Algo debe quedar claro de entrada, el presidente de EE. UU., Donald Trump, no concederá ante el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden. La evidencia sobre fraude electoral, violaciones constitucionales y otras irregularidades es abundante. El hecho de que los grandes medios de prensa y las grandes corporaciones de redes sociales censuren las vistas públicas estatales en las que se expuso el fraude, no hace que los hechos desaparezcan.

Otro punto que se debe aclarar es que el 14 de diciembre de 2020 no se determinó quién ganó la elección presidencial. El 6 de enero de 2021 hay una sesión conjunta del Congreso presidida por Mike Pence, vicepresidente de EE. UU. y presidente del Senado federal. Ese día se cuentan y validan los votos de los electores del Colegio Electoral.

Pence no está obligado a reconocer los votos de electores de estados cuyas elecciones estén en entredicho o que haya demandas pendientes. Como es necesario que haya unanimidad en ambas cámaras federales, solo se necesita que un congresista objete votos. Es decir, Trump solo necesita un aliado fiel para iniciar el proceso de una elección de contingencia, que ocurre cuando ninguno de los candidatos obtiene mayoría absoluta (270 votos de electores del Colegio Electoral).

Este tipo de elección es constitucional y se ampara en la duodécima enmienda que fue ratificada en el 1804. Si se realizara una elección contingente, la Cámara Baja federal elegiría al presidente de EE. UU. mediante una votación en la que cada estado opera como un bloque con un solo voto. Este escenario favorecería a Trump.

Antes de llegar a este punto, hay varias situaciones que pueden crear las condiciones que legitimen y viabilicen este tipo de elección. Una de ellas es que los abogados de la campaña de Trump y los abogados independientes que representan a We The People, como Sidney Powell y Lin Wood, apelen las demandas radicadas en tribunales de menor jerarquía hasta forzar que el Tribunal Supremo federal intervenga y considere que hay standing. 

Otra forma de presionar para que los congresistas republicanos apoyen a Trump es enfatizar que el control por el Senado federal está en juego. Si los candidatos republicanos de Georgia que compiten por dos escaños para el Senado federal pierden la elección del 5 de enero, se necesitará que Mike Pence conserve la vicepresidencia de EE. UU. y la presidencia del Senado federal. Incluso, para que ganen esos dos escaños, es necesario mantener el apoyo a Trump, pues sus seguidores podrían abstenerse de votar.

La élite tradicional del Partido Republicano necesita a Trump. Traicionarlo tendría un costo alto.

Como forma de recopilar información y evidencia forense, Trump puede renovar la orden ejecutiva firmada en el 2018 para contrarrestar la Injerencia Extranjera en las Elecciones de EE. UU. El Director de Inteligencia Nacional (DNI, por sus siglas en inglés), John Ratcliffe, debe rendir un informe al presidente sobre si ocurrió alguna interferencia extranjera en las elecciones presidenciales. Ratcliffe ha dicho públicamente que hay injerencia de China, Irán y Rusia en los procesos electorales de la Nación. Por esto, los abogados Powell y Wood le recomiendan a Trump reactivar esta orden ejecutiva para que no cesen las investigaciones e involucrar al Departamento de Justicia federal.

El Departamento de Justicia federal tendrá un cambio de dirección. Con la renuncia del Fiscal General de EE. UU. Bill Barr, queda a cargo el Fiscal General Adjunto Jeff Rosen. Convenientemente, Rosen tiene interés en investigar la injerencia foránea en las elecciones de EE. UU.

Hay otras recomendaciones para que se investigue el fraude electoral. El general Michael Flynn, ex Consejero de Seguridad Nacional del presidente Trump, aconseja designar a un fiscal especial independiente que investigue los delitos electorales.

Flynn recibió el perdón presidencial recientemente. Fue uno de los allegados a Trump que fue perseguido políticamente en los últimos días de la administración Obama. Luego del perdón presidencial, un juez federal desestimó los cargos, aunque desde el verano de 2020 un panel de jueces del Circuito de Apelaciones de DC aprobó la solicitud de retirar los cargos. A Flynn lo usaron como conejillo de indias para atacar a la administración Trump y justificar una investigación ilícita que condujera al residenciamiento del presidente de EE. UU.

A Trump lo han tratado de sacar por vías ilícitas. La persecución política es constante. El expresidente Barack Obama ha sido uno de los autores intelectuales de cada movida. Sin embargo, en cada ocasión ha fracasado, pues Trump se mantiene como presidente de EE. UU.

Lo irónico es que quienes proyectan sus delitos en otros e intentan un tipo de golpe de Estado sofisticado contra Trump, ahora están divididos y en una batalla interna. Los medios de prensa demócratas comienzan a publicar notas sobre las investigaciones federales contra la familia Biden. La información que omitieron y alegaron ser falsa, ahora la reconocen como cierta, porque dentro del Partido Demócrata hay un ala socialista “democrático” que exige que Biden nombre a secretarios y directores de agencia que simpaticen con esta ideología. Le ponen presión para que ceda.

Biden es blanco de ataques y prueba una cucharada de la misma medicina que le administraron a Trump. Tiene actores políticos que buscarán destituirlo de una forma u otra para que Kamala Harris sea presidenta. Una forma es declararlo incapacitado mentalmente y fisiológicamente, activando la Vigésimo Quinta Enmienda a la Constitución de EE. UU., y otra es investigar la corrupción asociada a los sobornos de la corporación energética Burisma y de funcionarios de gobierno chinos, rusos y ucranianos, con el objetivo de iniciar un juicio de destitución.

Pero, para destituir a Biden, primero hay que juramentarlo. Los que piensan que su elección y juramentación es segura desatienden los diferentes contrapesos existentes en el proceso de elección del presidente de EE. UU. Ese puesto no se elige por voto popular; los fundadores y diseñadores de la Constitución y de sus enmiendas contemplaron diferentes escenarios como el presente.

Se prepara el camino para una elección contingente. Cada día se revela evidencia nueva sobre el fraude electoral.

Por ejemplo, en el condado de Antrim, Michigan, se realizó una auditoría forense de las máquinas de votación de la compañía Dominion Voting Systems que reveló el cambio ilícito de votos con reportes erróneos del 68% de los resultados. En otro estado disputado, el Tribunal Supremo de Wisconsin determinó que los funcionarios electorales interpretaron erróneamente la disposición sobre que un elector puede decidir si se considera “confinado de forma indefinida”, por causa de la “pandemia”, con el fin de votar por correo. Eso solo aplica a ciertos casos que no incluyen a los electores que tuvieran temor a infectarse de Covid-19. Por tanto, esos votos emitidos son inválidos, pero no se invalidan de forma automática; cada caso debe ser evaluado antes de determinar si se invalida el voto. Uno de los estados en disputa cuyos legisladores realizaron vistas públicas, ordenó auditar las máquinas de votación, las papeletas y otros documentos electorales en el condado de Maricopa, Arizona. Mientras que en Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Georgia, Arizona, Nevada y New Mexico los electores republicanos del Colegio Electoral votaron por el presidente Trump y enviarán sus votos al Senado federal; esto provoca una controversia que señalará el presidente del Senado federal Mike Pence, cuando el Congreso sesione el 6 de enero de 2021, y que, posiblemente, tendrá que atender el Tribunal Supremo de EE. UU.

Repito, debe quedar claro que Trump no concederá. Sus seguidores son patriotas disciplinados y activos. La lucha por la presidencia de EE. UU. no acaba. El mensaje de Trump sobre que “apenas comenzamos a pelear” es un grito o un Grito con mayúscula. Anuncia que falta mucho juego todavía.