La noticia sobre supuestas irregularidades en el contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica  (AEE) y Whitefish Energy Holdings es un ejemplo de cómo los rumores, las opiniones, los prejuicios, los supuestos y las conjeturas se convierten en “verdades”, “hechos”, “datos”, “evidencia” y “leyes”. No es necesario demostrar que algo es cierto para que lo sea. Lo importante es que la gente lo crea y lo repita como el papagayo.

Uno de los primeros medios de prensa en iniciar la controversia fue The Weather Channel. Le siguió The Washington Post y otros medios nacionales y estatales. Cuestionaron el modo en que se otorgó el contrato, la experiencia de la compañía, la cantidad de empleados registrados, la cantidad en fondos o tope del contrato ($300 millones), los salarios de los trabajadores subcontratados, entre otros aspectos.

Hasta la fecha, no hay evidencia de delitos ni informes finales sobre las investigaciones en curso que ordenó realizar el Congreso de Estados Unidos (EEUU), el gobierno de Puerto Rico (PR), la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y otras entidades locales. Sin embargo, han desfilado acusaciones sin prueba ni cargos sometidos formalmente. Del festín político se han servido con la cuchara grande la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín, el senador federal, Bernie Sanders, varias figuras del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el gobernador de New York, Andrew Cuomo, los congresistas Luis Gutiérrez y Nydia Velázquez, entre otros demócratas, populares e independentistas identificados con la izquierda. Pasó de ser un proceso de fiscalización a un carnaval político ideológico en el cual participan republicanos anti Trump y “penepés” anti Rosselló.

Muchos se pusieron sus máscaras de regidores morales y comenzaron la marcha de los falsos indignados. Cooptaron las funciones del tribunal mediante un atrecho que no sigue el debido proceso antes de atribuir culpas. Según los autoproclamados verdugos, se debe “nulificar” el contrato, aunque ello implique atrasar los trabajos para restablecer el servicio de energía eléctrica y aunque la deuda pase a manos de la AEE.

En la prensa, hay omisiones sobre las razones para otorgar el contrato a Whitefish. No se reporta con el mismo énfasis que esta corporación compitió y obtuvo el contrato de buena lid, al no exigir un adelanto en millones de dólares y al movilizar con agilidad su equipo y personal. Su logística es efectiva y su trabajo se realiza cumpliendo con metas y fechas acordadas.

Tampoco se destaca que el margen de ganancia no equivale a $300 millones, pues hay muchos gastos operacionales. Ni se menciona que las labores que realiza son asignadas en coordinación con la AEE, de acuerdo a su especialidad y las prioridades del plan para reparar el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica. Cada tarea es evaluada y el contrato tiene un tope que podría aumentar o disminuir de acuerdo a su cumplimiento.

Los trabajadores subcontratados tienen el peritaje y la condición física para realizar maniobras riesgosas. Su salario es mayor al de los empleados de la AEE, porque realizan labores en condiciones extraordinarias, con fechas límites, en otro territorio fuera de su estado, mediante subcontrato, con riesgos de seguridad y es un atractivo para traer a las personas más competentes. Es un error considerar que ser subcontratado equivale a falta de experiencia.

Si bien es cierto que Whitefish se incorporó hace dos años, también lo es que se especializa en situaciones de desastre y devastación, y que se dedica a cazar este tipo de contratos de forma competitiva. Incurre en riesgos, al no solicitar un adelanto, y se expone a evaluaciones rigurosas, como la que enfrenta en PR.

La acusación de un supuesto vínculo entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y una firma que financia las operaciones de Whitefish, HBC Investments, es parte de un juego retórico motivado por opositores políticos. Establecieron un vínculo forzado, porque el fundador de la Firma, Joe Colonnetta, donó a la campaña de Trump durante las primarias presidenciales. Esto no implica que se conozcan, ni que hablaran sobre el contrato de Whitefish, ni que Colonnetta tomara decisiones en la Firma con relación a este asunto, ni que la Casa Blanca o alguien de la actual administración influyera en la firma del contrato, ni que tenga alguna injerencia en los acuerdos a los cuales llega la AEE.

A esta controversia forzada le sacó provecho un grupo de congresistas demócratas y anti Trump, que solicitaron realizar una investigación del Congreso sobre el contrato entre Whitefish y la AEE. Politizaron el asunto para atacar a Trump, al punto que la prensa lo trajo a las conferencias de prensa de la Casa Blanca. No hay ninguna evidencia en contra del Presidente, pero les sirve para demonizarlo. Nada nuevo bajo el sol.

Es razonable fiscalizar y realizar investigaciones que puedan llevar a documentar y evidenciar actos de corrupción, delitos o violaciones a normas éticas. Sin embargo, llegar a conclusiones a priori, basadas solo en suposiciones y rumores, es irresponsable.

Las agendas ocultas de sindicatos que no desean la participación de corporaciones privadas en el restablecimiento de la energía eléctrica, de políticos que desean hacer daño a otros, de medios de prensa con líneas editoriales sesgadas a favor de una ideología o partido y de otros actores interesados en adelantar sus propios intereses, podrían poner en riesgo la recuperación de la infraestructura energética y la asignación de fondos federales. Las finanzas de la AEE están en juego. Se perjudica a los empresarios y residentes a los que les urge se restablezca el servicio de energía. Mientras no haya evidencia de delitos ni cargos radicados, se debe permitir que las reparaciones continúen.

Sin embargo, el gobernador de PR, Ricardo Rosselló, cedió ante la presión; ordenó que la Junta de Gobierno de la AEE cancele el contrato. Esto atrasará las reparaciones y podría tener un costo para la corporación pública. Es una victoria para los difamadores, los que politiquean con la emergencia y los que quieren que Rosselló no logre la meta de restablecer el 95% del servicio de energía eléctrica para el 15 de diciembre de 2017.