Los detractores del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, apostaron por su fracaso en las negociaciones para la aprobación de un presupuesto que acabara con el cierre breve del gobierno federal. En dos ocasiones se equivocaron. Los que dicen que el Presidente se olvidaría de Puerto Rico (PR), no acertaron, pues lo incluyó entre las jurisdicciones de EEUU afectadas por desastres naturales: mencionó su nombre en el primer mensaje de Estado (SOTU, por sus siglas en inglés) y firmó la medida presupuestaria que asigna 16 mil millones de dólares para la recuperación de PR.

Esta es la asignación de fondos federales más significativa en la historia de PR. Vale repasar que Trump recibió al gobernador de PR, Ricardo Rosselló, en la Casa Blanca, del mismo modo en que lo hace con jefes de Estado. También, visitó a PR, envió a miembros de su gabinete y mantuvo comunicación con el Gobernador. Los que afirman que el Presidente discrimina con los puertorriqueños se quedaron sin argumentos.

Por esto, no deben ser los rumores y las especulaciones las que guíen la mirada de los ciudadanos, sino los hechos y las acciones. El Gobernador deberá reflexionar sobre su agenda de hacer campaña contra congresistas republicanos y recordar que la mayoría republicana es la que le da la mano a PR. En las elecciones de medio término de 2018 conviene que los republicanos mantengan el control del Congreso.

El hecho de que los congresistas puertorriqueños votaran contra la medida presupuestaria, a sabiendas de que perjudicaría a PR, comunica que no es cierto que los demócratas, los hispanos y los puertorriqueños, necesariamente, ponen a PR primero, mientras los republicanos y los WASP (White, Anglo-Saxon and Protestant, es el acrónimo en inglés de “blanco, anglosajón y protestante”) ignoran a los ciudadanos americanos residentes en PR. Ese mito no se sostiene por el peso de los hechos.

La política de identidad que utilizan los demócratas para demonizar a los republicanos, tildándolos de xenófobos y racistas, comienza a revelarse como una táctica sucia para amarrar votos de hispanos y puertorriqueños. Con Trump, todos somos americanos. Los republicanos no promueven la segregación ni el tomar decisiones basadas en cuestiones raciales.

El tema migratorio se atiende como un problema de seguridad nacional y con implicaciones económicas. La asignación de fondos para la recuperación de zonas de desastre se discute como un asunto de emergencia y económico.

Hay que parar con la demagogia y con el abuso de la política de identidad. A PR no le ayudó la agenda de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, de hacer relaciones públicas con el desastre y de provocar división.

Luis Gutiérrez, congresista demócrata por el estado de Illinois, se proyectó como el benefactor de PR y aprovechó la emergencia pos huracán María para atacar a Trump y a los republicanos. Resultó ser un juego político más. A la hora de la verdad, puso los intereses de su partido primero y a PR segundo.

Mientras PR mantenga el estatus político actual y no tenga congresistas con voz y voto, debe entender que los congresistas boricuas residentes en otros estados no tienen la obligación de representarlo. Nydia Velázquez y José Serrano, congresistas demócratas por el estado de New York, pueden ser puertorriqueños, representar a distritos con población hispana y boricua, y afirmar que abogan por los intereses de PR, pero su obligación es representar a sus distritos y a su partido. No es cierto que por ser puertorriqueños tomarán decisiones beneficiosas para PR.

La firma de Trump para un presupuesto que incluye miles de millones asignados de forma directa a PR obliga a que tengamos cuidado con los prejuicios que se construyen a base de mitos y falsedades. El problema no es el WASP ni el congresista boricua. Debemos entender que bajo el estatus actual se está a merced de los intereses de otros estados y partidos. Si queremos que PR tenga representación y mayor poder de cabildeo, la estadidad es la alternativa.

A Trump no podrán echarle la culpa de lo que es obligación de los residentes de PR. Ni el deterioro fiscal, económico y de la infraestructura es su culpa, ni se negó a asignar los fondos necesarios, ni mira para otro lado cuando se administran deficientemente, ni le toca hacer las gestiones para un consenso local que lleve a atender efectivamente el asunto del estatus. Esa es nuestra responsabilidad.