Los opositores a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) están en su derecho de expresarse y de protestar contra cualquiera de las propuestas fiscales y económicas. Lo que no debería ocurrir es atentar contra los miembros de la JSF ni justificar cometer delitos en nombre de la indignación. Hay que aclarar que en Puerto Rico (PR) no hay una dictadura ni la JSF es dictatorial.

El junte de organizaciones de izquierda, independentistas y sindicalistas en la jornada Se Acabaron las Promesas promueve la idea de que la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de PR (Promesa, por sus siglas en inglés) es una manifestación del “imperialismo americano”, una demostración de que PR es una “colonia clásica” y evidencia de que existe una “dictadura” ejercida por la JSF, como brazo del Congreso de Estados Unidos (EEUU). Esta idea corresponde con el marco político ideológico de las organizaciones que participan.

Debido a que sus activistas “están convencidos” de que hay una dictadura en PR, realizan protestas tipo marchas dirigidas a las oficinas de los miembros de la JSF. Recurren a tácticas violentas y justifican acciones como alterar la paz, amotinarse, lanzar piedras y otros objetos contra la Policía, destruir propiedad, acechar a los miembros de la JSF, entre otras.

Un ejemplo de acciones violentas es el de Edwin L. Morales Laboy, quien grabó un video en un aeropuerto, que bajó a las redes sociales (Facebook), en el cual persigue e insulta al presidente de la JSF, José Carrión III. Morales es vicepresidente de la Federación de Maestros de PR (FMPR), es miembro del Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), exhuelguista del Recinto de Río Piedras de la Universidad de PR (UPRRP) y aliado político ideológico del dictador socialista Nicolás Maduro y del terrorista Óscar López. Por un lado, afirma que la JSF es dictatorial, por el otro, se toma selfies con dictadores y terroristas iberoamericanos.

Otro ejemplo es la marcha del 1 de mayo de 2018 que se dirigía a la oficina de una corporación privada de la cual el presidente de la JSF es socio. Culminó con un motín. En esa participó como portavoz Scott Barbés Caminero, quien indica en su perfil de Facebook que trabaja para la Central General de Trabajadores (CGT), es miembro del MST, es el principal líder de la huelga del 2005 de la UPRRP y está involucrado en varias protestas que culminaron en motines y acciones violentas.

No son meramente ciudadanos indignados con las decisiones de la JSF, sino activistas políticos con experiencia vinculados a organizaciones socialistas y sindicalistas. Sus diferencias con la JSF se basan en su marco político ideológico. Tienen derecho a diferir y a defender sus ideas, pero no a delinquir ni a atentar contra otros.

Sin embargo, no todos los opositores a la JSF ni quienes afirman que es dictatorial son de izquierda o sindicalistas. El presidente del Senado de PR, Thomas Rivera Schatz, también reproduce el mismo discurso y hace alianzas con Juan Dalmau, senador por acumulación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). Schatz está de acuerdo con medidas legislativas de Dalmau y propuestas para reducir la asignación de fondos a la JSF, para hacer una consulta que considere la eliminación de la JSF y para investigar un accidente aéreo de un avión de la Guardia Nacional de PR en el cual fallecieron varios puertorriqueños. Las tres propuestas persiguen demonizar al gobierno federal y promueven un discurso sobre una supuesta dictadura y abuso imperial americano.

Para Schatz, es una forma de hablarle a las gradas y de congraciarse con sindicalistas y otros sectores que de otra forma no se vincularían con él. Se saca presión de encima y la desplaza hacia la JSF y contra el gobernador de PR, Ricardo Rosselló. Pero, no acude a los tribunales ni usa los mecanismos constitucionales que posibilitan establecer formalmente su caso contra la JSF.

Hablar sobre una dictadura en PR no tiene sentido si se considera que hay separación de poderes y toda la jerarquía de tribunales que va desde el tribunal de primera instancia al Tribunal Supremo de EEUU (SCOTUS, por sus siglas en inglés). Todas las partes reconocen la función de la rama judicial. La narrativa de la dictadura es falsa y ni los mismos que la propagan son consistentes en sus discursos.

La ley federal Promesa fue cabildeada por quienes eran los presidentes de los dos partidos de mayoría en PR, Alejandro García Padilla (exgobernador de PR) y Pedro Pierluisi (excomisionado residente en Washington). Pidieron una intervención federal que sirviera como rescate o forma de ley de quiebra. El gobierno de PR se benefició del Título III, del Título VI, de la creación de la JSF, de la designación de una jueza de distrito federal para atender la quiebra de PR (Laura Taylor Swain) y de otras disposiciones de la ley federal Promesa.

Quienes se agarran de la narrativa falsa sobre una dictadura en PR lo hacen para justificar acciones que de otro modo no gozarían de legitimidad. Engañan con la hipérbole.