La promesa de campaña del presidente de Estados Unidos, Joseph R. Biden, de aumentar el salario mínimo a $15 la hora, ha levantado algunas discusiones en Puerto Rico sobre lo adecuado que puede ser esta medida. Opositores a la medida reclaman el efecto que tendría en pequeños y medianos comerciantes, la posibilidad de despidos, así como un incremento en los costos de los productos.

Por su parte, algunos defensores de esta legislación consideran que ese salario llevaría a que las personas que trabajan tengan una mejor calidad de vida para sus familiares y mayor acceso a recursos de salud, educación, entre otras cosas. Mientras tanto en Puerto Rico parece haber un limbo porque aunque hubo una promesa de campaña de Ricardo Rosselló Nevares en aumentar el salario mínimo eso nunca se materializó. Aunque se pueden identificar tres esfuerzos en esa dirección:

1. Una orden ejecutiva para aumentar a $15 la hora exclusiva para empleados de la industria de la construcción que fueran contratados por el Gobierno de Puerto Rico. Esta orden ejecutiva fue derogada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced.
2. La Ley 137 de 2020, que propone aumentar el salario mínimo a profesionales de la enfermería para el 2023. De llegarse a los términos de la legislación, en el 2023 las enfermeras prácticas sin experiencia entrarían a ganarse el equivalente a $11 la hora.
3. La Ley de Ajuste Salarial para los Miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, Ley 181 de 2019, donde se concedió un aumento de $125 mensuales. A pesar de ser un aumento salarial bajo, hubo diferencias con la Junta de Control Fiscal quien hace poco le dio paso al aumento equivalente de $0.79 por hora.

En el caso del sector magisterial, el último aumento concedido por ley fue en el 2009 donde se proponía originalmente elevar ese salario a $3,000 mensuales. En aquel entonces, solo se logró elevar el salario de $1,500 a $1,750 mensuales. Recientemente los gremios magisteriales, mediante un pleito judicial, lograron que un ajuste salarial que se había hecho a maestras regulares le aplicara al grupo de maestras transitorias. No obstante, el salario establecido en ley, al momento, es de $1,750 mensuales.

Este salario de $1,750 mensuales equivale a un salario de $10.94 la hora si tuvieran una jornada de 40 horas semanales. Demás está decir que antes de las clases en línea esa no era la realidad de miles de maestras que tenían que estar desarrollando materiales educativos, exámenes y comprando equipos y pintura para su salón. Ahora en tiempos de educación en línea, he conversado con maestras y maestros que me explican que su jornada puede exceder las 60 horas semanales.

Ese grupo de profesionales que deben completar, al menos, un grado de bachillerato ni siquiera se ganan hoy en día lo que se propone en el proyecto del presidente de Estados Unidos. Esa realidad es una muy lamentable ya que ejemplifica el orden de prioridades que se le asigna al grupo de maestras y maestros que están llevando el pan de la enseñanza. Y tal parece, que si prevalece el discurso de quienes se oponen a aumentar el salario mínimo, ese será el trato asignado desde la Junta de Control Fiscal.

Le corresponde a la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo cambiar esa realidad para que el salario que reciban no se quede en el mínimo. Un plan educativo de país requiere que nuestras maestras y maestros tengan los recursos económicos para poder tener una mejor calidad de vida que la que tienen actualmente.