La embajadora de Estados Unidos (EEUU) ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Nikki Haley, defiende la política de la administración Trump sobre no dejar que organismos supranacionales atenten contra la soberanía de Israel y de EEUU. El retiro americano de la membresía al Consejo de Derechos Humanos de la ONU es en respuesta a la agenda y al sesgo contra el estado de Israel. Es una forma de cumplir con el principio del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre no participar de organismos que sirven en contra de los intereses de la Nación.

A Trump no le hace sentido asignar millones en fondos a la ONU y a otros organismos internacionales que no cumplen con el objetivo para el cual fueron creados. Haley informa que las resoluciones aprobadas en años recientes contra Israel implican un sesgo e inclinación con motivaciones políticas y no en defensa de los derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos tiene entre sus miembros a estados violadores crasos de estos derechos: Congo, Cuba, Venezuela, Pakistán, entre otros.

Es irónico que dictaduras violadoras de derechos humanos y con sistemas políticos en los que no hay competencia entre partidos ni respeto por procesos electorales, participen del Consejo de Derechos Humanos y voten para investigar a estados con libertad individual, separación de poderes y elecciones transparentes. Dar legitimidad a dictaduras y demonizar a democracias, a repúblicas y a países libres es una contradicción que le resta credibilidad a cualquier organismo que supone defender los derechos humanos.

Hay una obsesión antiIsrael adelantada por estados socialistas y con una población islámica significativa. No votan por resoluciones para investigar supuestas violaciones a derechos humanos por genuino interés en proteger a los palestinos, sino por la agenda de no reconocer la existencia del estado de Israel y de alinearse con el mundo árabe-islámico que cabildea contra Israel.

La Asamblea General de la ONU se opone a que la capital de Israel, Jerusalén, sea la sede de las embajadas. No es solo el Consejo de Derechos Humanos, sino todo el organismo supranacional, quien opera con la hegemonía del mundo árabe-islámico, que incluye a los estados islamistas no árabes, como Pakistán, Turquía e Irán.

La existencia del estado de Israel no debe estar sujeta a los caprichos del mundo islámico. Los estados europeos con una población significativa de musulmanes también votan según el cabildeo y la tendencia electoral de este sector.

Esta es una guerra de propaganda que no se puede ganar legitimando a organismos que dejaron de ser objetivos y que presentan contradicciones insalvables de principios. Por ejemplo, es evidente que las dictaduras no permiten la investigación de violaciones a derechos humanos, como es el caso de Venezuela; sin embargo, tienen membresía y votan en el Consejo de Derechos Humanos.

Se usa una doble vara para evaluar al caso de Israel. Este es el único estado judío del mundo. Es también el único en Oriente Medio con libertad de culto plena. No hay apartheid ni discrimen institucional por raza, etnia o religión. Nada de esto impide que se le difame constantemente.

Los estados enemigos de Israel amenazan con destruirlo, financian a organizaciones terroristas islámicas y realizan otras prácticas beligerantes. El hecho de que participen de organismos que evalúan supuestas violaciones a derechos humanos levanta sospechas.

Hasta que la ONU no se reorganice, retome sus principios y deje de servir como órgano de propaganda, EEUU no tiene por qué participar ni dar legitimidad a consejos que causan más perjuicios que beneficios.