Defender el Índice General de Solicitud (IGS) como único criterio de admisión en la Universidad de Puerto Rico (UPR) podía ser novel hace 60 años. Hoy, no obstante, pudiera estar cuestionado con otras aproximaciones que emergen desde el acercamiento cuantitativo.

La idea de usar una fórmula para determinar el acceso a la UPR comenzó a tomar forma entre el 1960 y 1970, aunque se asienta para el 1979 y se revisa en el 1995. Durante esas décadas, Puerto Rico estuvo experimentando un rápido aumento en su población que fue atendido con la construcción de más escuelas, la creación de más unidades de la UPR y una nueva serie de fundamentos para admitir personas a la universidad.

Ese contexto ha cambiado radicalmente. Ahora mismo nos enfrentamos a ese reto demográfico que se menciona como realidad catastrófica en muchas columnas, pero que muy pocos proponen atender desde políticas públicas integrales. Otra situación que se menciona muy poco es que cada vez son más las universidades en Estados Unidos que promueven usar otros métodos de admisión.

Dentro de este escenario, podemos encontrar tres acercamientos a las pruebas estandarizadas. Uno se enfoca en mantenerlas como criterio de admisión sin cambios mayores. Un segundo acercamiento plantea la eliminación total de las pruebas estandarizadas porque la educación debe ser un derecho. Mientras, un tercer acercamiento plantea que las pruebas estandarizadas tienen una función, pero no debe ser el factor determinante a la hora de admitir a estudiantes a las universidades.

Este último acercamiento pudiera estar más cercano a plantear que la función de las pruebas es identificar las áreas que se deben trabajar para que las personas puedan tener éxito en la universidad. Los cuestionamientos a que tus posibilidades de éxito universitario solo dependan de tres criterios numéricos cuatro años antes de terminar el grado de bachillerato parecen ganar adeptos en distintos sectores educativos en distintas partes del mundo, quienes se anclan en nuevas investigaciones educativas.

Las analíticas de aprendizaje y la minería de datos educativos comienzan a posicionarse con un enfoque distinto al criterio de admisión tradicional en la UPR. Desde ese acercamiento, pudiera resultar más prudente que en vez de tener un criterio alto que impida la entrada de personas a la universidad, el gran reto educativo sea identificar los recursos que deben brindarse a sus estudiantes para que tengan éxito. Es decir, de la universidad que le exige a sus estudiantes superar las barreras estructurales de su educación pre-universitaria, a la universidad que asume un rol de atender las limitaciones para permitir un ambiente que potencie el aprendizaje de sus estudiantes.

Un cambio en esta dirección sería profundo para la UPR porque requiere prestar atención a las prácticas educativas y a los retos de sus estudiantes. Este ejercicio de instrospección pudiera representar una transformación del docente que da instrucciones y se jacta de ser el más que sabe, a una persona que diseña procesos que permiten el éxito estudiantil.

Las universidades pueden usar información como las notas parciales, la necesidad económica del estudiante, el acceso a transportación, la cantidad de personas en el núcleo familiar, la tenencia de servicios de internet en su casa, la educación y presencia de la madre o el padre para identificar los apoyos necesarios que promuevan que esa persona tenga éxito futuro en su carrera universitaria.

Claro está, todo esto significa que las instituciones universitarias deben contar con los recursos económicos necesarios para apoyar ese ambiente que potencie a sus estudiantes. Por tanto, aun cuando estemos a favor de replantear los criterios de admisión a la UPR, no debemos olvidar que eso requiere recursos adecuados.

Esos recursos fueron y siguen claves para iniciativas como el Programa de Educación Continua para Adultos (PECA), los programas de TRIO Upward Bound, el Centro para el Desarrollo de Competencias Lingüísticas, el Centro Universitario para el Acceso y los necesarios para que funcione correctamente el mandato de Ley del Pasaporte Postsecundario de Acomodo Razonable (Ley Núm. 250-2012).

Se hace obligatorio financiar a la UPR de forma adecuada para soñar y actuar con otras políticas coherentes de admisión centradas en sus estudiantes. En caso contrario, aunque sean muy buenas y necesarias las ideas del Presidente de la UPR, el Dr. Luis Ángel Ferrao Delgado, sería muy poco el camino que pueda adelantar por la falta de recursos.