La libertad sigue siendo el valor supremo de los seres pensantes.

Los puertorriqueños somos eso mismo: seres pensantes.  Eso nos hace iguales a los norteamericanos que invadieron nuestra isla en 1898 para apoderarse de nuestra tierra y de nuestras voluntades.  Los Estados Unidos no pretendían liberarnos del yugo español sino a someternos al suyo. Nosotros éramos aves de paso y un estorbo inevitable porque ellos lo que querían era la ‘jaula’.

Sin embargo éramos un Pueblo civilizado, uno de ley y orden aunque una colonia al fin. Pero pobre y  con alto porciento de  analfabetas de habla hispana.  Muy pocos conocían y entendían el inglés, la lengua del invasor.

Convencidos de que su riqueza y poderío militar los hacia una civilización superior nos negaron la libertad que ellos disfrutaban desde que se independizaron de Inglaterra y que los puertorriqueños nunca habían conocido bajo el dominio de España. Aunque eran una democracia jamás se les ocurrió establecer en Puerto Rico un sistema de gobierno democrático imponiéndonos un régimen colonial aun más severo y estricto que el de España.

Atendiendo a voces boricuas que clamaban por más autonomía y hasta la independencia, Washington decidió otorgarle a los criollos un facsímil de ciudadanía americana que en nada adelantaba sus derechos de auto determinación. Fue una movida de estrategia militar para asegurarse  la lealtad de los boricuas en los albores de la Primera Guerra Mundial.  Sólo eso y nada más.  Puro interés imperialista.

Los estadoistas, sonando en ser un Estado de la Unión Federal,  vez de exigir su LIBERTAD lo hacen por la IGUALDAD y por eso, al reclamar ayuda federal en una catástrofe como la del huracán María, lo hacen alegando que son ciudadanos americanos cuando bastaría con reclamarla  por ser seres humanos en crisis.

Ricardo Rosselló es un joven estadoista que, como gobernador de Puerto Rico, se ha comprometido con hacer de la colonia el Estado 51 de la Unión Federal.  Se propone una meta que no cuenta con una mayoría ni de los puertorriqueños ni de los ‘americanos’. Afirmar lo contrario es engañarse. Sin embargo, tanto él como la mayoría de los anexionistas establecen como base moral que justifica su pedido la ciudadanía ‘americana’  que, en 1917, le fuera conferida a los puertorriqueños.  Y es que no acaban de entender que esa ciudadanía minusválida no se otorgó pensando en que sería un adelanto hacia la Estadidad para Puerto Rico.  Tampoco pretendía IGUALARNOS a  los  ‘americanos’ .A cien años de la Ley Jones, el congreso federal nunca ha m  ostrado interés alguno en convertir a Puerto Rico en el Estado 51 como tampoco a reconocerle al puertorriqueño IGUALDAD con el ‘americano’.

Pero el gobernador Rosselló tiene manos llenas de problemas domésticos para perder el tiempo pensando en quimeras. Su liderato ha sufrido disminuciones importantes aun dentro de su partido PNP y en su gobierno. El fantasma de Whitefish lo atormenta y lo ha llevado a cometer errores siendo el más reciente el haberle pedido la renuncia a todos los miembros de su gabinete así como también a algunos de sus jefes de agencias.  Desmoralizante tiene que haber sido esa exigencia inmerecida obviándose la acción directa de emplazar a los que han fallado para retirarle su confianza y así despedir a los que merecen ser despedidos.

No obstante, a pesar de sus errores de juventud, hay que felicitar a Ricky por su postura valiente ante la Junta de Control Fiscal defendiendo el derecho de su gobierno a gobernar por mandato del Pueblo en un claro, aunque humilde,  homenaje al valor supremo de la libertad.

En esta variante importante del ‘don’t push it’, Rosselló necesita el respaldo absoluto de las cámaras legislativas de Puerto Rico porque el famoso ‘don’t push it’ de Pedro Rosselló significaba y todavía significa un detente a la INJUSTICIA  del coloniaje que se tipifica en la cláusula territorial de la constitución de los Estados Unidos, una cláusula obviamente INCONSTITUCIONAL pero sancionada ultra vires por una Corte Suprema comprometida con adelantar los planes expansionistas del imperio yanqui en los comienzos del siglo 20.

Las democracias y sus constituciones no pueden sancionar el crimen del colonialismo que se da cuando una nación invade a otra y la convierte en su TERRITORIO usurpándole los derechos de auto determinación a sus habitantes.  Y esa misma definición de inconstitucionalidad le aplica a la Ley Promesa que, en su esencia, vulnera la libertad de los puertorriqueños de gobernarse por sus elegidos.

Esa es la pelea que  Ricky Rosselló tiene que ganar.