El sábado 19 de enero de 2019 el presidente de EEUU, Donald Trump, ofreció un mensaje en el cual presentó un plan para manejar el problema de seguridad fronteriza y de inmigración ilegal. Es una propuesta que debería interesarle a los congresistas demócratas que realmente quieren negociar para acabar con el cierre parcial del gobierno federal. Sin embargo, la presidenta de la Cámara Baja federal, Nancy Pelosi, rechazó la propuesta sin siquiera evaluarla.
Trump ofrece $800 millones para manejar la crisis humanitaria en las fronteras, $805 millones para tecnología anti droga que sirva en la vigilancia de los puertos de entrada, 2,750 agentes fronterizos y oficiales de seguridad para vigilar las fronteras, 75 jueces adicionales para atender casos de inmigración, 5.7 billones de dólares para barreras físicas o muros en la frontera sur, una extensión de tres años a la protección para no deportar inmigrantes ilegales que entraron cuando eran menores de edad (lo que se suele conocer como los dreamers o soñadores), la protección incluye a los inmigrantes que participan del programa de Estatus de Protección Temporera (TPS, por sus siglas en inglés) que fue creado para quienes no pueden regresar a sus países por problemas políticos, entre otras medidas.
Esta propuesta tiene el apoyo de diferentes líderes de opinión y de políticos republicanos. Pero, los demócratas no ceden. En toda negociación y en todo gobierno dividido se gana y se pierde. El todo o nada usualmente resulta en nada.
Una de las destrezas de Trump es negociar y lo ha logrado con líderes de regímenes autoritarios, como el de Norcorea. Los líderes demócratas se muestran más intransigentes que presidentes de otras naciones con los cuales la administración Trump renegocia acuerdos. Se comportan como si tuvieran mayoría en ambos cuerpos legislativos y como si Trump no tuviera nada que ofrecer a cambio.
El liderazgo demócrata dice para las gradas una cosa, pero hace otra cuando se trata de tomar decisiones. Dicen que quieren ayudar a los dreamers para que no sean deportados, pero cuando Trump les presenta propuestas para negociar la permanencia de estos inmigrantes, ponen trabas. Lo que dan a entender es que la agenda es otra: la prioridad es hacer quedar mal a Trump.
Pelosi usó de excusa el cierre parcial del gobierno federal y la “falta de personal de seguridad” para solicitar al presidente de EEUU que cancele el Mensaje de Estado (SOTU, por sus siglas en inglés). Esta movida sirve para que Trump no tenga un foro con audiencia nacional desde el cual enviar un mensaje a los congresistas demócratas para que negocien. Es un ejemplo que prueba que no hay intención de ceder y que se usa el cierre del gobierno federal como ficha político electoral.
Proponer una moratoria que protege por tres años a los dreamers no gusta a comunicadores conservadores de línea dura, como Ann Coulter, lo que muestra que Trump cede y que se arriesga a recibir críticas de aliados. Coulter fue una de las líderes de opinión que lo apoyó desde el primer momento en que anunció su precandidatura para presidente de EEUU.
No se sostiene afirmar que Trump es intransigente, xenófobo ni que quiere deportar a los inmigrantes ilegales que se adaptan a la idiosincrasia americana. Es el Partido Demócrata quien asume una postura rígida y quien usa a los inmigrantes para demonizar a Trump. Recurre a la política de identidad y a la demagogia para presentarse como el partido que defiende a los inmigrantes ilegales; pero, en realidad, lo que hace es impedir que se apruebe una reforma migratoria abarcadora que atienda el problema de raíz.
Administraciones de presidentes demócratas, como Barack Obama, estuvieron de acuerdo con mejorar la vigilancia fronteriza y con construir barreras físicas en las fronteras. Incluso, bajo Obama se deportaron inmigrantes ilegales en cantidades récords. La administración Trump ha deportado menos inmigrantes ilegales y ha estado dispuesta a negociar una amnistía. Tres años de moratoria a las deportaciones a cambio de los fondos para el muro fronterizo es razonable y da tiempo suficiente para discutir una propuesta abarcadora. Los tres años vencen luego de que culmine el primer término de Trump. Es una garantía que cubre lo que queda de cuatrienio.
La bola está en la cancha de los demócratas. Tienen la oportunidad de demostrar si su prioridad es asistir a los inmigrantes ilegales o si solo los usan para atacar a su adversario.