“Es surrealista ver en campaña a los que no van a gobernar”. La observación la hizo en Twitter esta semana la veterana periodista Maritza Díaz Alcaide, y no hay más remedio que darle toda la razón. A una semana de la primaria en que se escogerá el candidato a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP), quedarán confeccionadas las papeletas legislativas y se decidirán muchos candidatos a las alcaldías, es surreal ver tanta gente en campaña, haciendo promesas y levantando sus brazos en tarimas y a bordo de guaguas, como si nada hubiera cambiado aquí durante los últimos meses.

Esta semana, el proyecto PROMESA, que incluye la creación de una junta de control fiscal que será el verdadero poder en Puerto Rico, pasó su primera prueba, al ser aprobado por el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes. En los próximos días, será llevado al pleno de la Cámara, donde son altísimas las probabilidades de que sea aprobado.

Después, le toca el turno al Senado de Estados Unidos, donde el panorama es un poco más complicado, pues tiene la fuerte oposición de demócratas, incluyendo al precandidato presidencial Bernie Sanders. Aunque los demócratas no son mayoría en el Senado, disponen de mecanismos para evitar que sea llevado a votación.

Sin embargo, en este momento, el panorama es que antes de que termine el año, Puerto Rico será gobernado por siete estadounidenses no electos por nadie y que tendrán todos los poderes que en este momento la Constitución de Puerto Rico reserva para gobernadores y legisladores electos por los puertorriqueños, o los jefes de agencia que estos designen en el ejercicio del poder conferido por el pueblo al haberlos escogido en elecciones democráticas.

Por eso es que resulta realmente absurdo ver el país forrado de afiches políticos, ponerse a ver televisión y ver anuncios de candidatos haciendo promesas de mejorar la economía, la educación, la seguridad y todo lo que tenga que ser mejorado, no tomando en cuenta ninguno de ellos, para efectos de la propaganda con la que pretenden seducir a los electores, que todo, todo, todo lo que puedan hacer o no hacer a partir de la designación de la junta de control fiscal dependerá de lo que los siete estadounidenses les dejen hacer.

Ninguno ha caído, por el momento, en una situación tan complicada como el comisionado residente Pedro Pierluisi, uno de los que aspiran a la candidatura a la gobernación del PNP. Cuando se planteó por primera vez la junta de control fiscal, Pierluisi le vio “tufo a dictadura”. Además, declaró el 30 de noviembre del año pasado: “Cualquier persona en posición de liderazgo que promueva o apoye la creación de una junta de control fiscal federal, acepta su fracaso como líder y se inhabilita para llevar las riendas de nuestro Gobierno”.

Pero esta semana, cuando el proyecto fue llevado en votación en el Comité de Recursos Naturales, le votó a favor. Dijo, entonces: “Este ha sido un gran paso para ayudar a los puertorriqueños, toda vez que el Gobierno se encuentra a punto del colapso e incumpliendo con sus obligaciones con los ciudadanos y acreedores”. Más adelante, sostuvo que la junta de control fiscal es “la transición hacia la estadidad”, a pesar de lo claro que se les ha dicho a los puertorriqueños en Washington que en medio de la tremenda crisis fiscal nadie debería estar pensando en anexión.

Como era de esperarse, el bando de su rival en la contienda por el liderato del PNP, Ricardo Rosselló, le cayó arriba y con fuerza. Lo curioso aquí es que Rosselló, quien no ha explicado cómo piensa cumplir sus múltiples promesas bajo la supervisión de la junta de control fiscal, no se opone en principio a un organismo que desde Washington controle al Gobierno de Puerto Rico. Su compañera de papeleta, Jenniffer González, además, está en récord apoyando la supervisión federal del Gobierno de Puerto Rico.

Ambos se oponen, sí, a la versión de PROMESA aprobada esta semana porque no incluye mecanismos de desarrollo económico ni una vía hacia la estadidad, otra vez ignorando ambos las advertencias de que es contraproducente, sino llanamente antipático, ir a Washington a hablar de estadidad cuando el Gobierno de Puerto Rico apenas puede sostenerse por sus propios pies.

El debate entre Pierluisi y Rosselló llegó a niveles francamente absurdos cuando desde el bando del comisionado residente se planteó esta semana que los miembros del PNP no tendrán que escoger el próximo domingo al mejor gobernador, sino al que mejor pueda trabajar con la junta de control fiscal.

En el bando popular, el candidato David Bernier no se queda atrás dando a conocer los principios de una propuesta contributiva, sin mencionar que ese es justo el tipo de asuntos en el que más se van a meter los miembros todavía desconocidos de la junta de control fiscal, que van a estar velando bien de cerca los ingresos y gastos del Gobierno de Puerto Rico.

Menos Pierluisi y algunos de sus más fieles compañeros de campaña, todos los políticos en Puerto Rico se han opuesto a la junta de control fiscal. Pero ninguno ha dicho exactamente qué va a hacer para oponerse, salvo el senador Miguel Pereira, quien manifestó que renunciará si el organismo es aprobado, e invitó a otros a hacer lo mismo. “Tengo demasiada de mucha dignidad y demasiado de mucho orgullo hacia mi persona para tolerar las imposiciones de esas personas, que ni participó en elecciones”, dijo Pereira, quien hasta el momento no ha recibido apoyo en su intención de renunciar.

En resumen, la clase política, mayormente, está actuando como si nada hubiera cambiado en Washington con relación a Puerto Rico en los últimos meses, y prometen y prometen y prometen sin tomar en cuenta la PROMESA que desde Washington nos hicieron de ser ellos, y no nosotros, los que decidan de ahora en adelante qué es lo que merece el pueblo de Puerto Rico.

(benjamin.torres@gfrmedia.com. Twitter.com/TorresGotay, Facebook.com/TorresGotay)