El viernes 3 de noviembre de 2017 el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, enmendó la Declaración de Desastre de Puerto Rico (PR) para reducir el costo de la reparación de la infraestructura cuando se utilizan fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). El gobierno federal costeará el 90% y el gobierno de PR el 10%. Esto se suma a la autorización de la Casa Blanca del 27 de septiembre que ordena cubrir el 100% de los gastos en recogido de escombros y en medidas de emergencia.

La Cámara Baja federal, dominada por republicanos, aprobó una medida para asignar $1000 millones al programa Medicaid para Puerto Rico, por encima de la cantidad solicitada. Los congresistas puertorriqueños José Serrano, de New York, y Jenniffer González, comisionada residente en Washington por PR, propusieron una medida para enmendar el Acta Stafford que permita usar los fondos de FEMA para modernizar la infraestructura de energía eléctrica de PR. Se trata de reconstruir y reestructurar.

Los republicanos y los demócratas en el Congreso y en la Casa Blanca coinciden en que es necesario modernizar la infraestructura de PR y prevenir un desastre equivalente al que provocó el huracán María. Es menos costoso a largo plazo. Prevenir para luego no lamentar parece ser el lema.

Los que atacan a Trump con rumores y frivolidades no le quieren dar crédito por su trato diligente y por su excelente comunicación con el gobierno de PR. Son anti Trump, aunque implique hacer daño a los residentes de PR. Su prioridad es político electoral y no el bienestar de los ciudadanos que residen en el territorio americano. Estos anti trumpers son una minoría que grita mucho y fuerte, pero no representan a la mayoría de los demócratas y republicanos serios que entienden que la emergencia de PR requiere de colaboración.

Hay miles de puertorriqueños que se marchan hacia Florida, y a otros estados, que representan una fuerza electoral. Florida es un estado púrpura o “neutral” que no se inclina en las elecciones presidenciales hacia los republicanos o demócratas de modo definido. Los puertorriqueños podrían cambiar la inclinación política de dicho estado. Está por verse qué aspectos predominan de la idiosincrasia de quienes se establecen. Tal vez domine el lado conservador social o la tendencia a favorecer el gasto público: el puertorriqueño maneja ideas que convergen con el Partido Republicano y otras con el Partido Demócrata.

No hay por qué pensar que la suerte electoral está echada. Los puertorriqueños deberán evaluar las ideas y el desempeño de los partidos y de los candidatos. A Trump no se le juzgará, necesariamente, por los chismes que corran por los pasillos mediáticos, sino por las decisiones concretas que tome para el bienestar de PR y de la Nación.