Luego de que el presidente de EEUU, Donald Trump, firmara varias órdenes ejecutivas para asistir a los ciudadanos más vulnerables financieramente, por los cierres de las economías y la pandemia del Covid-19, la presidenta de la Cámara de Representantes federal, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría demócrata en el Senado federal, Chuck Schumer, quieren negociar una medida congresional. Trump firmó cuatro órdenes ejecutivas, porque el Congreso no se puso de acuerdo y los líderes demócratas obstaculizaron la aprobación de medidas de alivio financiero.

Pelosi y Schumer consideran que Trump no tiene autoridad para aprobar estas órdenes. Sin embargo, Casa Blanca se ampara en la decisión del Tribunal Supremo de EEUU (SCOTUS por sus siglas en inglés) sobre el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Si el presidente Barack Obama pudo mediante orden ejecutiva crear este Programa sin que mediara una medida del Congreso, Trump tiene la autoridad de usar órdenes ejecutivas de forma similar.

El error de los demócratas y de los jueces ideólogos que legislan desde la judicatura es emitir opiniones y decisiones que luego les revientan en la cara. Le otorgaron demasiado poder a la Rama Ejecutiva. Lo que hace Trump es maniobrar de acuerdo a la jurisprudencia actual.

La primera orden ejecutiva que firmó suspende el impuesto sobre el salario del ciudadano cuyo ingreso es menor a $100,000. Es un alivio contributivo que asiste a quienes enfrentan problemas para cumplir con el pagaré hipotecario y de otro tipo. Protege la estabilidad financiera de los trabajadores de cuello azul o manufactura y defiende la unidad familiar.

En esta misma línea, firma una segunda orden ejecutiva que extiende la moratoria a los desahucios. Si millones de ciudadanos no pudieron laborar durante los cierres de la economía y tuvieron o tienen que permanecer en su hogar por los toques de queda, lo razonable es que no se le desaloje de su vivienda, por morosidad en los pagos de alquiler.

De forma coherente, firma una tercera orden ejecutiva, que extiende la aportación de emergencia del seguro por desempleo a $400 semanales, con una aportación del 25% por parte del estado. Con este ingreso el trabajador puede cumplir con la orden de toque de queda, en los casos que aplique, cumplir con sus obligaciones financieras, y prepararse para buscar empleo.

Por último, firma la cuarta orden ejecutiva a modo de alivio en el pago de préstamos estudiantiles. Así, los egresados de instituciones de educación superior pueden reorganizarse financieramente y buscar empleo en un momento de reapertura de la economía.

Sea cierto o no que estas órdenes ejecutivas se sostengan jurídicamente y que se puedan utilizar los fondos federales de emergencia para hacerlas viables, Trump logró presionar a los líderes demócratas y congresistas para que se sienten a negociar y lleguen a un acuerdo. No les conviene políticamente (electoralmente), a Pelosi y a Schumer, retar en los tribunales estas órdenes ejecutivas presidenciales. Quedarían como los enemigos del trabajador y del ciudadano que sufre las consecuencias de los cierres de la economía. Negociar es el mejor escenario posible, para aprobar una medida congresional que atienda todos estos puntos.

El Partido Demócrata se inclinó tanto por las políticas de identidad raciales, de género y de orientación sexual, que descuidó a los trabajadores. Trump se convirtió en el aliado de los trabajadores de manufactura y de otros sectores de la economía. Incluso, los representa mejor que muchos líderes sindicales. De este modo, el Partido Republicano se convirtió en un partido laborista conservador.