Es importante considerar mecanismos locales que permitan adelantar un salario al magisterio puertorriqueño. Esa idea de garantizar un salario, al menos aceptable que permita que la clase magisterial pueda vivir dignamente, es importante ahora que el Senado de Estados Unidos rechazó la propuesta de aumentar el salario mínimo a $15 por hora.

Uno de esos mecanismos parece estar recogido en el Proyecto de la Cámara 513 que propone aumentar el salario mínimo del magisterio en el sector público a $2,700 a partir del 1 de julio de 2021. El proyecto radicado por el representante José Díaz Collazo (del Partido Popular Democrático), plantea este aumento como una forma de “promover [la] retención en el empleo y hacerle justicia salarial ante los sacrificios personales y sus funciones” a las personas a cargo de difundir el pan de la enseñanza en las aulas públicas.

Otra pieza legislativa que propone un salario base de $4,000 mensuales fue radicada por la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (el Proyecto de la Cámara 136 radicado por Denis Márquez Lebrón y el Proyecto del Senado 92 radicado por María de Lourdes Santiago Negrón). Esta medida es más abarcadora porque incluye a toda persona que sea reclutada por el Departamento de Educación de Puerto Rico, el Departamento de Corrección y Rehabilitación y la Administración de Instituciones Juveniles, para ocupar una plaza de maestra.

Las medidas resumidas anteriormente se dirigen a mejorar el salario de las personas maestras en el sector público. Contrario a la legislación vigente sobre la enfermería que contempla un salario mínimo para profesionales de la enfermería que trabajan en el sector privado, en las medidas presentadas hasta el momento se omite cualquier mención sobre el magisterio en el sector privado. Este es un tema que puede tener mayores objeciones toda vez que la reducción en nacimientos y la crisis económica ha provocado el cierre de decenas de escuelas privadas en Puerto Rico.

Aunque se reconoce la existencia de piezas legislativas para mejorar el salario de miles de personas maestras hay algunos escollos que pueden impedir que se logre este importante paso por la vía legislativa. Entre ellos se encuentra:

1. Lentitud en la evaluación de proyectos de ley por parte de la Asamblea Legislativa. Este asunto requiere que desde la Asamblea Legislativa definan de forma más efectiva sus prioridades a corto plazo en temas de importancia para el archipiélago.
2. Posibles objeciones por parte de la Junta de Control Fiscal por tener un impacto sustancial en el presupuesto. Este asunto es medular porque requiere que se atienda tanto las objeciones presupuestarias como las de otro tipo que puedan levantarse por parte del organismo. La propuesta salarial a adoptarse debe establecer un balance entre las expectativas de desarrollo profesional e innovación que son necesarias y el salario adecuado de forma tal que un aumento pequeño no sea interpretado como la vía de incorporarle mayores compromisos al magisterio. Por eso, pudiera ser necesario diferenciar el salario base del salario para aquella persona docente que se le va a requerir otras responsabilidades. La Ley de Carrera Magisterial, por tanto, debería activarse nuevamente para que docentes que estudien más allá del bachillerato, que publiquen investigaciones o que desarrollen nuevos proyectos curriculares reciban los incentivos necesarios.
3. Necesidad de acción colectiva para promover la legislación. Se necesita que haya un proceso coordinado entre distintos grupos magisteriales para llegar a los espacios de toma de decisiones a nivel gubernamental. Promover que maestras y maestros a lo largo de Puerto Rico escriban, llamen y comuniquen a los espacios representativos acerca la importancia de estas medidas es una forma de ejercer la ciudadanía.

Es importante poner en agenda inmediata garantizar un salario digno a las personas maestras en Puerto Rico. Particularmente, es importante que el concepto del magisterio permita que la persona que ejerza la profesión cuente con la suficiente capacidad económica para no tener que estar en dos o tres trabajos, de forma tal que tenga el tiempo para investigar, conocer otras prácticas educativas, escribir sobre los proyectos que desarrollan e innovar. Seguimos pendientes a los próximos pasos sobre este tema que tomen desde los espacios políticos, a ver si logran romper con ese vicio que señalaba Eugenio María de Hostos cuando decía que “no hay peor vicio que el de perder el tiempo de la acción en la palabra“.