Los políticos y organizaciones que acusan a la Junta de Supervisión Fiscal de ser dictatorial, realmente acusan indirectamente al Congreso de Estados Unidos (EEUU), que fue quien la creó. Si les molesta que la Junta y la jueza Taylor Swain intervengan en asuntos fiscales y de política pública de PR, deberían respetar el orden constitucional: la Constitución de Puerto Rico (PR) establece un tope del servicio de la deuda y obliga a pagarla. Afirmar que la Junta viola la autonomía y la Constitución de PR, mientras el ejecutivo y la legislatura irrespetan esa misma constitución, es contradictorio. Si van a ser constitucionalistas, deben ser responsables fiscalmente, reducir gasto público y pagar a los acreedores.

Se equivocan quienes acusan a los conservadores y a los republicanos, a los que llaman “derecha”, de ser culpables de la crisis fiscal de PR.

El aprobar presupuestos deficitarios, establecer impuestos y realizar préstamos para pagar deudas, entre otras irresponsabilidades fiscales, no son medidas conservadoras ni republicanas. Lo que dominó en PR -la cleptocracia, el keynesianismo, el corporativismo y el eclecticismo- no corresponde con un marco ideológico conservador fiscal. Los demócratas, socialistas y progresistas de todos los partidos de PR y de las organizaciones cívicas establecieron este modo de operar. Hace falta un cambio de marco.

Los republicanos en EEUU, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, aprobaron una reforma contributiva federal que redujo los impuestos para incentivar la inversión, la creación de empleos y la repatriación de ganancias. Sin embargo, los republicanos de PR no han hecho lo propio. Parecen Republicans In Name Only (RINO), forma peyorativa para describir a los republicanos que se comportan como demócratas, progresistas, o que se alejan de los principios conservadores.

El presidente del Senado de PR, Thomas Rivera Schatz, se comporta como RINO cuando adopta el discurso de los sindicalistas, progresistas y socialistas que se oponen a las medidas de austeridad fiscal propuestas por la Junta. Para no pagar el precio político electoral, recurre a hipérboles, como comparar a la Junta con las dictaduras de Nicolás Maduro, Venezuela, y Daniel Ortega, Nicaragua. Lo que no dice es que quienes defienden violar el orden constitucional son los que se oponen a que se pague a los bonistas.

Schatz llevó lejos su populismo light al insinuar que en PR podrían ocurrir protestas violentas como en Nicaragua. Fue más allá, citó al presidente de la Junta, José Carrión III, para una vista pública en el Capitolio el 1 de mayo de 2018, día en que los sindicalistas y socialistas del mundo realizan protestas por el asunto en boga en ese momento. Se sabe que habrá manifestantes que se dedican a agitar y que en protestas anteriores provocaron motines o hubo conatos de motín.

Es frívolo que Schatz, quien por poco es agredido en un motín provocado por manifestantes de la “IUPI” (Recinto de Río Piedras de la Universidad de PR) frente a la Fundación Sila María Calderón, sea quien comprometa la integridad física de Carrión y sus acompañantes. Pudo citarlo para un día menos conflictivo y en el cual sea viable garantizar la seguridad de los presentes.

Esta actitud anti Junta opera de modo irracional e irresponsable. No hay ánimo de escuchar argumentos ni de tener un principio de realidad. La negación domina.

Por ejemplo, no se acepta que la ley federal Promesa, mediante la cual se ordena la creación de la Junta, fue cabildeada por funcionarios de PR de ambos partidos de mayoría: por el Partido Popular Demócrático (PPD), Alejandro García Padilla (en ese momento gobernador de PR) y por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi (en ese momento comisionado residente en Washington). Tampoco se reconoce que sin el Título VI y el Título III de Promesa, no habría moratorias, un mecanismo de reestructuración de la deuda moderado por un tercero (un tribunal federal) y una supervisión y compromiso del Congreso y de Casa Blanca para asistir a PR en el proceso.

Sin Promesa o un mecanismo equivalente, el gobierno del Estado Libre Asociado (ELA) y las corporaciones públicas quedarían vulnerables a demandas. Los sindicalistas y otros sectores que hoy día protestan en contra de los recortes, pierden de perspectiva que el escenario sería peor.

No es lo mismo llamar al Diablo que verlo venir. Todos los que se prestan para la farsa anti Junta, se podrían quedar sin la soga y sin la cabra. Hay que ser responsables fiscalmente, queramos o no.

Es irónico que en PR las posturas conservadoras fiscales no dominan por convicción e idiosincrasia, sino por las consecuencias de nuestras acciones como Pueblo. Podemos echarle la culpa a otro, pero quien padece es quien debe asumir, como prioridad, la responsabilidad. Si no lo hace, igual sufrirá las consecuencias. La dictadura no es la Junta, es la realidad tocando a la puerta.