Algunas de las principales razones que los poderes en Washington esbozaron para la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal fue la falta de confianza en la voluntad del Gobierno de Puerto Rico para ejecutar los cambios demasiadas veces prometidos para poner orden en el caos fiscal, económico y administrativo del Estado Libre Asociado (ELA).

El Gobierno de Puerto Rico, por sí solo, decían, ha demostrado muchas veces que es incapaz de ejecutar los cambios necesarios y de cuadrar presupuestos y necesita, por lo tanto, supervisión, y estímulo (por decirlo de manera elegante), desde afuera.

Con su mensaje de esta noche, el gobernador Ricardo Rosselló básicamente pidió a la Junta un voto de confianza. Las medidas que ha tomado, más las que tiene proyectadas, quiere que le crean, son suficientes para resolver el monumental déficit estructural en un máximo de cinco años, sin que haga falta someter al pueblo de Puerto Rico al trauma que de seguro le significarán los duros recortes propuestos por la Junta Fiscal.

Aunque en su mensaje el gobernador no dio a conocer todos los detalles de sus propuestas, las cuales solo se conocerán en el documento de, según se ha dicho, 200 páginas que será enviado al correo electrónico de la Junta a más tardar a la medianoche de hoy, de sus palabras en el Hemiciclo cameral quedó claro que Rosselló propone una ruta bastante distinta a la planteada por el organismo federal que en este momento tiene la última palabra sobre los asuntos fiscales del Gobierno de Puerto Rico.

Y la propuesta de Rosselló se basa en los resultados que den sus planes de, entre otros, empleador único, reformas contributivas y laborales y una abarcadora reorganización que llevará al Gobierno a quedarse en 35 agencias, proyectado para cumplirse en cinco años, a pesar de que durante la campaña dijo que podía hacerlo en 48 meses.

Además, incluye propuestas muchas veces intentadas y nunca logradas aquí, como la mejora en la captación de impuestos y ahorros administrativos en el plan de salud del gobierno. Mejoras en la captación de impuestos se han intentado aquí, sin éxito, antes, durante y después del IVU, sin que el sistema sea capaz de recaudar, según el propio Departamento de Hacienda, más de apenas el 64% de lo que debería. La evasión de contribución sobre ingresos, igualmente, es rampante, con una economía informal que según algunos estimados es incluso mayor a la formal.

Rosselló, además, cometió otro pecado muy común aquí y que le ha costado mares de credibilidad a Puerto Rico: pintar un cuadro excesivamente optimista de las proyecciones económicas.

En el mensaje de anoche, el gobernador se metió hasta el cuello en esa fea práctica al “vaticinar” que economistas le han dicho que las débiles señales que ha dado la economía con ligeros aumentos en las ventas de cemento, decrecimiento de las quiebras (seguramente porque cada día hay menos comercios que puedan quebrar) y las medidas de desarrollo impulsadas por su administración producirán un aumento de $1,600 millones en recaudos.

Más o menos de la misma manera se puede calificar el ahorro de $300 millones en el plan de salud de gobierno prometido mediante reducciones en el gasto administrativo, detección de fraude y ahorros en el costo de medicamentos, medidas muchísimas veces intentadas y que tampoco han dado resultados, sobre todo porque al menos una de ellas, el costo de los medicamentos, no es algo que desde Puerto Rico se pueda ejercer control alguno.

En el caso de las pensiones, que no es una crisis que se avecina, sino que ya está aquí, igualmente el gobernador propone llenar buena parte del hoyo con los recaudos de alianzas público privadas participativas de las cuales no se ha firmado todavía ni una ni mucho menos se sabe cuánto dinero producirán.

Aunque Rosselló sí propuso medidas concretas e inmediatas, como la eliminación de $750 millones en subsidios a municipios, el plan de ahorros se queda corto de lo propuesto por la Junta, que le ordenó resolver un déficit presupuesto de $7,600 millones en dos años. Las medidas expuestas ayer por Rosselló, según él, producirían ahorros de $7,200 millones en el mismo periodo, pero dependiendo, por supuesto, de que salga a la perfección mucho de lo que antes no ha salido ni la mitad de bien.

“Las medidas que propone la Junta de Supervisión Fiscal están enmarcadas en ecuaciones estrictamente financieras. En cambio, nuestra política pública está enmarcada en cumplir con los objetivos fiscales, pero también en promover el desarrollo económico, en nuestra capacidad de restablecer credibilidad, en que el cambio se traduzca no solo en un mero recorte, si no en un beneficio a largo plazo y, sobre todo, en velar que los sectores más vulnerables y los que trabajan duro, día a día, tengan una mejor calidad de vida. Un plan fiscal que no atienda estos factores es simplemente inaceptable”, dijo Rosselló.

El que algo no haya dado resultado antes, no quiere decir que no pueda darlo en el futuro, por supuesto. Quien lo va a intentar ahora no es quien lo intentó antes. La ecuación, por lo tanto, más importante que tiene que hacer la Junta Fiscal de aquí al 15 de marzo, fecha límite para la aprobación del plan fiscal, no es cuánto cree que producirán tales o cuales medidas, sino cuánta credibilidad se le puede adjudicar a un Gobierno que, aunque dirigido antes por otras personas, ha fallado tantas veces en cumplir lo que promete.

Confiar o no confiar en Rosselló, pues, se convirtió, de repente, en la cuestión.

(benjamin.torres@gfrmedia.com, Twitter.com/TorresGotay, Facebook.com/TorresGotay)