores porque simplemente no puede pagar y operar a la vez.

La deuda total del país asciende a $72,000 millones, lo cual le obliga a destinar unos $4,600 millones anuales, cerca del 16% de su presupuesto, al pago solo de sus intereses. El pago de intereses aumentará exponencialmente el próximo año y existe una ominosa certeza en todo el país, y afuera, de que en algún momento del 2015 el Gobierno tendrá que elegir entre pagar la deuda o dar servicios.

Al mismo tiempo, el crédito del Gobierno se hunde cada día más en la chatarra, lo cual lo tiene a merced de los especuladores financieros de la más baja calaña y la emigración que ha estado drenando a la isla de gente durante los pasados diez años se intensifica a niveles insospechados.

Durante el transcurso de esta tormenta, Estados Unidos ha estado en un silencio ensordecedor. El Grupo de Trabajo de la Casa Blanca ha estado “asesorando” en secreto. Se dice a veces que hay “conversaciones continuas”, pero no se precisa el contenido de esas conversaciones. Hay gente reclamando que Estados Unidos asuma la deuda o parte de la deuda, que garantice los bonos, que nombre un síndico que ponga orden acá o que sencillamente mande un cheque que nos saque del inmenso hoyo en que nos metieron administradores coloniales con guille de faraones.

Ante la parálisis de Washington, el Gobierno de Puerto Rico ha intentado defenderse dentro del estrecho margen de movimiento que le permite la camisa de fuerza colonial. Aprobó el año pasado una ley que le permitiría a las corporaciones públicas acogerse a la quiebra y defenderse así de sus acreedores mientras continúan con sus operaciones. Hace unas semanas, el Tribunal Federal de Estados Unidos declaró esa ley inconstitucional.

Pierluisi, mientras tanto, presentaba en el Congreso su medida para que Puerto Rico pueda acogerse a la Ley de Quiebra Federal. El Gobierno le apoyó. Fue un triunfo que se citara una audiencia, porque de un tiempo acá ni eso logra Puerto Rico en Washington. Había esperanza.

Hasta que empezó la audiencia.

Allí se presentaron dos firmas de inversiones que representan a los bonistas a los que debemos millones. Se opusieron. Dicen que sus clientes compraron bajo la premisa de que la quiebra no era una opción. Agregaron que si se fuera aprobar la medida, que sea con carácter prospectivo. Esto es, que aplique para la deuda que se asuma de ahora en adelante, no la que ahora mismo nos tiene hasta el cuello. Encontraron eco en los republicanos, que dominan ahora el Congreso.

Pareció una broma pesada. Puerto Rico es una posesión del Congreso. Viene de eso que se menciona mucho y se entiende poco: la claúsula territorial de la Constitución de Estados Unidos. Estar bajo la claúsula territorial, significa que Puerto Rico está “bajo los poderes plenarios del Congreso”. En arroz y habichuelas: ellos mandan. No deberían ser observadores neutrales, ni actores inocentes. Y la primera vez que tienen ante su consideración una medida para ayudarnos a manejar el inmenso problema, se alinean con el bando contrario.

Nuestros representantes en la audiencia quedaron anonadados. Aqúi está en juego la viabilidad misma del estado boricua y allá les preocupan nuestros acreedores. El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, quien ocasionalmente, sobre todo en momentos críticos, deja ver lo que hay en su corazón, lo manifestó así: “mi frustración no puede ser más grande con el gobierno federal”.

Son tiempos aciagos los que nos han tocado en este Siglo XXI . Sobre todo para los que dormían profundo al amparo de la esperanza de que cuando esto se complicara aquí, el buen americano nos daría la mano. Pues no. Al buen americano, como lo ha demostrado hasta ahora, lo que pase aquí le importa muy poco.

Eso es, a fin de cuentas, lo natural. Desde que el mundo es mundo, cada cual vela primero por sus intereses, después por los del otro. En las relaciones desiguales, como son las de una metrópolis con su colonia, este principio tiene más vigencia todavía. Pedro Albizu Campos nos lo dijo hace décadas y no le creíamos: lo que le interesa al americano es la jaula, no los pájaros.

Y la jaula, por lo visto, ya no le es tan apetecible como cuando le era necesaria para velar a nuestros vecinos.

En fin, que el que tenga oídos para oír, que oiga: el problema de Puerto Rico lo tenemos que resolver los puertorriqueños. Nadie lo hará por nosotros. Ni siquiera el americano al que llevamos más de un siglo rindiéndole pleitesía. Démosle el pésame, pues, al que haya visto desfallecer en esto unas cuantas certezas.

(benjamin.torres@gfrmedia.com, Twitter.com/TorresGotay)