Abrir las fronteras con problemas de seguridad como el tráfico humano, el narcotráfico, el tráfico de armas, la falsificación de pasaportes, el terrorismo islámico, el flujo de miembros de gangas, entre otros, no es prudente ni conveniente. Los trabajadores que quieran entrar a Estados Unidos (EEUU) deben hacerlo de forma legal. Hay personas que siguen el debido proceso y están en espera para obtener visas o ciudadanía. EEUU no es responsable por los ciudadanos de cada estado del mundo al que le va mal económicamente. Hay una responsabilidad de esos estados y de sus ciudadanos que no se debe desplazar. Los primeros que deben liberar su economía son los estados con deterioro económico.

El presidente de EEUU, Donald Trump, dejó claro desde la campaña primarista y presidencial que contrarrestaría el problema de la inmigración ilegal descontrolada. También, prometió construir un muro y mejorar la vigilancia fronteriza. Inspiró a partidos y movimientos europeos pro control fronterizo.

Poco a poco se fortalecen y ganan elecciones los partidos europeos que prometen mayor vigilancia fronteriza y control de la inmigración. La Unión Europea se debilita, porque los estados demandan mayor soberanía. Por ejemplo, el pueblo de Reino Unido aprobó la salida de la Unión Europea (el Brexit). Italia es el último de los estados que elige a diputados y a jefes de gobierno pro control migratorio.

Los partidos opositores recurren a la táctica de tildar de xenófobos y de racistas a todos los que apoyan las reformas migratorias. En EEUU esta función la ejerce el Partido Demócrata, quien por décadas favoreció aumentar la vigilancia fronteriza y las deportaciones, pero toda vez que el Partido Republicano está en mayoría, aparentan oponerse.

No es cierto que los demócratas son los defensores del inmigrante ilegal. Bajo la administración del expresidente de EEUU, Bill Clinton, se aprobó y firmó la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante de 1996 (IIRIRA, por sus siglas en inglés). Esta ley establece sanciones a los que inmigran ilegalmente. El expresidente de EEUU, Barack Obama, también hizo expresiones sobre el control migratorio, deportó a millones y fue considerado el presidente con más deportaciones en las últimas tres décadas.

Los demócratas juegan políticamente a negar los hechos, sus expresiones y sus decisiones, porque les sirve para demonizar a los republicanos y a Trump. Cada vez que tienen la oportunidad le sacan provecho a las controversias sobre el asunto migratorio. La más reciente es la alegada separación de familias de inmigrantes ilegales.

Como de costumbre, muchos medios de prensa desinformaron a la población con rumores e información falsa y distorsionada. Una de estas distorsiones fue las fotos que circularon por las redes sociales en las que aparecen unos niños durmiendo sobre catres en cubículos separados por rejas de alambre eslabonado (cyclone fence). La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, reprodujo la imagen en su cuenta de Twitter con expresiones de crítica contra la administración Trump. Hubo reporteros que la publicaron, pero luego la removieron, porque resultó ser del 2014, cuando Obama era presidente.

Esto no impidió que medios de Puerto Rico (PR), nacionales e internacionales repitieran la mentira sobre que Trump enjaula a los niños inmigrantes. No faltaron las alusiones a campos de concentración, a los nazis y a otras etiquetas que le imponen al Presidente para demonizarlo.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kirstjen Nielsen, ofreció una conferencia de prensa en la que aclaró que hay alrededor de 10,000 menores de edad que entraron ilegalmente a EEUU sin la compañía de sus padres o encargados; entran con traficantes humanos (los llamados “coyotes”). Informa que hay un protocolo para evaluar los casos y separar a los niños de su acompañante. Se toma en cuenta si existe evidencia de que el acompañante es el padre o encargado. También, se evalúa los casos en los que no existe evidencia y se sospecha que es un traficante humano. Además, se consideran los casos en los que el encargado ha cometido delitos.

Nielsen afirma que no existe una política del gobierno federal para separar familias. Aclara que a los menores de edad se les provee servicios de alimentos, salud, recreación, entre otros. No hay violación a derechos humanos.

En esta controversia varios medios y analistas confunden conceptos como derechos civiles y derechos humanos. Los que inmigran ilegalmente no son ciudadanos, pero son protegidos por acuerdos internacionales y por políticas de derechos humanos. No es correcto afirmar que se violan derechos civiles.

En respuesta a la controversia y para armonizar la discusión, el senador federal republicano, Ted Cruz, propuso un proyecto de ley que persigue que las familias de inmigrantes ilegales no sean separadas. Establece un protocolo para evaluar los casos. Si los padres o encargados acompañan al menor y no han cometido delitos, no serán separados. Es un modo de oficializar un procedimiento de manejo de casos y de que el Congreso asuma su responsabilidad de establecer las leyes sobre inmigración.

Hay que ver si los congresistas demócratas ceden y negocian la aprobación de la medida. La tendencia es a negarse a aprobar medidas sobre reforma migratoria y sobre la financiación del muro fronterizo. El tema de la inmigración es una ficha política. Si realmente les importa el bienestar de los niños y de las familias que entran ilegalmente, deben ceder.

Trump intentó varias veces negociar con los demócratas una reforma sobre inmigración y los fondos para el muro fronterizo. Sin embargo, en cada intento y luego de cada reunión con congresistas de ambos partidos surge una nueva controversia. Hay frivolidad y poca disposición para negociar. Parece que la prioridad son las elecciones de medio término.

El Senado federal rechazó una medida que sometió la Casa Blanca en la que se otorga la ciudadanía americana a millones de “Soñadores” (Dreamers) a cambio de medidas para prevenir la entrada de inmigrantes ilegales. La medida era adecuada para no repetir el problema de los menores de edad que ingresan ilegalmente a EEUU. No tomar una decisión ni establecer una política clara, posibilita controversias como la separación de familias.

Todas las partes deben poner de su parte.